El viernes, a diferencia de lo sucedido en las audiencias del jueves, el Estado dio explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). Lo hizo representado por Fernanda Cardona, directora general de secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y Nicolás Cendoya, director de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec). El tema era la demora en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), y fue planteado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), integrada por más de 30 organizaciones vinculadas a la comunicación y los derechos humanos.
La ley de SCA se aprobó en diciembre de 2014. Desde entonces, no sólo no ha sido reglamentada, sino que en los procesos de asignación de frecuencias hubo “retrocesos”, alertaron los representantes de la CCD, Paula Baleato (agencia de comunicación Voz y Vos) y Gabriel Kaplún (Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República).
Baleato recordó el proceso participativo que precedió a la redacción de la norma. Señaló que no sólo el Poder Ejecutivo está en falta por no reglamentar la ley, sino también el Poder Legislativo y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). El primero debió haber designado una comisión parlamentaria para elegir cuatro de los cinco integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), organismo encargado de aplicar la ley, mientras que la segunda debió haber ejercido activamente su rol de defensoría de las audiencias y debió haber elaborado un plan nacional de educación para los medios.
Kaplún remarcó que el Ejecutivo no sólo no designó al presidente del CCA, sino que tampoco designó a la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual, ámbito que canaliza la participación de la sociedad civil, y que tenía opinión preceptiva en la reglamentación de la ley, advirtió el docente e investigador. “La reglamentación estaría pronta sin la participación de la sociedad civil, prevista en la ley”, cuestionó.
El representante de la CCD sostuvo que los procesos de asignación de frecuencias de radio y televisión “lamentablemente están peor que antes de la ley”, porque, al aprobarse la norma e instrumentar nuevos procedimientos, dejó sin efecto procedimientos anteriores y derogó los organismos encargados de resolver sobre la asignación de frecuencias. Esto determinó que quedaran sin definición 11 llamados para la asignación de frecuencias radiales en ciudades del interior realizados en 2013, aseguró Kaplún. A su turno, Cendoya aclaró que en realidad siete llamados permanecen sin definición, porque en los restantes cuatro casos hubo asignaciones.
El representante de Ursec aseguró que comparte la valoración que hizo la CCD respecto de la importancia de la ley de SCA, pero negó que exista una “parálisis”. “La ley tiene plena vigencia, la ley puede y debe ser aplicada, y ha sido aplicada por el gobierno de Uruguay”, aseguró. Agregó que “no puede compartirse” que la creación del CCA sea “imprescindible para la aplicación de la ley”, y alegó “dificultades presupuestales” para “la inversión necesaria para crear un nuevo organismo”. Sostuvo que mientras el CCA no se conforme, la propia ley establece que las competencias del organismo estarán a cargo de la Ursec y de la INDDHH.
Cendoya afirmó en ese sentido que la Ursec adoptó, desde febrero de 2015, 54 resoluciones en las que aplicó directamente la ley, sin necesidad de reglamentación, y que actualmente hay 80 expedientes en trámite que implican su aplicación. Prometió enviar a Washington, donde tiene su sede la CIDH, 105 kilos y 800 gramos de documentación que muestran que “la ley efectivamente se ha aplicado”. También evaluó que el Estado ha sido “exitoso” en la defensa de la ley ante los recursos de inconstitucionalidad presentados por empresas privadas y gremiales de empresarios de la comunicación.
El representante de Ursec justificó la demora en la reglamentación de la ley y señaló que el presidente Tabaré Vázquez no quería “aprobar una reglamentación que decayera inmediatamente por la inaplicación total o parcial del precepto legal”. Respecto de los tiempos de la reglamentación, explicó que en octubre de 2016 se constituyó un grupo de trabajo en el que participaron 16 profesionales. En 19 sesiones de trabajo se redactó un documento inicial de 103 artículos que está a estudio de Presidencia de la República. Se elaboraron también siete proyectos de ley para salvar las inconstitucionalidades de la ley, que serán enviados al Parlamento. “El compromiso del Estado uruguayo con la legalidad y la plena aplicación de todas las normas es completo”, sentenció Cendoya.
Cardona explicó que ya se está “trabajando” en el documento inicial de reglamentación y que “en días, en semanas”, podrá estar pronto el decreto reglamentario.
Todavía analógicos
Tanto la CCD como los comisionados de la CIDH evaluaron positivamente la ley de SCA y cuestionaron al mismo tiempo el fracaso de la transición hacia la televisión digital. Kaplún afirmó que a partir de los llamados públicos realizados en 2013, por el que se otorgaron dos nuevas frecuencias comerciales a VTV y al consorcio Giro –integrado por las cooperativas La Diaria y Demos–, “se produjo un avance bien importante”. Acotó que en ese momento pareció que se iba a producir un cambio en el sector de la televisión, que tiene “una mala tradición de muy alta concentración”, al pasarse de cuatro señales de televisión a 13, contando los canales comunitarios y públicos. Pero actualmente hay sólo una señal pública nueva en televisión abierta, Tevé Ciudad. “Faltaron políticas públicas vigorosas para que efectivamente fuera posible que la televisión digital se desplegara como todos esperábamos”, cuestionó Kaplún. “Creo que aquí hay sobre todo una falta clara del Estado uruguayo, y del gobierno en particular, para asegurar que este proceso avanzara”, agregó.
A su turno, Cardona responsabilizó a los dos nuevos proyectos comerciales, VTV y Consorcio Giro, del fracaso. Dijo que estos dos grupos empresariales “no presentaron en tiempo sus proyectos definitivos para emitir dentro del plazo” y manifestaron su “imposibilidad económica de salir al aire”.
Esta afirmación de la jerarca fue rebatida por el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza. “Es cierto que algunos proyectos fracasaron, pero es cierto también que fracasaron porque no había un ambiente regulatorio propicio para que nuevos actores pudieran competir con actores que vienen trabajando hace 50 años. Para entrar a un nuevo mercado hay obstáculos de mercado, y si no está la regla must carry vigente [establecida en la ley de SCA, que obliga a los canales de televisión por cable a transportar las señales abiertas], si no hay una política pública de promover que la gente adquiera terminales digitales, si no hay definiciones claras de seguridad jurídica, es muy difícil que la gente invierta para que nadie los vea”, sostuvo. Preguntó si habrá un nuevo llamado a operadores digitales, pero no hubo respuesta.
Kaplún agregó que la decisión del gobierno de no fijar la fecha del apagón analógico hizo “imposible” que los nuevos operadores de televisión digital pudieran competir.