Potenciar la defensa de la víctima y el rol del fiscal, priorizar los delitos investigados e incluir un sistema de grabación de audio de las audiencias y de un sistema de gestión multimateria son los elementos preponderantes del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que, pese a las opiniones encontradas, entrará en vigencia el 16 de julio.

“La decisión de un fiscal de archivar una actuación, de no investigar, de no formalizar o de no acusar va a cambiar. La víctima va a tener derechos: derecho a proponer pruebas, derecho a estar informada, derecho a oponerse a la decisión del fiscal de archivar una investigación [...] esto es democracia, esto son garantías, estos son derechos”, subrayó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en el desayuno de trabajo al que convocó ayer la Asociación de Dirigentes de Marketing para exponer acerca de la entrada en vigor del nuevo CPP para el 16 de julio. El fiscal estuvo acompañado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Jorge Chediak, y del ingeniero Marcelo Pesce, subdirector general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, quienes dieron las principales pautas del nuevo sistema acusatorio, oral y público.

El fiscal remarcó que la reforma del CPP implica una gran transformación de la Fiscalía para convertirla en una institución encargada de la persecución penal, enmarcada en una política pública de seguridad. En ese sentido, Díaz reconoció la labor del Parlamento en lo relacionado con la aprobación de proyectos propuestos por la Fiscalía, como la creación de esta como servicio descentralizado y la aprobación del estatuto de los fiscales. Díaz dijo que esto “implica un cambio fundamental, [porque] un fiscal no es un juez chiquito”. También la iniciativa de regulación de las funciones específicas de jueces y fiscales, que, dijo, “tenían que tener una regulación jurídica distinta”.

Si bien hace unos meses había dudas acerca de su fecha de inicio y se hablaba de una postergación para el 1º de noviembre,ayer se estableció que el comienzo será el 16 de julio.

Canalización inmediata

El fiscal manifestó que una de las características sobresalientes de la reforma es que las denuncias presentadas a partir del 16 de julio en el Poder Judicial, en una fiscalía o en cualquier otra unidad administrativa del país, tendrán canalización inmediata y simultánea hacia el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay de la Fiscalía. Una vez ingresada la denuncia, no se podrá elegir fiscal arbitrariamente, y se designará el caso y se distribuirán las cargas de trabajo en función de criterios objetivos. No existe la posibilidad de que, ante una denuncia, la Fiscalía no esté informada de inmediato. La víctima, dijo Díaz, dará respuesta a sus inquietudes.

Con el nuevo CPP, diez fiscalías en Montevideo trabajarán en flagrancia, y se distribuirán las investigaciones de acuerdo con la modalidad delictiva. Una investigará los delitos económicos, otra trabajará en el tema de las drogas, otra se encargará de los delitos sexuales, trata de personas y abuso sexual infantil, y habrá cuatro fiscalías para investigar el resto de los delitos.

Díaz sostuvo que otro elemento novedoso es la priorización en las investigaciones. “Hay que dejar de lado la utopía de que se puede perseguir todos los delitos al mismo tiempo con la misma dedicación. Eso es imposible en cualquier sociedad del mundo”, remarcó.

La reforma, a su vez, implica que el juez será exclusivamente el director de las investigaciones, pero no el responsable de investigar a fondo, y no puede reinterrogar ni corregir; asimismo, los juicios, por diversas razones, serán más rápidos y se eliminará la indefinición en las sentencias y condenas.

En la parte final de su exposición, Díaz puso el acento en que la reforma no sería posible sin una fuerte inversión en tecnología que permita la interoperabilidad entre las unidades administrativas, la Policía y la Fiscalía.

Reforma inevitable

Por su parte, Chediak destacó que la reforma es inevitable y “no podemos dejar de hacerla”. El presidente de la SCJ considera importante la transición que se llevará a cabo durante estos meses, hasta fin de año, para su implementación, porque este código va a ameritar críticas razonables y críticas inmerecidas, y hay que poder evaluar “sus bondades y maldades”, dado que no se empezará con 100% de los elementos operativos.

Los principales desafíos prácticos del nuevo CPP se relacionan con los recursos económicos, los procedimientos y los roles de los diversos actores, los recursos humanos y su capacitación, la infraestructura edilicia y las herramientas informáticas y tecnológicas, principalmente en el sistema de audio Audire, que servirá para la grabación de las audiencias en un soporte de alta calidad.

Respecto de los recursos económicos, Chediak recalcó que a partir del 1º de julio hay material básico y cargos suficientes de jueces, defensores y algunos peritos. En un sistema en el que 20% del trabajo es en el ámbito penal, el titular de la SCJ manifestó que más de 1.000 funcionarios se han capacitado de manera presencial y remota.

En relación con los procedimientos, la modificación prevé los mismos actores con diferentes procedimientos y funciones. No obstante, la investigación policial no se modifica; cambia el rol de quien la supervisa y la dirige.

El CPP establece restricciones a la prisión preventiva: se apunta a limitarla a los casos en que haya riesgo de fuga o de que el acusado pueda impedir la investigación, o en que corra peligro la vida de la víctima.

El nuevo sistema contempla la necesidad de la defensa pública reforzada, con más de 60 integrantes para mantener equilibrio y para darles la defensa a las víctimas; asimismo, implica más protección para operadores judiciales, víctimas y testigos, porque al ser un proceso público, hay mayor exposición.

Audire y el Sistema de Gestión Multimateria

Aunque ya está en funcionamiento para el área de adolescentes, el nuevo CPP se apoyará en gran parte en el sistema Audire –aprobado por la Acordada 7880 del Poder Judicial– con el que, con cuatro micrófonos y en alta calidad, se grabará enteramente las audiencias. La reforma está respaldada por el Sistema de Gestión de Juzgados Multimateria (SGJM), ya instalado en más de un centenar de sedes judiciales.

El Audire, remarcó Chediak, no sólo registrará con fidelidad lo que dijeron los actores, sino que almacenará tonos de voz y formas de decir las cosas, y será una manera más avanzada de sustituir las actas. Subrayó que es un sistema que dará más garantías y que permitirá reducir a la mitad el tiempo de las audiencias, y que ya ha sido instalado en calidad de “prueba piloto” en los juzgados letrados de Primera Instancia en lo Civil de 1º y 10º Turno.

Ambos expositores describieron el SGJM como una herramienta informática que permitirá, a futuro, iniciar juicios en forma remota, instalando progresivamente el expediente judicial digital.