Coincidiendo con la participación del presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la apertura de la 106º Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza, los empleados judiciales nucleados en la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) enviaron una carta al director general de dicha institución, Guy Ryder, informándole del conflicto planteado con el Poder Ejecutivo y que fuera expuesto en oportunidad de la 105ª Conferencia, en junio de 2016. El enfrentamiento con el gobierno se origina en las deudas salariales resultantes del “enganche”, que, después de un prolongado litigio, fueron reconocidas en una sentencia judicial cuyo fallo, inapelable en segunda instancia y favorable a aproximadamente 3.000 funcionarios administrativos, data de fines de 2015.

Casi de inmediato al dictamen judicial en favor de los trabajadores, el Ejecutivo incluyó, dentro de la Ley de Presupuesto Nacional para 2016, el artículo 733, que establece que ante un juicio laboral perdido por el Estado, este, a diferencia de los privados, puede decidir a su arbitrio en qué tiempo pagar sus obligaciones. La ley prevé, incluso, que el cumplimiento se pueda extender por una o varias instancias presupuestales.

El artículo establece que se enmarcan entre esos créditos laborales los “laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que les obliguen al pago de una cantidad líquida y exigible derivada de reclamaciones de salarios, diferencias retributivas o rubros de similar naturaleza”.

Se viola el principio de igualdad

Eduardo Silveira, secretario General de la AFJU, remarcó que esa discrecionalidad del Ejecutivo otorgada por el mencionado artículo viola el principio de igualdad. Eso llevó al sindicato a iniciar un juicio para declarar la inconstitucionalidad del artículo 733, pero la demanda permanece detenida desde noviembre porque el Ejecutivo aún no ha designado al fiscal de Corte. En su mensaje a Ryder del 1º de junio, los trabajadores recalcan que después de 12 meses “la situación sigue incambiada y no se avizora voluntad expresa del gobierno uruguayo de corregir esta injusticia flagrante”.

Silveira señaló a la diaria que la sentencia judicial de hace un año y medio condena al Estado a pagar una deuda “hacia atrás” generada desde fines de 2013 y también lo obliga a cumplir con un crédito laboral basado en la adecuación a futuro del salario de los funcionarios judiciales, ajustándolo 21,6%.

Enfatizó que de ese 21,6%, el Ejecutivo ha pagado a cuenta de futuras sentencias 7,5%, quedando pendientes aproximadamente 14%. El representante sindical aseguró que la deuda que corresponde al 14% que aún no se cumplió y que está dentro de la sentencia abarca a unos 3.000 trabajadores con antigüedad y a 400 de ingreso más reciente, e implica un monto de unos 60 millones de dólares.

En busca de un fiscal

Ante ello, independientemente de la medida de enviar una carta al director general de OIT en esta 106ª Conferencia, el sindicato aprobó un paquete de medidas que incluye la no tramitación de casos en los que el Estado sea un actor económico y que estén relacionado con lo patrimonial, además de suspender las actividades vinculadas a la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal. Otra demanda de la AFJU es la pronta designación de un fiscal, para que se pueda destrabar la demanda de inconstitucionalidad del artículo 733. Silveira explicó que estas acciones no son a largo plazo, sino una batería de medidas definidas en la última asamblea. Recalcó además que aspiran a que en la asamblea de mañana se apruebe “alguna medida para presionar al Ejecutivo, denunciarlo públicamente, y después movilizarnos en torno de Presidencia, porque hace seis meses que ese expediente está trancado en una oficina, y eso es un disparate. Queremos que quede en claro que el Poder Ejecutivo está trancando la designación de un fiscal”.

Con respecto a la Rendición de Cuentas de este año, se espera que el Poder Judicial envíe un mensaje que contemple la solicitud de crédito para la adecuación salarial y que se pueda pagar ese 14% pendiente. “Esperamos que el Poder Judicial sea atendido, dado que en el último presupuesto no tuvo ningún tipo de contemplaciones”. Silveira manifestó que en las situaciones vinculadas a estos reclamos, el Poder Ejecutivo ha sido “sordo, ciego y casi mudo”.