La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGAS) resolvió ayer en asamblea que “en caso de que Petrobras no reponga la garantía” que el Poder Ejecutivo decidió cobrarle “en el plazo determinado”, pasará a “establecer el control obrero sobre las distribuidoras [MontevideoGas y Conecta] a fin de asegurar la continuidad de las empresas y el servicio frente a la caída del contrato de concesión”, según explicó ayer en un comunicado.

Además, se decidió “solicitar al Poder Ejecutivo que determine la intervención del Estado, única forma de darle viabilidad en el largo plazo al servicio público de gas natural”. El sindicato califica la situación del servicio de distribución de gas natural (que está en manos de la empresa brasileña) como “grave” y explica que el no pago del canon anual “llevó a que luego de mucho tiempo se acumulara una deuda” de 6.831.968,29 dólares, lo cual llevó al Poder Ejecutivo a cobrar la garantía. Según el gremio, el monto del depósito que terminó en las arcas del Estado es de 3.000.000 de dólares, lo que “implica que para seguir al frente de la concesión debe reponerse la garantía de igual monto, que nuevamente tampoco alcanzará para cubrir la otra parte de la deuda”. También explica que “al día de hoy” Petrobras, mediante las dos empresas de distribución, “no ha firmado los contratos de compra de gas natural con ANCAP, quien por el acuerdo firmado” con Energía Argentina SA (ENARSA) “es la que importa el fluido a partir de abril de este año”. Esta situación “pone en riesgo la continuidad del suministro, dado que solamente gracias a la buena voluntad” de ANCAP “se sigue con el mismo”.

El integrante de la Comisión Directiva de UAOEGAS Alejandro Acosta explicó a la diaria que si Petrobras “no repone la garantía del contrato con el Estado estaría cayendo la concesión, y ante una situación de indefinición que podría generarse sobre la continuidad o no de Petrobras, estaríamos asumiendo el control de la empresa mediante el mecanismo del control obrero para hacernos cargo de la gestión, y al mismo tiempo estaríamos pidiendo la intervención estatal, porque entendemos que es el Estado el que le puede dar viabilidad a una empresa que quedaría en una situación muy compleja desde el punto de vista jurídico: el contrato de concesión establece con claridad que si no hay garantía depositada, la permisaria no puede continuar al frente”.

Según UAOEGAS, “históricamente” los trabajadores del gas han “defendido la continuidad del servicio”. El gremio señala que en la década de los 70 “los ingleses se retiraron, produciéndose el abandono” del servicio, y “los entonces funcionarios se hicieron cargo de la gestión hasta que se estableció la intervención del Estado en 1973, lo que hizo posible que hoy exista la distribución de gas natural”.

El sindicato también denuncia que no hay contrato firmado “por la negativa” de Petrobras a hacerlo, y que la empresa no cumple con “las inspecciones periódicas de las cañerías establecidas por URSEA [Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua] en su Reglamento de Instalaciones Fijas de Gases Combustibles”. Según UAOEGAS, se pone en riesgo el suministro de gas a 45.000 usuarios en Montevideo, Canelones, Colonia, Paysandú y San José, y también 250 puestos de trabajo, “por una estrategia que parece llevar al retiro de Petrobras”.