El relator especial de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y Medio Ambiente, John Knox, desarrolló la semana pasada su primera misión oficial en Uruguay. El viernes, en conferencia de prensa, compartió sus conclusiones preliminares. Sugirió al gobierno divulgar la información de forma comprensible para toda la población e incorporar la participación pública prontamente y no cuando ya está avanzada la toma de decisiones. Propuso crear la figura de un ombudsman de medioambiente que canalice los reclamos, y emitió una advertencia respecto del decreto que busca impedir los cortes de ruta.

Knox es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Wake Forest de Estados Unidos. Llegó a Uruguay el lunes 24, invitado por el gobierno uruguayo; se reunió con funcionarios, con integrantes de la sociedad civil, con académicos y con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Visitó la cuenca del río Santa Lucía, en donde se reunió con una asociación de mujeres que se dedica a la recuperación de plantas nativas, con productores lácteos que mejoraron el tratamiento de los efluentes, y con voluntarios que han replantado árboles nativos en el embalse de Paso Severino. Publicará sus conclusiones en el correr de este año, y el informe será presentado formalmente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en marzo de 2018.

El relator dijo llevarse una buena impresión del trabajo que están haciendo el gobierno uruguayo y la población en defensa del medioambiente. Valoró que Uruguay es un “ejemplo inspirador sobre cómo un país puede reemplazar los combustibles fósiles perjudiciales por energía renovable”.

Debe mejorar

“El gobierno deberá adoptar medidas afirmativas a efectos de estructurar la información ambiental, de forma de que sea fácilmente comprensible por el público en general, incluso por aquellos más vulnerables a la degradación del medioambiente, como quienes viven en la pobreza”, expresó Knox. Saludó que Uruguay “produce mucha información”, pero apuntó que “podría coordinar mejor la accesibilidad a la información relevante entre las fuentes gubernamentales”, y que el público “debería poder encontrar información comprensible sobre la calidad del agua, tanto para el caso del agua potable como para el caso de los lagos y ríos”. Tal vez estas declaraciones hayan incidido en que el jueves se hiciera una cadena nacional sobre la potabilización de agua en Uruguay. El relator sugirió al gobierno que asegure que el Observatorio Ambiental Nacional que está desarrollando -fue aprobado por ley en 2013 y está siendo implementado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente- “facilite sustantivamente el acceso a la información por parte del público”.

Dijo haber recibido varias inquietudes respecto de que “la participación pública a menudo sucede demasiado tarde en el proceso de toma de decisiones”. Recordó al Estado uruguayo que “la oportunidad para la participación pública debe implicar más que simplemente informar a la población acerca de las decisiones tomadas; debe suceder prontamente para que se pueda incorporar las perspectivas del público a las decisiones finales”. En ese sentido, saludó el proceso participativo que se llevó a cabo para discutir la propuesta del Plan Nacional de Aguas.

Por otra parte, dijo que escuchó reclamos que indican que los mecanismos de denuncia dispuestos por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y otros ministerios “no siempre brindan respuesta y pueden ser confusos para el público”. Entiende que “el gobierno debería considerar la adopción de un mecanismo nuevo y transversal, tal como la creación de la figura del ombudsman del medioambiente, quien contaría con autoridad para recibir todos los reclamos ambientales y asegurar que cada uno sea rápidamente evacuado por intermedio de la institución adecuada”. En su informe final trabajará la idea, pero adelantó que se trataría de un órgano independiente, que no se inscriba en la jurisdicción de ningún ministerio. Puso un ejemplo: “Una de las cosas que vi durante mis visitas es que a veces no se sabe a quién dirigir los reclamos con respecto a los agroquímicos, si es al Ministerio de [Ganadería] Agricultura [y Pesca, MGAP] o al MVOTMA, y a veces suele haber confusión con respecto a qué organismo tiene jurisdicción. Pienso que la figura del ombudsman debería ser independiente de la estructura regulatoria, que pueda responder rápidamente y pudiera referirlo a las agencias administrativas necesarias”. Consultado sobre las tensiones entre el MGAP y el MVOTMA, que reflejan el interés productivo y el ambiental, respondió que “es un problema común en muchos países” y que “la idea es que se solucionen rápidamente y que siempre involucren los derechos humanos de los afectados”. Agregó que “el resultado final de la resolución debe hacerse público, de modo que las personas, en el desarrollo de las políticas ambientales, tengan siempre una voz y sientan que pueden participar en el proceso”.

Knox también recibió las inquietudes por “el potencial mal uso de un decreto recientemente aprobado sobre la obstrucción de carreteras públicas”, que habilita al Ministerio del Interior a recurrir al auxilio de otros organismos públicos para preservar el uso de caminos. Advirtió que “en muchos países se ha utilizado este tipo de medidas como base para restringir protestas ambientales pacíficas”, y dijo que concuerda con la INDDHH en que “las manifestaciones públicas pacíficas son un medio de libertad de expresión y de reunión”. Subrayó que “cualquier reglamentación de estas libertades por parte del Estado es aceptable solamente si es necesaria y contiene objetivos legítimos. Tales medidas nunca debieran resultar en la detención de aquellos que se manifiestan de manera pacífica”.

En cuanto al acceso a la Justicia, observó que Uruguay cuenta con varias herramientas administrativas para hacer cumplir la reglamentación ambiental, pero que se han usado con una frecuencia mucho menor. Destacó que la Fiscalía General de la Nación planee crear una unidad específica para temas de medioambiente, así como el proyecto de ley contra delitos ambientales, que el gobierno envió al Parlamento. Knox dijo que espera que sus recomendaciones sean implementadas completamente.