Unidad Popular dispuesta a dar una “gran batalla ambiental” contra UPM

En la casa improvisada que los asambleístas de Gualeguaychú instalaron en Arroyo Verde, en tiempos de los cortes de ruta contra la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, hay una foto enmarcada de Delia Villalba. Fue una de las pocas ciudadanas de Río Negro que se opusieron a la instalación de la primera planta de la empresa finlandesa, y a la postre fue la candidata de Unidad Popular (UP) a la vicepresidencia de la República, en 2009. “Delia Villalba” fue el nombre del VII Encuentro Nacional de Militantes de UP que aprobó este sábado en Montevideo una declaración final y un documento político que, precisamente, alerta sobre las consecuencias que tendría una segunda pastera de UPM para el país.

Gonzalo Abella, integrante del Coordinador Nacional de UP, explicó a la diaria que en el encuentro de militantes, que es la máxima instancia resolutiva del partido, se aprobaron planes de trabajo a desarrollar en el Parlamento y para la movilización social, y se acordó impulsar “una gran batalla ambiental contra UPM”.

Abella advirtió de que una eventual segunda planta de celulosa “va a destruir” el río Negro y va a “tapar de monocultivo forestal zonas que podrían ser aptas para cultivos de alimentación”, lo que puede traer aparejado un problema de “soberanía alimentaria”. “Con este monstruo de UPM 2, toda esa zona preciosa de campos naturales al sur de Tacuarembó va a quedar tapada de árboles”, cuestionó el dirigente.

El documento político aprobado el sábado por UP sostiene que se trata de “una industria contaminante, que afectará al río Negro, a la que el gobierno apuesta sus cartas para salvar los números de la macroeconomía de [el ministro de Economía y Finanzas, Danilo] Astori, y que en los hechos profundizará la dependencia y el endeudamiento del país, consolidando el monocultivo forestal y causando nuevamente la desaparición de más pequeños y medianos productores agropecuarios”. “En contra de estos emprendimientos, resulta vital acompañar y promover las luchas en defensa del agua y el medio ambiente en general”, se señala en el texto. Abella explicó que el papel de su partido en la movilización contra UPM será “apoyar” lo que hagan “los movimientos sociales y ambientales”.

La Asamblea Permanente en Defensa de la Tierra ya se posicionó el año pasado contra la instalación de una segunda pastera de UPM. En octubre realizaron una movilización en el callejón de la Universidad para alertar sobre las “consecuencias graves” que tendría para el país la instalación de una planta de celulosa sobre el río Negro, “nuestro mayor caudal de agua”, lo que a juicio del movimiento “multiplicará los daños que hoy sufre nuestro acuífero, aumentando la contaminación y ampliando el monocultivo forestal en perjuicio de la producción social”.

Privatización y corrupción

En su declaración final tras el encuentro, UP alerta por el “empuje de las causas privatizadoras y del capital extranjero”. En ese marco ubican los proyectos de participación público-privada (PPP) en el Hospital de Clínicas, en el ferrocarril y en la producción de pórtland. Sostienen que “los escándalos financieros y de corrupción” del gobierno del Frente Amplio -entre los que incluyen a ANCAP, al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y a la regasificadora- “generan un gran impacto en la economía y en la vida de los uruguayos”, y que “miles de uruguayos perdieron su trabajo por los cierres de fábricas en el sector lácteo, automotriz, papelero, textil”. En el documento político, también aprobado el sábado, UP asegura que la “crisis económica” ha llevado al gobierno a la “desesperación por los TLC [tratados de libre comercio], las PPP, UPM 2, etcétera, que lo ha llevado a viajes permanentes, con grandes delegaciones de empresarios que incluyen a dirigentes sindicales oportunistas”.

El partido denuncia también un “proceso de endeudamiento externo sin precedentes y de entrega de la soberanía nacional que nos impone nuevas plantas de celulosa, que liquida el medio ambiente, y produce una apropiación de la tierra que pasa a manos de grandes capitales extranjeros”. “Todo ello, mientras la lechería y pequeños tambos desaparecen, engrosando la desaparición de muchas pequeñas empresas que se vinculan con el sector, acentuando el proceso de concentración de la producción en grandes productores, en el marco de un gran endeudamiento del sector”, agrega la declaración.

En el documento político, UP se manifiesta de acuerdo con la reforma de la Caja Militar para “quitar los privilegios heredados de la dictadura militar, pero sin lesionar los intereses de la tropa con salarios y jubilaciones sumergidas”, y reclama que los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura dejen de cobrar sus beneficios jubilatorios.

UP también denuncia la “impunidad que genera la política global que impone el gobierno”, al no registrarse avances en la búsqueda de verdad y justicia. Finalmente, la declaración expresa la “más alta solidaridad con el gobierno y el pueblo de la heroica República Bolivariana de Venezuela, que hoy enfrenta el embate del Comando Sur de los Estados Unidos y de la OEA [Organización de los Estados Americanos], que con Almagro se pliega a los intereses imperiales”.

En cuanto a su política de alianzas, UP pretende captar el “amplio descontento” del “cuerpo social” con la política del gobierno, mediante alianzas “amplias” con frenteamplistas, “personalidades y grupos de los partidos tradicionales”, y personas sin militancia política.