Los integrantes de la Comisión de Hacienda de Diputados están de acuerdo en revisar el cronograma de aumento de intangibles (los ingresos que cobran sin posibilidad de retención jubilados y pensionistas). El diputado del Frente Amplio (FA) Alfredo Asti dijo a la diaria que antes de la vigencia de la Ley de Inclusión Financiera, se podía cobrar hasta 30% sin retenciones, y la ley 19.210, de abril de 2014, estableció una suba de 5% por año hasta llegar a 50% en 2019. Esta medida tiene la finalidad de “evitar el endeudamiento de trabajadores y pasivos. No disponer de más de 50% de sueldo deja poco margen para el resto de los gastos”, dijo el representante nacional.

“En 2017 correspondió 45% y en 2018 se llegaría a 50%. Lo que pasó es que el Banco de Previsión Social [BPS] no aplicó el aumento a 35% en 2015 ni a 40% en 2016, y sí lo hizo, de una sola vez, a 45% en 2017. Esto distorsionó todo en los créditos que se les otorgó a los pasivos. Muchos quedaron morosos y perdieron la posibilidad de renovar sus créditos. Se armó un grave problema por el salto demasiado brusco de pasar de 30% a 45% en 2017. El proyecto [actual] propone retomar el cronograma y empezar con 35% a partir de la fecha de promulgación, subir a 40% en 2019, a 45% en 2020, y a 50% en 2021”, explicó Asti.

El jueves, la comisión votó el proyecto en general por unanimidad, pero el Partido Independiente (PI) planteó la introducción de un cambio en el orden de prelación (la prioridad que tienen los organismos para las retenciones; por ejemplo, las retenciones judiciales son las prioritarias). De aprobarse lo que propone el PI, según Asti, “las cooperativas de ahorro y crédito tendrían un orden de prelación mayor al del Banco República [BROU] y del Banco Hipotecario [BHU]”. “Nos parece que eso violenta la prioridad del crédito social de las instituciones [públicas]”, cuestionó el diputado. Agregó que, a título personal, no cree que corresponda que las cooperativas de ahorro y ANDA tengan un lugar que no tienen el BROU ni el BHU.

En la versión taquigráfica, el diputado del Partido Nacional Jorge Gandini dijo que este tema “tiene dos soluciones diferentes”: “Una de ellas es volver a la solución original, es decir que a la gente se le retenga 70% y no 50%, para que no deba acudir a los créditos caros que no puede garantizar con sus pensiones, jubilaciones o salarios, y la otra es cambiar la gradualidad, es decir, volver el reloj a cero y empezar a contar nuevamente para corregir las disfunciones que tuvo el sistema”.

Gandini dijo que “preferiría volver a la solución original porque no se logró el objetivo: en aras de proteger el salario, se termina tirando a los trabajadores a los leones. [...] Queremos cuidar el salario y que 50% llegue al bolsillo”. El nacionalista dijo que con la medida del BPS los jubilados y pensionistas “no tienen más salario para garantizar [los créditos], y terminan yendo a las financieras, que contratan de un modo simple, sencillo, por teléfono, pero los créditos tienen intereses tres o cuatro veces más caros”.