Andrés Pereira tenía 16 años en febrero de 2014, cuando concurrió a un campamento del Nuevo Partido Comunista (NPC), en Punta Espinillo, Montevideo. Los padres no volvieron a saber de él y, pese a rastrear todas las llamadas y falsas alarmas que recibieron, nunca volvieron a verlo. Más de tres años después, el martes 13 de junio, su cuerpo fue hallado próximo al camping de Punta Espinillo. Esta semana la pericia forense confirmó que había fallecido en la fecha del campamento, derribando todas las versiones de personas que aseguraban haber visto a Pereira meses después, algunas de las cuales fueron reproducidas por el NPC. Entre quienes sostenían esas versiones estaba Marcelo Sánchez, secretario general de este sector político, que la semana pasada declaró a varios medios de prensa que al menos hasta el 8 de agosto de 2014 Andrés estaba vivo, porque eso habían atestiguado personas ante la Justicia.

La pericia forense confirmó, además, que el adolescente había sido golpeado fuertemente en el cráneo y tenía hasta quebraduras de huesos; aunque no pudo precisarse que esa haya sido la causa de la muerte, se confirmó que el joven sufrió violencia física. Los padres de Andrés tenían información de que había sido golpeado durante el campamento, pero esa información había sido negada y minimizada por Sánchez, que también puso en duda que el cuerpo hubiera estado siempre allí, como ahora parece indicarlo la pericia forense.

Con el informe forense, la jueza del caso, María Noel Odriozola, y el fiscal, Enrique Rodríguez, volvieron a tomar testimonios. Fuentes judiciales confirmaron a la diaria que testigos que habían asegurado haberlo visto luego de su desaparición reconocieron ante la Justicia que habían mentido, y que lo habían hecho porque tenían miedo, porque habían sido presionados y porque hay “gente muy pesada en el tema”. Esos testigos habían participado en el campamento. La Justicia continuará con los interrogatorios “esperando que gente que si bien estuvo ahí pero no participó directamente en la golpiza diga la verdad”, explicó la fuente judicial. Si es necesario, se va a interrumpir la feria judicial para hacer más audiencias. No se harán careos, justamente por la amenaza que sienten los testigos, pero sí se confrontarán los testimonios de unos y otros.

Mario Layera, director nacional de la Policía, declaró ayer: “La parte forense va a tener que establecer si hay indicios de muerte violenta para que entremos a revisar lo que ya hicimos”. Consultado por la diaria, el abogado de la familia, Juan Fagúndez, se mostró conforme con las palabras de Layera, pero más que usar el verbo “revisar”, dijo que es necesario “reconstruir absolutamente toda la investigación, ahora con un sujeto que está muerto”. Además observó: “Cuando no tenés certeza de lo que pasó, las investigaciones son muy difíciles, [la situación] ahora cambia absolutamente”. Consultado sobre el accionar de la Policía y de la Justicia durante estos tres años, Fagúndez comentó: “Cuando tenés una persona desaparecida esperás que pase algo, entonces las investigaciones alternan empujes y bajos. Creo que a partir de ahora tienen que trabajar respecto de una muerte violenta, acercando este resultado a los indicios y tratando de construir la verdad con las pruebas que hay y con los testimonios que tendrían que encontrar ahora, en base a las personas que declararon en contradicción con lo que ahora se sabe”.