El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INI- SA) cumplió un año de existencia como servicio descentralizado, en sustitución del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa, que estaba dentro de la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU). Para conmemorarlo, el INISA hizo ayer una exposición y una muestra del resultado de los talleres en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Con una importante custodia a su alrededor, adolescentes que están recluidos en centros del INISA –varones y mujeres– mostraron con mucho entusiasmo sus trabajos: productos de granja –yogures, por ejemplo, del tambo que hay en la Colonia Berro–, utensilios y piezas de cerámica, música producida en los talleres de hip hop y reggaeton, y hasta cortes de pelo.
Gabriela Fulco, presidenta de INISA –que en 2015 había asumido la jefatura del Sirpa–, explicó en una ronda de prensa que actualmente todos los adolescentes hacen tareas socioeducativas. “Hemos definido a la educación como el centro de los programas de rehabilitación, porque están en una edad entre los 13 y los 17 años: lo que están haciendo es terminar la educación secundaria, y si no la terminaron, están empezándola”, comentó Fulco. Agregó que el mes pasado terminaron de hacerse las elecciones en todos los centros del INISA, y que ahora cada uno tiene un delegado. “Todo el sistema hoy está representado por sus delegados. Estos delegados van a tener una oficina propia, van a ser el puente entre el resto de los jóvenes, el Directorio y la junta de tratamiento de cada centro para traer iniciativas, y también para llevar la voz de algunas decisiones que se toman”, dijo.
Tolerancia cero
Fulco agregó que el INISA está intentando, además, integrar a las familias de los chiquilines, y aseguró tener “tolerancia cero a cualquier forma de violencia”. “Puedo decir tranquilamente que a esta altura hemos eliminado el maltrato físico en el sistema”, arriesgó, aunque reconoció que “todavía hay que profesionalizar la carrera, hay que hacer muchos talleres, mucho trabajo para que aquellas cuestiones que tienen que ver con la violencia psicológica dejen de ocurrir; eso va a llevar un tiempo, porque es un cambio cultural en la institución”.
Transmitió la apertura de las autoridades para “abrir el sistema a veedores externos”, comentó que a los centros ingresan integrantes de la sociedad civil y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y que hay una línea de denuncias por medio del correo electrónico [email protected], entre otras vías, “porque no podemos estar mirando todo el sistema permanentemente, pero mediante los equipos de seguridad y los programas que se están fortaleciendo está la oportunidad no sólo para ver alguna irregularidad sino para que algún joven se acerque a alguna de todas estas personas que están hoy adentro y puedan contar lo que les pasa”.
Mientras Fulco hablaba adentro con la prensa, afuera se manifestaban los funcionarios, integrantes del Sindicato Único de INAU. Se movilizaron en las afueras del anexo del Palacio Legislativo, y repartieron volantes en los que enumeraron los resultados de este primer año del INISA, desde su perspectiva: “Cientos de trabajadores lastimados. Decenas de adolescentes heridos producto de las reyertas entre ellos. Varios intentos de autoeliminación en adolescentes, tres de ellos con resultado de muerte. Desmantelamiento de los programas de inserción tanto educativa como laboral. Fugas, motines, toma de rehenes y desmanes generalizados. Improvisación y cambios continuos de direcciones y coordinaciones. Mezcla de perfiles de adolescentes en un mismo servicio. Militarización del sistema. Precarización laboral”.
Consultada por la prensa respecto de los funcionarios, Fulco respondió: “Nos preocupan muchísimo las condiciones de trabajo de los funcionarios; hemos creado un servicio de salud ocupacional, hay programas para la atención de los funcionarios, estamos dando talleres de especialización y tratando de que ellos remonten los estudios que han dejado, porque muchos no han culminado el ciclo básico y necesitamos gente mejor capacitada: tendríamos que tener un nivel de bachillerato completo para trabajar con jóvenes privados de libertad, más una especialización”. Anunció que el INISA piensa crear una escuela, y aseguró que se continuará trabajando para mejorar “el bienestar de los funcionarios, porque es un campo que tiene mucho desgaste”, tanto físico como emocional.
Alternativas
Al igual que hace un año, Fulco reiteró que el objetivo del INISA es que la privación de libertad sea el último recurso; ahora hay 467 adolescentes presos, y señaló un descenso, puesto que el promedio de los últimos años fue de 500.
Para cumplir con la recomendación de los organismos internacionales de desarrollar penas alternativas a la prisión, Fulco comentó que se conformó una comisión –integrada por dos jueces de menores, un fiscal, representantes de la sociedad civil, de la Defensoría, de INISA y con una consultoría internacional de UNICEF– y que el 15 de diciembre presentará un protocolo del modelo de la gestión de medidas no privativas de libertad. “Esto nos va a permitir ir en el camino de descongestionamiento del sistema y poder aprovechar más los escasos recursos que tenemos por ahora”.
Sobre los jóvenes de 19 a 22 años internados en el INISA cumpliendo penas que no habían completado antes de cumplir la mayoría de edad, Fulco dijo que se trabaja en una norma “para impedir que los jóvenes que han transitado por el sistema penitenciario adulto” reingresen a centros del INISA.
