Valeria Sequeira, una muchacha que vivía en el refugio de la Intendencia de Salto, realizó una denuncia penal contra el intendente Andrés Lima, la directora de la Unidad de Género y Generaciones, Nelly Rodríguez, y el director de Salud e Higiene, Juan Pablo Cesio, alegando que la quisieron echar del refugio. La denuncia, a la que pudo acceder la diaria, dice que Sequeira vive en el refugio desde el 9 de noviembre de 2016. Allí le daban alimentos, “todo lo relativo a la higiene” y lugar para dormir. Sequeira denuncia que en diciembre, los directores y el intendente le “retiraron la alimentación”, aduciendo que “ya no tenía que estar ahí”, porque se le había “vencido el plazo”. “Los responsables de contralor se presentaban en mi dormitorio para tratar de que me retirara de dicho hogar, sin contar que no tengo un lugar donde vivir de acuerdo a la situación por la cual entré. Además, no hay agua en el refugio debido, la cual cortaron”, señaló Sequeira en el texto.

En el tercer punto de la denuncia, Sequeira destaca que está enferma y en tratamiento, “debido a la gran angustia y estrés emocional vivido en este tiempo en el refugio, a consecuencia de los hostigamientos y presiones recibidas. Los médicos consideraron que ello afectó considerablemente mi salud (tengo un tumor)”. En el cuarto punto se agrega que se han hecho denuncias “en reiteradas oportunidades” en la Seccional 5ª. La primera fue el 24 de diciembre, “en la cual el juez de feria intimó al Mides [Ministerio de Desarrollo] a que la asistieran, cosa que aún no ha sucedido”.

Nelly Rodríguez dijo a la diaria que no va dar ninguna declaración sobre el tema “porque está en el ámbito de la Justicia”. Al mencionarle la denuncia de la quita de los alimentos, Rodríguez expresó: “Ella que diga lo que quiera, pero la Justicia falló a favor de la intendencia. Hay una sentencia de desalojo”.

El secretario general de la Intendencia de Salto, Fabián Bochia, dijo a la diaria que a Sequeira se le dio alojamiento, y luego del plazo se tenía que ir, ya que es un “hogar transitorio”. Como luego de que fuera notificada ella se negó a irse, pasaron el caso a la Justicia. Bochia agregó que el tema se está “usando políticamente”, porque a Sequeira la patrocinan “abogados implicados en el Partido Colorado”.

la diaria logró comunicarse con Marcela Panizza, abogada de la Intendencia de Salto, que explicó que, al principio, Sequeira “se presentó como víctima de violencia doméstica”, pero resultó ser “un engaño”, ya que, según Panizza, “después se comprobó que no había sido así, porque estudiamos los expedientes civiles, en [el Juzgado] de Familia, de los cuales surgía, por varias pruebas -incluso pericias psicológicas y forenses-, que en realidad la violenta y la que cometía las agresiones contra su hija era ella”.

“Una vez constatada esa situación, se promovió un desalojo contra esta señora, porque no reunía las condiciones necesarias para estar en el hogar. No era el perfil de usuario. También se había vencido el plazo, porque en principio se la acogió por 30 días, tampoco era que se quedara a vivir ahí; fue un auxilio para sacarla de una situación de apremio, y en esos días ella debía resolver su situación. Una vez terminado ese plazo, tenía que irse y organizarse”, señaló Panizza, y agregó que no tiene “ningún conocimiento” de la denuncia realizada por Sequeira y que “no se le retiró nada y sigue utilizando los servicios del hogar”. la diaria accedió a los expedientes judiciales que habrían “comprobado” que la situación de Sequeira era la contraria a la que había relatado a la intendencia. Un decreto judicial del 23 de diciembre de 2016 dice: “Se verifica entonces una hipótesis de violencia doméstica del tipo emocional o psicológica desplegada por Sequeira a través de conductas de manipulación y maltrato en perjuicio de su madre y de su hija, de las que se desprende que las condiciones del hogar con la presencia de la madre no es conveniente para la niña ni para los demás integrantes del grupo familiar”. El decreto finaliza diciendo que a Sequeira se le mantiene la “prohibición de acercarse, comunicarse por cualquier medio y relacionarse” con su madre y con su hija.

En contacto con la diaria, Sequeira dijo que entró al hogar con un acuerdo por 30 días, “porque en verdad es transitorio”, pero que desde la intendencia le dijeron que le iban a dar capacitaciones para insertarse laboralmente y la iban a ubicar en otro lugar, en caso de que persistiera la prohibición de vivir en la casa de sus padres. Pero como “la audiencia se suspendió”, según Sequeira, empezó “un hostigamiento” para que ella se fuera del refugio.

“La intendencia empezó a mandarme intimaciones de desalojo cada dos días. Los funcionarios empezaron a entrar a mi dormitorio, violando mi privacidad, para que me fuera”, dijo Sequeira, y agregó que estuvo internada y no la pudieron operar porque le “salió mal el electrocardiograma, de tanta angustia y estrés”. Además, contó que cuando volvió al hogar, “con las defensas bajas”, como consta en la denuncia formal, le cortaron el agua.

Sequeira aseguró que el contenido del decreto en el que se basó la intendencia, del 23 de diciembre, fue producto de que “hablaron y presionaron a la jueza”, la doctora Raquel Gini, que es “conocida y trabaja junto” con Nelly Rodríguez, que “la llamaba a cada rato por el celular”.

“Ellos hicieron un informe con una psicóloga y comprobaron que hay violencia de mi madre hacia mí, pero esos informes los empezaron a borrar de los archivos. Malinterpretaron a su antojo para desalojar”, expresó Sequeira, y subrayó que hay testigos de que su madre dijo que quiere quedarse con su hija hasta morirse.

“Fue adueñándose de mi hija, y como tiene la tenencia provisoria porque yo trabajaba y viajaba, más una denuncia que ella misma hizo al 911 de que soy una madre violenta, ahí empezó todo eso. El equipo técnico consta que la señora violenta era mi madre conmigo. Ellos borraron ese archivo”, señaló Sequeira.