En la tarde de ayer, el Partido Nacional (PN), comandado por el presidente de su directorio, el senador Luis Alberto Heber, convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa en la sala de ministros del Palacio Legislativo. “Una enorme frustración”, dijo el senador Javier García en la conferencia, al referirse al devenir de los cuatro proyectos de ley relacionados con temas de seguridad que surgieron hace un año durante la negociación multipartidaria que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, convocada por el presidente Tabaré Vázquez. García subrayó que sólo dos de esos cuatro proyectos cuentan con aprobación parlamentaria, y que ya se ha planteado postergar uno de ellos.
García aludía a un proyecto de ley por el que se haría modificaciones al Código del Proceso Penal, con el que Heber dio el puntapié inicial de la conferencia. El presidente del directorio blanco aseguró que en los últimos días el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, afirmó que hay acuerdo de todos los partidos políticos para correr la fecha de puesta en vigencia del nuevo Código. Heber dijo que su partido no dio el visto bueno para esto y que pretende que el 16 julio esté vigente, “como se había pactado en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República”. Aunque señaló que es verdad que el fiscal advirtió de la existencia de problemas, sostuvo que “todos son solucionables en lo que queda de mayo y junio”. “Esto lo planteamos hoy en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, ámbito en el que no solamente el PN no dio su aprobación para correr la fecha de puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, sino que ningún otro partido lo hizo”, aseguró Heber, y subrayó que “con todo respeto al fiscal general de la Nación”, los partidos políticos son los que van a determinar si los pactos acordados tienen que ser postergados.
Por su parte, García dijo que hace un año, en las reuniones en la Torre Ejecutiva, Vázquez le había garantizado que la bancada del Frente Amplio (FA) respaldaría lo que él acordara. El otro proyecto aprobado, señaló García, además del nuevo Código del Proceso Penal, es el de la derogación de las libertades anticipadas, “para que se cumplan efectivamente las penas”. “En virtud de diferencias internas del FA, están trancados en comisión dos de los proyectos que fueron firmados por todos los partidos políticos, con el presidente de la República como garante de los acuerdos: el vinculado a las modificaciones del Código Penal para adultos, con la tipificación del homicidio intencional como no excarcelable, y el agravamiento de penas para aquellos homicidios cuyas víctimas fueran policías, jueces o fiscales. Y esto fue una propuesta del presidente; entonces, el FA no respalda la propuesta de la oposición ni la del presidente”, concluyó García. Agregó que el segundo proyecto, “que también está trancado, debido a diferencias en la bancada del FA”, es el que plantea agravantes en las penas para casos de narcotráfico.
El diputado Pablo Abdala, otro de los presentes en la conferencia, dijo que hasta ahora el PN no ha recibido “argumentos suficientes” que justifiquen una postergación de la vigencia del nuevo Código, y que se ha mencionado la necesitad de hacer un ajuste a la legislación, como “establecer el proceso acusatorio para las causas de menores infractores y derogar la libertad condicional por su presunta incompatibilidad con el nuevo régimen procesal penal”. Abdala considera que se trata de modificaciones que “pertenecen a otra discusión” y que “pueden ser mejoradas con ajustes a la legislación, que no son óbice para que se pueda cumplir con el plazo del 16 de julio”.
Además, Abdala señaló que le parecía importante subrayar que los proyectos de ley que no han sido aprobados tienen que ver con la “ausencia de voluntad política a la hora del cumplimento de los acuerdos”, y agregó que el proyecto sobre el narcotráfico está esperando desde fines del año pasado una oportunidad para ser tratado. Sobre esta última propuesta, recordó que responde “a una iniciativa del Poder Ejecutivo de crear una comisión nacional de combate al narcotráfico”.
Luego Heber señaló: “Quien delinque y reincide en la delincuencia no tiene derecho a la libertad anticipada. Por lo tanto, queremos que eso sea ley vigente, y no que por el nuevo Código del Proceso Penal se derogue esta disposición. Además, queremos que se vote el proyecto de lucha contra el narcotráfico, en el que el Poder Ejecutivo estableció una comisión nacional de cuidado de fronteras; eso hace un año que está esperando para ser tratado en la Cámara de Diputados, pero no hay voluntad política del FA para ello”.
Al final de la conferencia, el asesor en seguridad del PN, Álvaro Garcé, tomó la palabra para agregar un elemento “de carácter histórico”. Subrayó que a esta altura, “la mala situación de la Justicia penal” es una deuda de la democracia, y agregó que en diciembre de 1997 se votó una reforma al Código Penal que iba a empezar a regir al año siguiente, pero que, debido a inconvenientes de “último momento”, al final no entró en vigencia. “El anuncio de la postergación tiene que ser analizado con mucho cuidado, porque los pactos hay que cumplirlos, mucho más cuando involucran derechos y un problema que a esta altura es de política pública. Iniciar un ciclo de postergaciones puede ser un camino muy peligroso”, concluyó el ex candidato a la Intendencia de Montevideo.
