Los dichos del fiscal Jorge Díaz generaron diferencias sobre el castigo de los delitos económicos

El diputado del Partido Colorado Ope Pasquet pidió la asistencia del fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para aclarar las declaraciones publicadas el domingo por el diario La República. Díaz aseguró a ese medio que el sistema penal es parcialmente selectivo y “los ricos no van presos”. “Eso quiere decir que a las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes, entonces, es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es”, declaró.

El representante colorado dijo a la diaria que las afirmaciones de Díaz son fuertes e injustas. “El Parlamento no legisla con criterio clasista. Lo que ocurre es que los delitos contra la propiedad, como los hurtos y las rapiñas, son muy comunes, los de cuello blanco son mucho más raros”. Para el legislador esa es la razón por la que hay más presos por esos delitos que por estafas o lavado de activos. Además, “en una cárcel se va a ver muchas más personas procesadas por hurto que por homicidio. Eso no es porque el sistema penal de un país capitalista proteja más la propiedad que la integridad física de las personas. Eso es así porque, felizmente, se cometen muchísimos más hurtos que homicidios. Es injusto decir que nuestro sistema protege más a la propiedad que a la vida, el sistema no persigue más a unos que a otros, independientemente de que [las leyes] las hagan los miembros de las clases pudientes o quien sea. Es más fácil robarle un monedero a una señora que pegarle tres tiros”. Luego agregó: “La vida en la cultura occidental nos muestra que nuestro Código Penal no es una rareza, no es exótico. El hurto es más frecuente que la estafa, porque robar es más fácil, mientras que estafar requiere cierta aptitud intelectual. Eso no tiene nada que ver con los legisladores; es la realidad”. Además, sostuvo que las declaraciones de Díaz son arriesgadas, porque “algún distraído puede pensar que se castiga a los pobres y se protege a los ricos”.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA) Alejandro Sánchez dijo a la diaria que, desde el punto de vista conceptual, está de acuerdo con Díaz. “En la legislación uruguaya los delitos económicos están subvaluados”, afirmó. Sánchez aclaró que se refiere a términos conceptuales y no a lo que hacen los legisladores. “En Uruguay los delitos económicos no tienen el mismo tratamiento que los demás, los castigos que tienen son muy blandos. Los Peirano, por ejemplo, se llevaron mucho dinero e incluso hubo muchos suicidios por su causa”, señaló. El diputado dijo que hay un discurso y prácticas judiciales que “buscan criminalizar a los pobres y darles un mayor castigo. ¿Los responsables de Cambio Nelson dónde están? ¿Cuántos años [de pena] les dieron?”, se preguntó el representante del FA.

“Es interesante lo que dice Díaz, porque nos mueve a pensar. Es un debate interesante que nos obliga a discutir nuestra legislación. No creo que esté relacionado con la conformación del Parlamento, tiene que ver con que los delitos que cometen los delincuentes pobres son mucho más penados y más jerarquizados, incluso por la opinión pública, que los de cuello blanco. Hay una idea extendida de que cuando alguien de ‘la sociedad bien’ comete un delito, fue porque cometió un error, pero cuando es una persona pobre, es su forma de vida, su naturaleza. Muchas veces lo hemos escuchado, como en el caso de los menores infractores: ‘Viven así, nunca se van a recuperar, por lo tanto merecen el peor de los castigos’. Esta es una lógica de la que la sociedad se tiene que defender”.

Parlamento obrero

Para Pasquet, aunque el Parlamento “estuviese integrado por obreros y afiliados al PIT-CNT y no hubiera nadie de ningún otro sector social”, no se derogaría el delito de hurto ni el de rapiña. A la hora de discutir quiénes son los que hacen las leyes, el diputado colorado aseguró que no hay que confundir la pertenencia de clase con el nivel de educación: “Puede haber un doctor en medicina que venga de una familia obrera, como es el caso del presidente [Tabaré] Vázquez. Los que no somos marxistas pensamos que eso no determina el modo en el que se actúa”.

Lento, en su edición de febrero de 2015, publicó una nota titulada “Universidad de la Calle”. En el artículo se hace referencia a una investigación, de 2008, hecha por la actual senadora del FA Constanza Moreira. El estudio destaca que, a partir del primer gobierno del FA (2005), asumieron legisladores provenientes de clases asalariadas y de menor nivel educativo que sus antecesores. Además de los doctores en derecho “se incorporaron otras profesiones con otros saberes como profesores, maestros, sociólogos, economistas o politólogos. De todos modos, en Uruguay la educación de los parlamentarios está por encima del promedio educativo de la población”.