La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) evaluó ayer como “excelente” la adhesión al paro de 24 horas convocado por funcionarios y docentes de los consejos de Educación Inicial y Primaria, Secundaria, UTU y Formación en Educación. “Estuvo por encima de nuestras expectativas, con más de 90% de adhesión en todos los subsistemas a nivel nacional”, destacó José Olivera, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y coordinador de la CSEU, quien añadió que hubo “alrededor de 40 movilizaciones en distintos puntos del país”. Según Olivera, el informe que transmitió la secretaría de organización de la coordinadora fue “bastante auspicioso en términos de que efectivamente la medida tuvo la adhesión que se buscaba, sobre todo porque lo que se está reclamando es justo, necesario y, sobre todo, posible”.

Los sindicatos de la educación pública recibieron el viernes la propuesta de aumento salarial para lo que resta del quinquenio del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El planteo es un aumento de 3,53% anual por encima de la inflación, más otros recursos para cubrir inequidades salariales, para mejorar las partidas por presentismo y para mejorar los salarios de los directores y los subdirectores, explicó Olivera. No obstante, hoy los sindicatos esperan contar con la propuesta salarial del Poder Ejecutivo, en la reunión del Consejo de Salarios de la rama de la educación pública a la que fueron convocados.

Ayer, los anuncios del presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, sobre el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas dieron algunas pistas a los dirigentes sindicales. “En lo sustantivo dista muchísimo de lo que venimos reclamando, y también de los compromisos electorales del FA”, consideró Olivera, quien añadió que “por más que se dice que la educación es prioridad, en la Rendición de Cuentas no se resuelven los problemas presupuestales”. “Haciendo una cuenta muy rápida, en los hechos la propuesta consiste en replicar el mismo aumento salarial general que se hizo en 2016 y 2017”, evaluó el dirigente, y puntualizó que si en la reunión de hoy se confirma esta propuesta significaría “que no se atienden otros reclamos de creación de cargos, de mejoras en la infraestructura y en el equipamiento”. Según anunció ayer Miranda, la Rendición de Cuentas destinaría 87 millones de dólares a la educación (25 millones que corresponden a lo que se recortó el año pasado a la ANEP y 62 millones que se le destinan este año).

Más allá de las cifras, el dirigente destacó “un problema de forma, que tiene que ver con el funcionamiento de los ámbitos de negociación colectiva, particularmente con cumplir el principio de negociar de buena fe”. Olivera dijo que los espacios de negociación no están funcionando “en tiempo y forma”, que el Ejecutivo no ha convocado al Consejo Superior Tripartito del sector público –“al que deberían haber convocado” para presentar los lineamientos generales de la Rendición de Cuentas–, sino a los consejos de rama, y que “nos enteramos de los grandes números de la Rendición por la prensa, no en los ámbitos de negociación”. Los dirigentes han reiterado su molestia por las demoras que ha sufrido la negociación, que implicarán que, en los hechos, sea de dos semanas: comenzará hoy y terminará el 30 de junio, día en que vence el plazo para que el Ejecutivo presente el proyecto de ley al Parlamento. “Se pretende negociar todo esto en 15 días, lo que es un problema político importante”, opinó Olivera.