El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, sostuvo que la ley que aprobó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la dictadura militar, votada durante la legislatura anterior, significó en los hechos que “Uruguay se perdiera de una oportunidad muy importante” para el esclarecimiento de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Según Bonilla, la norma, aprobada en octubre de 2011 imposibilitó que se abriera el “paraguas” de la prescripción: “Mucha gente se iba a ver liberada de su conciencia y podía, a través de un amigo, por ejemplo, dar datos para el esclarecimiento” de estos delitos. “Lamentablemente no se dio, porque salió esa ley y quedó en fojas cero”, dijo Bonilla, en una extensa entrevista realizada ayer por la radio El Espectador. En cambio, sostuvo que porque los delitos no prescribieron “usted habla y va preso”. Para el ex comandante en jefe, esa fecha hubiera sido “un momento muy importante de encuentro” en la sociedad.

De paso, Bonilla aseguró no tener conocimiento de las actividades de espionaje realizadas por inteligencia militar después de la dictadura, evidenciadas en el llamado “archivo Berrutti”. El ex jerarca militar fue coordinador de servicios de inteligencia durante el gobierno de José Mujica y aseguró que ese tipo de investigaciones ilegales podrían haber sido hechas por “lobos solitarios”: “Mucha gente que se dedica a eso luego sigue por inercia, a pesar de que está retirado”.

Por último, Bonilla cuestionó la reforma de la Caja Militar que está llevando adelante el actual Poder Ejecutivo, y dijo que si bien es necesario hacer una reforma, es necesario que esta “sea lógica para los militares”: “Lo que habría que reformar en primer lugar es la ley orgánica, porque si no, se rompen las carreras de los militares”. Según aseguró el ex jerarca castrense, la reforma propuesta quita incentivos a quienes se desempeñan hoy en las Fuerzas Armadas. Por último, apuntó directamente al actual ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, por no haber defendido a los militares. “Me extraña por el ministro de Defensa, que es el que tiene que vigilar”, dijo.

Solicitud de cuidado

Preocupado por las amenazas del autodenominado “Comando Barneix”, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) pidió al Ministerio del Interior las “máximas garantías” para la visita a Uruguay del periodista, investigador y militante de los derechos humanos Jair Krischke, que viene de Brasil para asistir a la presentación de la edición en español del libro Operación Cóndor: el secuestro de los uruguayos, escrito por su compatriota Luiz Cláudio Cunha. La edición será presentada hoy a las 18.00 en la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

La solicitud no llegó al Ministerio del Interior aún, ya que se encontraba cerrado ayer, pero el director general de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, aseguró que si Serpaj lo pide, su cartera “con mucho gusto dispondrá de las medidas pertinentes para darle custodia” a Krischke.

El comunicado que emitió ayer Serpaj recuerda que a raíz de las amenazas del Comando Barneix, Krischke presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue recibida durante las últimas audiencias que este organismo llevó a cabo a fines de mayo en Buenos Aires.

La integrante del Consejo Directivo de la INDDHH Mirtha Guianze explicó que representantes de la CIDH le recomendaron al propio Krischke que pidiera una medida cautelar durante su llegada a Uruguay y que las propias autoridades brasileñas pidieron que existan garantías durante su estadía en Montevideo. Guianze comentó que no ha existido por parte del Ministerio del Interior “ni de nadie” ningún ofrecimiento de seguridad para quienes han sido amenazados por el Comando Barneix. “Yo no voy a andar con un oficial atrás mío, pero una cortesía nunca viene mal”, ilustró la ex fiscal. El abogado Óscar López Goldaracena, otro de los amenazados por el Comando Barneix, confirmó a la diaria que tampoco ha recibido ningún ofrecimiento.