Integrantes del Observatorio Luz Ibarburu recibieron ayer a Alejandra Costa, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al terminar, las caras de los integrantes del Observatorio reflejaban desazón. La reunión fue iniciativa de la cancillería, luego de no haber ido, el 25 de mayo, a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la que el Estado y el Observatorio informarían sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman.

Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio, declaró a la prensa que le dijeron a Costa que las explicaciones “no nos satisfacían y exigíamos que debía haber una explicación por parte del gobierno asumiendo que efectivamente cometió un error, por llamarlo de alguna manera, al no haber concurrido a la audiencia y al tratar de hacer creer que la sentencia del caso Gelman es una sentencia que condena por separado al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. La sentencia Gelman es muy clara en que condena al Estado uruguayo en su conjunto, y por lo tanto correspondía que fuera asumida por una representación del Estado, que en ese caso le correspondía al ministro de Relaciones Exteriores”. Justamente, el ministro Rodolfo Nin Novoa se excusó diciendo que la convocatoria estaba destinada a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Legislativo –que tampoco enviaron representantes– y que el Ejecutivo no había ido porque no lo habían convocado.

Según Olivera, la reunión confirmó “la falta de una política global del Estado en la persecución a los crímenes de terrorismo de Estado, y cierto menoscabo de las organizaciones de derechos humanos”. “No ha habido un relacionamiento entre los distintos poderes preocupados en cumplir la sentencia”, lamentó Olivera, que añadió que “el Estado piensa que la CIDH condenó al Estado uruguayo a cumplir solamente las reclamaciones de las víctimas directas”, cuando en realidad “tiene efectos amplios que abarcan todas las violaciones a los derechos humanos”. Por eso, dijo, “podemos concluir que el Estado uruguayo no ha cumplido hoy la sentencia, luego de seis años de dictada”. Le pidieron a Costa que le transmitiera a Nin Novoa que “correspondería que el Estado, ante la ciudadanía y no ante una organización de derechos humanos, asuma efectivamente la responsabilidad de haber omitido su presencia en este tema”.

Olivera dijo que tuvieron un diálogo “muy franco” con Costa. El coordinador ejecutivo del Observatorio transmitió que la funcionaria “admitió que había un discurso muy de respeto a los derechos humanos, enunciaciones públicas de los discursos que se hacen en el extranjero, pero que no condicen con lo que pasa en la realidad”. Con la audiencia en la CIDH, el Observatorio buscaba “poner el foco en lo que ha dicho el Estado y en lo que en realidad hizo, lo que dice que hizo y lo que no”, señaló Olivera. Mencionó, por ejemplo, que la CIDH manifestó su beneplácito por que Uruguay haya creado –durante el gobierno de José Mujica– una comisión interministerial para cumplir la sentencia del caso Gelman, pero lamentó que los propios ministros reconocieron que la comisión nunca se había reunido. “Pueden decir que crearon un Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia [GTVJ] integrado por gente reconocida, y eso te viste, pero cuando eso ha sido inefectivo –porque desde que asumió [el presidente] Tabaré [Vázquez] y se creó hasta ahora, está en planes de trabajo–, eso es en lo que quisimos poner el foco, ‘mire que todo lo que está diciendo el Estado no se está haciendo, o si lo está haciendo, lo está haciendo mal’”. Agregó que en el informe que envió el Estado “el Poder Judicial supuestamente dice que no hay ningún impedimento legal para que las causas avancen y, por el otro lado, el fiscal de Corte [Jorge Díaz] te dice que es obligación del Estado atender todas las causas. ¿Dónde está el problema, entonces? ¿Por qué las causas están trancadas? Si no hay impedimento jurídico, ¿qué es lo que hay? Lo único que cabe pensar es que hay un impedimento político”, dijo, y recordó que cuando era presidente, José Mujica declaró que no quería ver “viejitos presos”.

Por si fuera poco, Olivera recibió, como respuesta de la Secretaría de Presidencia de la República a su solicitud de información pública sobre el cumplimiento de la sentencia de la CIDH en el caso Gelman, que esta “no tiene información”. Resumió que la secretaría le pidió información al GTVJ y a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y que todos le dijeron que no tenían información, y que no le preguntó a Relaciones Exteriores, que es el que ha ido a las audiencias. “Tengo que sospechar que no le preguntaron porque no querían darnos la información”, dijo. El Observatorio Luz Ibarburu está evaluando si presentar una acción de amparo en la Justicia y denunciar la respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según informó su coordinador ejecutivo.