La diputada nacionalista Elisabeth Arrieta partió ayer de noche a Miami, en un viaje financiado, a pedido suyo, por la Intendencia de Maldonado, por un total de 60.000 pesos. Durante la XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se desarrollará del 12 al 15 de junio en esta ciudad del estado de Florida, Estados Unidos, la legisladora hablará sobre el sistema de videovigilancia que está implementando esta comuna. Su presencia en ese ámbito se limitará a compartir una hora y media de una mesa redonda con otros cinco oradores el jueves 14, según el cronograma del congreso proporcionado por su despacho. Entre las 14.00 y las 15.30 del horario de Miami, la diputada expondrá en la mesa la ponencia “Seguridad, prestación de servicios municipales y democracia”, junto al boliviano Hugo Siles Núñez del Prado, viceministro de Autonomías del Ministerio de la Presidencia; John Abiud Ramírez Barrientos, alcalde de Girón y presidente de la Federación Colombiana de Municipios; Daniel Avecilla, alcalde de Yaguachi y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Municipalidades; Fernando Castellanos Cal y Mayor, alcalde de la Municipalidad de Tuxtla Gutiérrez, México, y Óscar Badillo, alcalde de la Municipalidad de Obando, Colombia.

A pesar de que la información no fue mencionada en la resolución de la comuna, Arrieta también participará, entre el 10 y el 16 de junio, en reuniones de la Cámara de Comercio Uruguayo Estadounidense en Miami, según documentación que presentó a la diaria la secretaría de la legisladora. Además, desde su oficina en el Parlamento confirmaron que la legisladora volverá el sábado 17 y que en Miami también realizará “otras actividades”, de las que informará cuando regrese.

El caso generó revuelo en Maldonado. El edil frenteamplista Sergio Duclosson hizo un pedido de informes y explicó a la diaria el miércoles que si la diputada es invitada a esta actividad, o bien la organización del evento debería pagarle el traslado o, en caso contrario, la Cámara de Diputados debería hacerlo si entiende que es de importancia para el país. El curul dijo que averiguará si Arrieta no recibió financiación de la Cámara de Representantes. “A esta altura puedo creer cualquier cosa”, comentó sorprendido. Estos conceptos también fueron compartidos por el diputado suplente Federico Cassaretto, que al igual que Arrieta pertenece al Partido Nacional: “Me pareció desagradable que una legisladora haga gestiones ante la Intendencia para que se financie un viaje”, dijo el legislador al medio fernandino FM Gente.

De paso, Duclosson también sostuvo que la derogación del delito de abuso de funciones dificultaría indagar en muchas de las acciones que lleva adelante el intendente de Maldonado, Enrique Antía. “Con el tema del abuso de funciones van a quedar tapadas muchas cosas, y no sólo acá. Con las intendencias, y sobre todo las del PN, estas cosas son moneda corriente”, dijo.

En lucha

La decisión de la Intendencia de Maldonado de no renovar el comodato con el Consejo de Educación Técnico Profesional en un local de la parada 12 de Punta del Este, donde funciona la Escuela de Alta Gastronomía de la UTU, generó rechazo en el sindicato de esta institución, al punto de que ya se aprobó una resolución para ocupar el local. En declaraciones a FM Gente, Luis Otero, de la Asociación de Funcionarios de UTU, apuntó directamente a Antía. “El intendente tenía su as bajo la manga. Nos sorprendió por el tiempo, pero no por de quién viene. Del intendente podemos esperar cualquier cosa, y más cuando se trata de ir en contra de la educación pública, de los trabajadores, de la gente más humilde. Le molesta al intendente que en un parador de Punta del Este se eduque a los hijos de los trabajadores”, dijo en declaraciones a ese medio. Luego, agregó que el sindicato está “preparado” para “dar la lucha y mantener no sólo la fuente laboral de los algo más de 50 trabajadores que están en la Escuela de Alta Gastronomía, sino la posibilidad de estudio de los más de 300 estudiantes que concurren a diario”. Finalmente remató: “Esto no es más que un capricho del intendente”.

En la resolución de la Intendencia se sostiene que la Dirección de Medio Ambiente recomendó que allí se deberían “implementar medidas en función del interés comunitario”, por lo que la Dirección General de Higiene y Medio Ambiente consideró oportuno “no renovar” el acuerdo y “generar una nueva instancia de diálogo”.