En una intensa sesión, la Cámara de Senadores aprobó la derogación del artículo 162 del Código Penal, que tipifica el “abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”. Mientras que el oficialismo apuntó a que la figura jurídica es vaga, le da un excesivo poder a los jueces y es cuestionada por la academia, en la oposición se aseguró que el Frente Amplio (FA) vota el proyecto para salvar de una sentencia al ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y al ex presidente del Banco República Fernando Calloia, ambos procesados por otorgar el aval a la aerolínea Cosmo para adquirir, en un frustrado remate, los aviones de Pluna.
De entrada, la cosa comenzó tensa en el Senado. Bordaberry, que fue el vocero principal de la oposición contra la reforma del texto, pidió ampararse en el artículo 97 de la Constitución, asegurando que de alguna forma estaba “implicado” en la votación del texto, en la medida en que había “correligionarios” de su partido implicados, por lo que pedía que la cámara amparara su presencia. Eso motivó la respuesta de la presidenta de la cámara en ejercicio, la oficialista Lucía Topolansky, quien dijo que ese artículo “está relacionado con un interés individual de la persona”, es decir, del legislador, y no de otras personas cercanas.
La respuesta motivó que el legislador colorado pidiera especificar “el alcance del interés individual”: “Si un amigo mío o un familiar está siendo denunciado, es interés individual. Si es un correligionario, también. Lo que tengo que hacer es poner en conocimiento del cuerpo que hay un interés individual, y si hay algún senador que está siendo investigado por abuso de funciones también debe ponerlo a conocimiento”, dijo Bordaberry, dejando entrever que los legisladores frenteamplistas debían hacer lo mismo como consecuencia del procesamiento por este delito que sufrieron Lorenzo y Calloia. La respuesta del senador frenteamplista Rafael Michelini no tardó en llegar: “Si esa fuera la interpretación correcta, en cada ley siempre habría un conocido o amigo o alguien de un partido implicado, entonces todos tendrían un interés individual”.
El proyecto de tu vida
Michelini, que actuó como miembro informante ante la cámara, comenzó su intervención confesando: “Quizá sea el informe más difícil de mi vida”. Luego dijo que su planteo corría con dos “desventajas”: una, que “hay una idea en el país, no sé producto de qué, de que todos los políticos son corruptos y esta derogación es en beneficio de nosotros”; la otra, que la aprobación del proyecto “es con nombre y apellido, como si la trayectoria no importara”.
No obstante, también señaló que el proyecto también tiene sus ventajas: “Nadie defiende este adefesio en su parte técnica”, afirmó, en referencia a la cantidad de cátedras y abogados que desfilaron por la Comisión de Constitución y Legislación o enviaron informes que cuestionaban la actual redacción del artículo. Además, Michelini agregó que se trata de un artículo que “se dice que es delito pero no lo es, porque los delitos los pone el Parlamento expresamente”. Entonces, argumentó, “que se lo derogue es una buena cosa”. Michelini fue uno de los impulsores del proyecto, junto a los senadores nacionalistas Jorge Saravia y Guillermo Besozzi.
El senador frenteamplista agregó que tanto el ex presidente Julio María Sanguinetti como el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, se habían manifestado de acuerdo con la derogación, y recordó una charla con el ex mandatario colorado en 2007, cuando él estaba en contra de eliminar el artículo, en la que el colorado, por entonces senador, dijo que había que derogar el abuso de funciones, a pesar de que desde el punto de vista político “nunca iba a ser oportuna su aprobación”. “No me considero demasiado inteligente, pero creo que estoy en la media, y no debí preguntarme en aquel momento si era oportuno, sino si era justo o injusto, porque la injusticia es algo que nos mueve a todos cuando hacemos política, y esto es pelear contra la injusticia”.
Para finalizar, Michelini sostuvo que hay “argumentos de peso para decir que el artículo 162 es inconstitucional”. “Ensucia trayectorias y enloda el buen nombre de las personas”, aseguró, ejemplificando con el caso del ex ministro de Economía y Finanzas y ex presidente del Banco Central Enrique Braga, procesado y enviado a prisión en 1996 por este delito, tras la venta del Banco Pan de Azúcar.
Supersónico
Durante toda la mañana y la tarde Bordaberry fue uno de los que más intervinieron. “Un ex ministro y un ex presidente del BROU fueron procesados. En el momento en que la Justicia está por dictar sentencia en este proceso, ¿qué hacen los correligionarios de esos funcionarios? Les derogan el delito”. El texto, dijo, se trajo “de apuro” a la Comisión de Constitución y Legislación y se aprobó “más rápido que otros proyectos muy importantes”. Más adelante, el senador Pablo Mieres (Partido Independiente, PI) describió la velocidad de estudio del texto en comisión como “supersónica”.
Según Bordaberry, esto no tiene otra explicación que “salvar a los amigos” Calloia y Lorenzo, cuya sentencia está por conocerse. Pero “el pueblo uruguayo no es tonto”, señaló. De paso, recordó que en la denuncia presentada por toda la oposición sobre ANCAP, uno de los delitos que se investigan es el abuso de funciones.
“He encontrado a un admirador de Sanguinetti”, ironizó, en referencia a las citas de Michelini. Luego aseguró que el senador oficialista no mencionó todo lo que había dicho el ex presidente, ya que sostuvo que Sanguinetti entiende que aprobar la derogación “de la forma que se está haciendo constituye una desviación de poder y es inconstitucional”. Además, argumentó que la Asociación de Fiscales se opuso a la modificación del texto y que el ex presidente de la Junta de Transparencia Ricardo Gil Iribarne había propuesto un texto modificativo pero no la derogación total. Respecto de la supuesta inconstitucionalidad de la norma, recordó que la Suprema Corte de Justicia se expresó respecto de su constitucionalidad en varias oportunidades. Además, comentó que el propio Michelini había votado una modificación del artículo en 1997, por la que se agravaban las penas.
Finalmente, Bordaberry anunció que en caso de que se apruebe la derogación, promoverá un referéndum para derogar la norma, “para preguntarle al pueblo uruguayo si está de acuerdo con esto y si quiere combatir la corrupción e impedir que se legisle con nombre y apellido”. “Tengo cierta experiencia. Me va bien cuando junto firmas pero no cuando junto votos. Pero al menos las firmas las voy a juntar, y les voy a proponer a mi partido y a los otros que salgamos a juntar firmas. Ahí sí voy a hacer mi última contribución a la política”, lanzó.
El pedido de Bordaberry generó la adhesión de buena parte de la oposición. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou planteó en Twitter su apoyo al recurso, y su par Jorge Larrañaga compartió ese mensaje en la misma red social. También el senador colorado José Amorín dijo que su partido juntará firmas para evitar la derogación del delito. En cambio, Mieres fue más cauto y se limitó a decir que habría que analizar la iniciativa. Sobre el final de la votación, Michelini aseguró que le “encantaría” que la oposición juntara firmas: “Un plebiscito que resolvieron en cinco minutos sin pasarlo por los órganos partidarios y al que el resto se sumó sin conversar siquiera con sus diputados. Me imagino a algunos intendentes blancos diciendo: ‘¡Qué hicimos!’”, comentó.
Popstars
En su intervención, Mieres dijo que el FA “no se da cuenta de los flancos que abre” al votar este proyecto. “Lo más fuerte es el mensaje que se le da a la ciudadanía”: “Este tipo de cosas ahondan la desconfianza hacia el sistema político, porque es un delito que castiga a los políticos que se portan mal”.
En cambio, la senadora frenteamplista Constanza Moreira salió decididamente a confrontar con Bordaberry y Mieres. “No quiero ninguna figura jurídica que no esté prevista por la ley”, sostuvo, para luego asegurarle al senador del PI que “no es sólo a los políticos que enjuicia esto, sino a cualquier funcionario público”.
Moreira también se preguntó si el abuso de funciones es un instrumento efectivo para combatir la corrupción. “No”, respondió. “Eliminar el secreto bancario y reformar la Dirección General Impositiva sí lo son”, retrucó, asegurando que Uruguay ha sido “reconocido por sus instrumentos contra el lavado de activos”. Tras introducirse en la situación de Brasil, dijo que espera que “no se apruebe nunca” en Uruguay el sistema de “delación premiada” que hay en ese país (cabe recordar que Bordaberry presentó un proyecto parecido), y comentó que en varios países de la región hay una “judicialización de la política que lleva a ese avance de la percepción de la corrupción”: “El juez [Sérgio] Moro es un popstar, el rey de la Justicia brasileña. Los brasileños saben más quiénes son los integrantes del Supremo Tribunal Federal que los del gabinete. Ahora, ¿quién va a juzgar el abuso político de los jueces?”.
Más adelante tomó la palabra la también oficialista Daisy Tourné, quien dijo que no aceptaría “que se interpreten ni que digan” cuáles son sus intenciones al votar un proyecto. “El delito tiene que ser una conducta clara, y eso acá es de una ambigüedad absoluta”, argumentó. Al finalizar la oratoria, Michelini aludió indirectamente a Bordaberry y dijo que existe un “gran odio” a su persona, y que él no va a hacer “política por odio”. La votación sólo contó con el apoyo del FA. Saravia, uno de los firmantes del texto, dijo que no estaba de acuerdo con la derogación “lisa y llana” del artículo, pero que estaba de acuerdo con que el proyecto se discutiera.
La iniciativa será ahora tratada en la Cámara de Diputados, en la que el FA no sólo no tiene mayorías, sino que algunos sectores han mostrado reparos en aprobar la iniciativa. Uno de ellos, según informó ayer El País, es el Partido por la Victoria del Pueblo, que no comparte la derogación del artículo y plantea en cambio la modificación de su redacción.
La aprobación de este proyecto no sólo deja dudas entre los diputados. Ayer, tras la votación, el dirigente socialista Alejandro Domostoj escribió en Twitter: “Increíble la desconexión con la realidad de las cúpulas del FA. En este momento proponer (sin votos) derogar el abuso de funciones lo demuestra”.