Tras cinco días de silencio, el Poder Ejecutivo se refirió, por intermedio de su canciller, Rodolfo Nin Novoa, a su ausencia en las audiencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo en Buenos Aires el jueves 25. Según aseguró el jerarca durante la gira que encabeza el presidente Tabaré Vázquez, que ahora se encuentra en Austria, la convocatoria a estas audiencias no estaba destinada al Poder Ejecutivo: “Se le hizo una convocatoria a la Suprema Corte de Justicia, al Parlamento y a las organizaciones sociales. Ambos [organismos estatales] decidieron que no tenían nada que aportar en este caso y no fueron. Al Poder Ejecutivo, no [lo convocaron]”, respondió en una rueda de prensa.

El canciller agregó que “el Estado uruguayo ha dado pruebas fehacientes de lo que le importan los derechos humanos y del respeto a los mismos”, y enumeró: a “la libertad de expresión, de prensa, las posibilidades de oportunidades y de trabajo, el castigo a los culpables a las violaciones de derechos humanos”. “Si algo ha hecho el gobierno uruguayo ha sido preocuparse de este tema”, aseguró.

El coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, expresó su disconformidad con los dichos del canciller, al punto de sostener que sus propias palabras “son una prueba más de lo que nosotros denunciamos”. Dijo que “el Estado uruguayo, en lugar de tener una mirada global de las responsabilidades, que no son de los poderes sino del Estado en su conjunto, tiene una visión balcanizadora” del tema. “No se trata de tirarle el sayo a otro poder. La comparecencia debe ser en representación global del Estado, y no interesa quién tiene que cumplirlo”, agregó Olivera, quien señaló que la visión de Nin Novoa es “equivocada”. Como si fuera poco, recordó que el Estado uruguayo había respondido por escrito a la convocatoria a la audiencia, en una carta que fue leída allí, que, según aseguró, decía: “Aceptamos la invitación”. La carta, dijo, fue firmada por la propia cancillería.

También preocupada por la ausencia del Estado en las audiencias, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) le envió otra carta a la cancillería, en la que le solicita, en un “plazo máximo de cinco días hábiles”, que responda acerca de “los motivos de la no participación de las instituciones del Estado uruguayo involucradas en los asuntos tratados en las citadas audiencias convocadas por la CIDH”. La carta recuerda que “las audiencias temáticas forman parte de las herramientas con las que cuenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y constituyen instancias importantes de diálogo e intercambio”. Además, sostiene que resulta “preocupante” la ausencia de la “institucionalidad estatal de Uruguay” (lo que incluye a “todos los organismos públicos que ejercen el poder del Estado”) en encuentros que “abordan temas de alta importancia para la democracia del país, y que se relacionan directamente con sus obligaciones asumidas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

En opinión de uno de los integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH, Juan Faroppa, las declaraciones de Nin Novoa a la prensa no pueden ser consideradas una respuesta válida para la institución. “Las declaraciones a la prensa son sólo eso. Son importantes, pero una institución no puede manejarse en base a eso. Estamos esperando que nos contesten formalmente lo que se les preguntó formalmente, y no tenemos ningún elemento para pensar que no se nos va a contestar”, dijo.