La Mesa Representativa del PIT- CNT tratará mañana, en carácter de grave y urgente, las medidas que se adoptarán contra el decreto de esencialidad para los servicios de producción, distribución y comercialización de combustibles. Según supo la diaria, varios gremios que integran la Mesa Sindical Coordinadora de Entes piensan extender a 24 horas el paro del miércoles 21 de junio.

Ricardo Cajigas, integrante de la Unión Ferroviaria, dijo a la diaria que la opinión general es que el decreto del Poder Ejecutivo es “inoportuno” y “viola en forma clara el derecho a huelga”. La disposición del gobierno, tomada el lunes, afecta a los trabajadores de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), ya que la empresa tiene trenes que transportan combustible. Cajigas comentó que los trabajadores mantienen una guardia gremial en San Ramón, a raíz de una discrepancia con la dirección. Sólo dejan pasar los vagones que llevan combustibles.

Cajigas comentó que el conflicto en AFE surgió cuando el directorio decidió implementar una reestructura. La medida fue tomada en forma unilateral, sin consultar al gremio e incumpliendo la Ley de Negociación Colectiva. “Nosotros estamos a favor de la reestructura, pero no la pueden hacer en forma inconsulta”, dijo. La reestructura consiste en cambiar la categoría de las paradas de trenes, que pueden ser estaciones o patios de maniobra. “Lo que sucede es que con los cambios hay compañeros que pueden necesitar capacitación o estar sobrecalificados; estos últimos podrían pedir un traslado”, comentó. Lo que ocurrió en San Ramón fue que pasó de ser estación a ser patio de maniobra. Hasta el lunes había paro en esa localidad de Canelones y no se dejaba pasar a ningún tren.

El Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay tampoco está conforme con el decreto. Lorena Lavecchia, integrante del Consejo del sector, dijo a la diaria que están tomando acciones conjuntas con la Federación ANCAP (FANCAP), en defensa de los servicios de salud. “El gobierno pretende privatizar las clínicas médicas. Son casi 6.000 trabajadores que pasarían a la Asociación Española porque el gobierno quiere que sea ese prestador y no otro. Nosotros nos solidarizamos con los trabajadores de FANCAP porque, además, tenemos una pelea en común”, dijo. El 30 de este mes, además del servicio médico de ANCAP se eliminará el del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Estos cambios se amparan en el Sistema Nacional Integrado de Salud, creado en 2008.

El nuevo presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco, dijo a la diaria que los cambios no constituyen una privatización, porque los usuarios del servicio médico de ANCAP tienen cápitas del Fondo Nacional de Salud y ya existe un convenio de complementación con la Española. Consultado por la opinión de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse –quien dijo que la situación “roza el privilegio”–, Grecco respondió: “Todo beneficio que esté por encima de lo que todos los trabajadores tenemos es así; comparto los dichos de la ministra”.