El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Parlamento sobre modificaciones al Código del Proceso Penal incluirá la postergación de su aplicación al 1º de noviembre de 2017, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a la diaria.

El tema fue acordado por una comisión interinstitucional que trabaja desde el año pasado en la implementación del código, y que redactó la iniciativa que será enviada en breve al Poder Legislativo. El grueso del texto, sin embargo, no contó con el aval de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Según dijo a la diaria el presidente de este cuerpo, Jorge Chediak, los representantes de la corporación acordaron allí solamente la aprobación de “menos de diez artículos indispensables”, ya que el proyecto que se pretende aprobar implica la prórroga de la puesta en práctica del código. Chediak especificó que del total de los cerca de 40 artículos que tendrá el texto en cuestión, la SCJ sólo acompaña “ocho o nueve”, debido a que la corporación entiende que “no hay que prorrogar el código más allá del 16 de julio”.

Esta postergación que rechaza la SCJ ha sido fuertemente impulsada por el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. El jerarca lo anunció el viernes en una visita a Melo: “La novedad es que se postergará la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal”. Según explicó ese día, el aplazamiento se debió a la necesidad de “realizar algunos ajustes normativos que son necesarios y que van a ingresarse para su tratamiento en el Parlamento nacional la semana próxima”. De no aprobarse estos cambios, podría haber “partidas en falso” en la puesta en funcionamiento del código, advirtió, debido a que es necesario modificar algunos aspectos de otras normas linderas con los cambios que introduce la nueva legislación.

El martes de la semana pasada, durante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, Díaz ya había adelantado que, de ser necesario, se iba a prorrogar la puesta en funcionamiento del código. “Si me dan la opción, quiero empezar bien. Yo sé que desde el punto de vista cultural un mensaje de una prórroga puede ser leído como una cesión ante determinados grupos -sobre todo corporativos- que no quieren que la reforma comience a regir. Precisamente por eso queremos tener la absoluta certeza de que cuando empecemos a funcionar, lo normativo no sea una traba”. Si para ello, agregó, “es necesario trabajar dos o tres meses más, no tengo ningún problema en hacerlo, porque queremos que esto funcione y que funcione bien”.

En la comisión, Díaz detalló el porqué de la necesidad de una prórroga y de que existan nuevas modificaciones al Código del Proceso Penal y a otras normas que están relacionadas con su aplicación: “De acuerdo con la legislación vigente, hoy no podríamos funcionar, porque no se puede tener un proceso acusatorio para adultos y un proceso inquisitivo para adolescentes; no solamente porque es absolutamente incoherente tratar en forma más beneficiosa a los adultos que son acusados de cometer un delito que a los adolescentes, sino porque nos generaría graves dificultades de funcionamiento”, sostuvo el jerarca. Por eso, indicó la necesidad de modificar algunos artículos del código en cuestión, del Código de la Niñez y la Adolescencia, y de otras leyes, como la Orgánica Policial, la de Procedimientos Policiales y la de Judicatura. “Incluso -aunque parezca mentira-, habría que hacer lo propio con algunos artículos relacionados con el estatuto de los fiscales, sobre todo en lo que tiene que ver con los concursos, cuya redacción no está del todo clara”, finalizó.

Se politiza

Así como el debate divide las aguas entre la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, lo mismo ocurre entre la oposición y parte del oficialismo. “Creo honestamente que tiene razón el fiscal y que hay que empezar con la cancha pronta”, dijo el senador frenteamplista Rubén Martínez Huelmo (Espacio 609). Diferente fue lo que expresó la senadora Daniela Payssé (Asamblea Uruguay), que dijo que hasta el momento no hay ningún “planteo oficial” sobre el tema y aseguró que actualmente “las prioridades en el Parlamento son aprobar todo lo que sea necesario para que se eche a andar el Código”. La legisladora dijo que continúa pensando en que el código se implementará el 16 de julio, y sostuvo a título personal que, en la medida en que la implementación del código ese mes fue parte de uno de los acuerdos multipartidarios sobre seguridad, una eventual postergación también debería ser fruto de un acuerdo: “No está bueno que sea una resolución unilateral. Una prórroga no debiera ser con el voto de un solo partido”.

Por su parte, el líder del Partido Independiente, el senador Pablo Mieres, explicó que, como la implementación del código fue parte de los acuerdos multipartidarios, es necesario estudiar la situación con “mucho cuidado”. “Me parece que es cierto que hay que aprobar algunas normas para corregir y evitar que el nuevo código empiece con problemas, pero no menos cierto es que, habiendo acuerdo entre todos los partidos, perfectamente se pueden votar esos cambios antes del 17 de julio”, argumentó el legislador, que observó que la aplicación de la reforma siempre se termina postergando.

En tanto, el senador nacionalista Javier García fue aun más crítico y dijo que el anuncio implica una “enorme frustración”: “Se cumplió un año de cuando fuimos convocados por el presidente para dialogar sobre temas de seguridad. De los cuatro proyectos que acordamos sólo dos fueron aprobados, y ahora resulta que de los dos aprobados uno se va a postergar”.