La negociación bipartita entre la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) y la Universidad de la República avanzó hasta el 4 de mayo, cuando ambas partes llegaron a un preacuerdo sobre instancias de negociación colectiva en los servicios, aspectos de salud laboral, concursos de ascenso, y aspectos sobre acoso y discriminación. La bipartita debería haber continuado con otros aspectos de negociación colectiva, pero AFFUR tomó la resolución de declarar persona no grata a Gustavo Giachetto, el prorrector de Gestión Administrativa y quien encabeza la delegación de la Udelar en las negociaciones, y se niega a continuar negociando con él. Según un comunicado de AFFUR, con el prorrector hubo “problemas de relacionamiento” que “inciden en la construcción de un ambiente propicio al diálogo para la negociación”. Añaden su preocupación por “varias situaciones de persecución sindical, especialmente las sufridas por una integrante del Secretariado Ejecutivo de la Federación”.

Daniel Olivera, secretario general de AFFUR, explicó a la diaria que el prorrector ejerció “un permanente enfrentamiento en diversos ámbitos a la compañera, llamadas telefónicas en tono inadecuado respecto de lo que es el relacionamiento entre dirigentes y autoridades”, y añadió que, como la dirigente depende funcionalmente de Giachetto, “también hubo planteos funcionales, como solicitar informes de actuación o cuestionar la [no] permanencia en el lugar de trabajo, cuando tenemos una ley de fueros sindicales que nos habilita a participar en actividades sindicales”. AFFUR afirma en su comunicado que no es su “pretensión incidir en el nombramiento o destitución de ninguna autoridad”, pero reivindican su derecho a negarse a sentar “a una mesa con quien ha saboteado permanentemente la negociación y atacado los fueros sindicales”, a la vez que destacan que los acuerdos logrados fueron “con la intervención” del rector.

La noticia llegó el día en el que el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar iba a poner en discusión aprobar el preacuerdo con los funcionarios agremiados, y ese mismo día AFFUR hizo un paro de 24 horas con ocupación de las oficinas centrales. Durante la sesión del CDC, varios decanos manifestaron sus dudas respecto de aprobar el preacuerdo ese día, dadas las medidas que había tomado AFFUR. El propio rector, Roberto Markarian, fue crítico con el accionar gremial, y explicó lo que a su entender fue “la piedra del escándalo”, en referencia a la presentación por parte de Giachetto de un informe sobre el Instituto de Capacitación y Formación (ICF). Recordó que él mismo le pidió el informe al prorrector, y que el CDC resolvió “abrir un espacio de diálogo sobre su contenido; espacio de diálogo que está abierto y está contenido en las discusiones bipartitas. Se tomó una medida por las dudas, cuando el cuerpo no tiene ningún pronunciamiento y cuando no hay ninguna opinión final dada por ningún organismo ni por ninguna persona sobre el asunto”. “Que ante planteos de ese tipo se hagan medidas del tenor que se han tomado, creo que realmente no corresponde”, añadió.

Según Olivera, la presentación del informe sobre el ICF“ generó una inquietud muy grande” entre los funcionarios, y “se planteó que se trasladara eso a la negociación colectiva, porque la capacitación es materia de negociación colectiva”.

Sobre la declaración de persona no grata a Giachetto, Markarian opinó en la sesión: “Se nos quiere establecer quiénes son los interlocutores, cuando este cuerpo y este rector, que somos los que tenemos diálogos de algún tipo, aceptamos los interlocutores que se nos presentan y no hacemos cuestión de estilo, de modos, de otra cantidad de cosas que son subsidiarias con relación a los objetivos principales; creo que no corresponde aceptar ese tipo de condicionamientos”. Varios decanos manifestaron su respaldo a la delegación de la Udelar que participaba en la negociación, lo que se votó por unanimidad, y pese a los reparos con la actitud de AFFUR, finalmente el preacuerdo fue aprobado por unanimidad.

Según transmitió Olivera, el 31 de mayo, en una reunión de ambas partes con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los funcionarios hicieron la denuncia ante el organismo por persecución sindical y, hasta el momento, la negociación colectiva sigue detenida.