La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados volvió ayer a tratar el proyecto de ley de salud mental, aprobado por el Senado en octubre de 2016. El 9 de mayo, la comisión había iniciado un impasse en el tratamiento del tema, a pedido del diputado Gerardo Núñez (Frente Amplio, FA), quien propuso abrir una instancia de diálogo con la bancada de diputados del FA para estudiar la posibilidad de modificar el proyecto. La comisión iba a definir ayer si hacía lugar a una moción presentada por Edgardo Mier, diputado del Partido Nacional (PN), de votar el proyecto tal como había sido aprobado por el Senado. La definición se postergó para hoy, explicó a la diaria Martín Lema (PN), porque la comisión recibió ayer a varias delegaciones, entre ellas la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

Sí hubo definiciones, de mañana, fuera de la comisión: el diputado Núñez dijo a la diaria que la bancada de diputados del FA resolvió “abrir un espacio de tiempo para la reflexión, para el trabajo pormenorizado, sabiendo que es importante para varios sectores de la bancada realizar algunas modificaciones al proyecto de ley”. Núñez aclaró que la bancada definió aplazar la votación y ahora debe definir si realmente le introduce cambios al proyecto; de ser así, las modificaciones podrán introducirse en la Comisión de Salud o en el plenario de Diputados. Se maneja esa segunda opción porque el FA no tiene mayoría en la Comisión de Salud.

“El FA abrió una ventana; muchos pretendemos que culmine en la incorporación de las modificaciones que se están proponiendo, pero todavía no hay una expresión concreta sobre los cambios propuestos, salvo en dos puntos”, adelantó Núñez. Uno refiere a la hospitalización involuntaria, que podrá hacerse cuando “existe riesgo grave de daño inmediato o inminente para la persona o para terceros”. Las 54 organizaciones nucleadas en la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental (CNLSM) –que se manifestaron ayer frente al edificio anexo del Palacio Legislativo mientras sesionó la Comisión de Salud– plantean modificar ese concepto por el de “riesgo de vida inminente para la persona o terceros” porque, tal como está definido, la internación compulsiva puede ser resuelta arbitrariamente y sólo por psiquiatras. La otra modificación es sustituir el término “trastorno mental” del primer artículo –ese que define el objeto de la ley– por uno más abarcativo.

Lema comentó que si bien sabía de la decisión de la bancada de diputados del FA de aplazar la discusión, estaba esperando la comunicación formal. Una vez más, manifestó la disyuntiva a la que se enfrenta, porque no tiene formación científica; “soy abogado”, aclara, y explica que luego de escuchar a las organizaciones que expusieron en la comisión sintió que todas “me convencían en forma aislada”. Dijo que lo “desconcierta” la nueva visión del FA, porque en la comisión los propios legisladores oficialistas habían pedido votar el proyecto cuanto antes, para poder introducir cambios en la Rendición de Cuentas. De todos modos, se mostró abierto y dijo estar “a la espera de que nos digan cuál es la postura del FA”.

Miradas externas

El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, envió el viernes a los parlamentarios una carta con sus observaciones al proyecto, que están en la misma línea que los cambios propuestos por la CNLSM. Incalcaterra recuerda que Uruguay se ha comprometido a adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, y cataloga como “un avance” el proyecto que se discute, pero señala cuatro aspectos “que podrían condicionar” dicho avance. Señaló que el proyecto “no consigue incorporar cabalmente los estándares internacionales, pues estos establecen la prohibición de utilizar terminología peyorativa en materia de salud mental”, en referencia a que la denominación “trastorno mental” (que aparece 34 veces en el proyecto y no sólo en el primer artículo) “estigmatiza y patologiza” a las personas y “puede perpetuar la naturalización de la marginación y discriminación”. El segundo punto es que el proyecto “no aborda interdisciplinariamente los momentos del proceso de atención” tal como establecen los estándares internacionales. En ese sentido, señala que el término “trastorno mental” demuestra una perspectiva biomédica, y que la hospitalización, el alta y las salidas de una internación sólo podrán ser definidos por los psiquiatras y no por otros integrantes del equipo de salud. En tercer lugar, el comisionado cuestionó que el órgano de contralor de las prácticas de atención en salud mental no sea independiente y autónomo del Poder Ejecutivo (tal como está redactada la ley, estará bajo la órbita del Ministerio de Salud, MS). Observó que “el proyecto admite la internación involuntaria” y advirtió que el Estado uruguayo seguiría incumpliendo la recomendación de derogar los límites de la capacidad jurídica de las personas y de adoptar, en cambio, medidas para establecer un modelo de sistema de apoyo al proceso de toma de decisiones que respete su autonomía y su voluntad.

La INDDHH volvió a recomendar cambios al proyecto; recogió las propuestas del Alto Comisionado y, si bien reconoció la urgencia por aprobar la ley, pidió hacerle cambios, para que no sea observada por organismos internacionales y, definitivamente, cambie el paradigma de la salud mental. Insistió además en que el órgano de revisión tiene que ser autónomo e independiente. En diálogo con la prensa, Mirtha Guianze explicó que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha dicho que “el órgano que sería adecuado para recibir esas quejas sería la Defensoría del Pueblo”, la INDDHH, como órgano de monitoreo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. De hecho, la INDDHH monitorea sistemáticamente instituciones psiquiátricas. “Nosotros podríamos reforzar ese equipo para continuar ese tipo de inspecciones que no puede hacer el MS; el MS tiene que verificar determinados requisitos, pero tiene que haber un sistema de monitoreo independiente”, sentenció.