“¿Son suficientes los mecanismos procesales para acceder a la Justicia?”, preguntó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Pablo de Greiff a la representación de Uruguay en el quinto informe del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de dicha organización y que se inició ayer y finaliza hoy en Ginebra, Suiza. El experto colombiano en justicia transicional formuló tres críticas en ese sentido: por un lado cuestionó que el juicio de amparo sea individual, lo que como consecuencia impide participar a organizaciones de la sociedad civil y, por último, que el amparo sea contra ciertas acciones administrativas del Estado y no frente a otras instancias del poder público.

El relator preguntó a la delegación si había intenciones de modificar esta regulación para permitir un acceso más amplio a la justicia y así garantizar los derechos de la población, interrogó acerca de la protección a los discapacitados y planteó la inquietud relacionada con la existencia de una ley general contra todas las formas de discriminación.

Estas observaciones e interrogantes del experto se realizaron ante la delegación de Uruguay que se presentó ante 18 especialistas de la ONU y que son relatores especiales del comité en las temáticas que están incluidas en los artículos del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y que entró en vigor en enero de 1976. Las preguntas de los especialistas fueron durante el 61º período de sesiones del comité, que vigila el cumplimiento de los contenidos del Pacto.

La representación uruguaya estuvo integrada por el embajador permanente ante la ONU, Ricardo González Arena; Alejandra Costa, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia; Fernando Tovagliare, representante del Poder Judicial; Laura Motta, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; Federico Graña, director nacional de Políticas Socioculturales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.

Acciones contra la discriminación

En esta comparecencia, los delegados respondieron preguntas de los expertos que iban desde el funcionamiento de la Justicia, la descentralización en la educación, la inclusión social de las minorías. En este aspecto enumeró la situación de los afrodescendientes, el empleo juvenil, los derechos de los inmigrantes, tanto de los uruguayos que retornan como de la nueva oleada de inmigración regional que vive Uruguay desde hace unos años, la brecha salarial entre los sexos y la perspectiva de género, la protección social de los trabajadores independientes, el acoso sexual en el ámbito laboral, y el respeto del derecho de pertenecer a una asociación sindical.

Posteriormente, al cuestionamiento de De Grieff respecto de las características del juicio de amparo, otro de los expertos abordó el tema de la Comisión Honoraria contra toda forma de discriminación, preguntándose si esta y sus escasos recursos eran suficientes para combatir y mitigar las situaciones de desigualdad de derechos para algunas minorías.

Ante las primeras preguntas, la delegación informó de la puesta en marcha mediante la Ley 18.446, de diciembre de 2008, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el avance de los programas de datos estadísticos relacionado con los derechos económicos, la aprobación de legislación orientada a las personas con discapacidad, la normativa para estimular una mayor integración de las personas afrodescendientes en el área de la educación y el empleo, acciones que aún “no alcanzan para cubrir toda la brecha existente”. De todos modos, Tovagliare aseguró que las recomendaciones del Comité del Pacto son un marco de referencia a la hora de establecer políticas sociales públicas en el país.

Alta desigualdad afrodescendiente

Mientras tanto, Villarreal acotó que en la última década se ha propuesto una normativa para reducir las desigualdades históricas que tiene Uruguay. En estos últimos diez años, el país se ha enfocado en la visibilización de estos problemas, tomando iniciativas para abatir no sólo a futuro sino en el presente estas desigualdades e inequidades, lo que posibilita que distintos colectivos puedan estar en igualdad de oportunidades. “Es cierto que hay un proceso, pero aún la desigualdad afrodescendiente es alta y se requerirá tiempo para solucionarla”, subrayó. Se mencionó la ley que establece un determinado cupo para población afrodescendiente en las convocatorias para cargos públicos.

Villarreal señaló que en estos diez años se ha implementado una serie de reformas estructurales. Por un lado, la reforma impositiva, que ha permitido, después de 50 años, obtener recursos genuinos que posibilitan desarrollar políticas públicas sociales; también la reforma de la salud, que incluyó a toda la población en un Sistema Nacional Integrado de Salud, y una reforma educativa que posibilita la inclusión presente y futura. “Los ministros de las distintas áreas tienen la convicción de que están cumpliendo con el Pacto y las políticas públicas están implementando una estrategia de desarrollo que componen acciones económicas, sociales y culturales”, resaltó.

Graña respondió al cuestionamiento de los expertos señalando que el Pacto se cumple con la aprobación de la Ley de Empleo Juvenil para incluir a ese sector de la población y que es el que más padece las dificultades a la hora de acceder a un empleo, la Ley de Matrimonio Igualitario y las acciones adoptadas para darle cabida con dignidad a los uruguayos que estaban en el exterior y que, a partir de la crisis en 2010 de los países en desarrollo, volvieron a Uruguay. En ese sentido destacó la creación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de una oficina especial para atender las necesidades de los retornados. También se abordaron las medidas que está tomando Uruguay para recibir e incluir a los miles de migrantes de la región que han llegado en los últimos años.

Los representantes de Uruguay también respondieron inquietudes vinculadas con la protección de las personas con discapacidad y sus derechos laborales y sociales, además de las inquietudes por la brecha salarial entre hombres y mujeres. Asimismo, enmarcado en lo laboral, los relatores preguntaron acerca de la cobertura de seguridad social para los trabajadores independientes. Goyeneche señaló las acciones que se llevan adelante en los casos de acoso sexual laboral y en la perspectiva de género, al tiempo que Tovagliare resaltó la justicia gratuita y la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, que próximamente entrará en vigor en el país.

En el tramo final de la presentación, el belga Olivier de Schutter, relator especial sobre el derecho a la alimentación, reconoció al Estado uruguayo por su triunfo en el juicio que le realizó la tabacalera Philip Morris International y cuyo litigio se extendió por varios años.