“Independencia judicial en Uruguay” es el título de la audiencia que reunirá el jueves 25 de mayo en Buenos Aires a representantes de organizaciones sociales y del Estado uruguayo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionará ese día y escuchará los planteos de organizaciones que reclaman mayor transparencia en el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay.

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Cotidiano Mujer, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y Proderechos, entre otras organizaciones, ya habían presentado una petición al Parlamento en 2014 para cambiar el proceso de selección. Volvieron a presentarla en la legislatura que comenzó en 2015, y en 2016 fueron recibidos por la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General. “Lo que más nos extrañó de la comparecencia es que quienes estaban presentes no formularon ninguna pregunta”, contó a la diaria Marina Morelli, integrante de la organización Mujer Ahora, y agregó que el Parlamento está “rezagado” en este tema.

En enero de 2017, las organizaciones expresaron nuevamente su preocupación por la falta de definición del Parlamento sobre el tema. “La transparencia, la participación ciudadana y la Rendición de Cuentas son pilares fundamentales y confieren sustento a la representación política. Por tanto, resulta inaceptable que el referido proceso se continúe realizando sin cumplir ninguno de estos estándares que hacen a la esencia del sistema republicano y que contribuyen a fortalecer la independencia judicial y la confianza en el sistema de justicia”, denunciaron en un comunicado. Agregaron que la designación de los ministros sigue siendo fruto de “un acuerdo entre partidos políticos con representación parlamentaria, sobre el cual muy poco trasciende”, “a espaldas de la ciudadanía”. Finalmente, instaron a los legisladores a “abandonar una práctica que no se encuentra a la altura del desarrollo democrático del país” y sustituirla “por un proceso de elección transparente, basado en criterios objetivos de evaluación establecidos con antelación, que permitan considerar los talentos y virtudes de quienes aspiren a ocupar cargos en el máximo órgano judicial”. Recordaron asimismo que el procedimiento que sigue hoy el Parlamento “desconoce los estándares y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, que establece que los estados deben promover “procedimientos que sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes”.

En la última sesión de la Comisión de Constitución y Legislación, el 8 de mayo de este año, se informó que se había elaborado un borrador de proyecto de ley que establece un procedimiento de selección de los ministros de la SCJ, pero que faltaba la opinión del Partido Nacional.

Según explicó Morelli, las organizaciones decidieron recurrir a la CIDH porque desde 2014 están realizando el planteo y ya transitaron por “todos los canales”. Apuntó que el procedimiento para cubrir las últimas vacantes de ministros de la SCJ “mostraron que había muy poca voluntad [de los legisladores] de dejar de ejecutar esa práctica de antaño”. “Negociar vacantes en un paquete” resulta “inaceptable”, señaló Morelli. Dijo que el procedimiento de selección “continúa siendo oscuro, no tenemos registros de qué es lo que sucede, no tenemos evaluaciones objetivas de los currículums, méritos y virtudes que nos permita saber el aporte de los candidatos a la Justicia a nivel nacional; ni siquiera sabemos cómo esos nombres llegan a ser propuestos por los partidos políticos, si hay autocandidaturas, si los cabezas de lista salen a buscar jueces, si depende de la vinculación de los jueces con los partidos políticos”, enumeró. Explicó que en este contexto, recurrir al sistema interamericano “es poner en la agenda internacional de los derechos humanos un tema que tiene que ver con la independencia judicial”. “Está en todos los estándares y recomendaciones que el proceso de elección de los cargos en el Poder Judicial debe ser un proceso de elección transparente”, agregó la abogada.

Las organizaciones reclaman que los méritos de los candidatos a ministros sean públicos que los analice una comisión especial después de escuchar a la academia y a la sociedad civil, para luego presentar un informe a la Asamblea General, la que finalmente elige a los ministros. Morelli explicó que para implementar un procedimiento de este tipo no es necesario cambiar la normativa ni disponer de mayores recursos.