Ayer fue la tercera reunión del Consejo de Salarios de la rama educación pública, y fue la última, ya que no se llegó a un preacuerdo como esperaba el gobierno. Por la falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo resolvió retirar los recursos que había aceptado integrar a la Rendición de Cuentas en estos últimos días, y ahora la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) se prepara para comenzar la discusión parlamentaria.

El gobierno había anunciado que destinaría en esta Rendición de Cuentas un incremento de 50 millones de dólares a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para 2018, pero, durante la negociación con autoridades de la ANEP y la CSEU, la delegación del Poder Ejecutivo había confirmado algunos aumentos respecto de esa cifra. En primer lugar, los sindicatos y la ANEP advirtieron que los 50 millones de dólares (unos 1.500 millones de pesos) no alcanzaban para cubrir el aumento salarial previsto en el convenio firmado en 2015, de 3,53% anual por encima de la inflación. El gobierno anunció luego que destinaría 200 millones de pesos para cubrir esa diferencia, y que también destinaría 50 millones más para cubrir inequidades salariales, tras un pedido del presidente de la ANEP, Wilson Netto.

Pero ayer, tras la reunión y “en virtud de que no fue posible avanzar en un preacuerdo con la delegación de la CSEU”, según consta en el acta de la reunión, el Poder Ejecutivo manifestó que no enviaría los 250 millones de pesos adicionales, lo que se confirmó en la noche, ya que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas destina a la ANEP únicamente los 1.500 millones de pesos anunciados originalmente. De esta forma, es la primera vez desde 2005 que el gobierno envía al Parlamento un proyecto de ley presupuestal sin haber alcanzado antes un preacuerdo con los trabajadores de la educación, puntualizó José Olivera, coordinador de la CSEU y secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).

“Entendimos que no era posible” firmar un preacuerdo, explicó Olivera, quien resumió la situación frente a la que se encontraron los gremios de la enseñanza: “El gobierno pretendía suscribir un acuerdo en seis días, no sabiendo si iban a poder cumplirlo y con una propuesta a la baja”.

El dirigente cuestionó que el gobierno tiene “la estrategia de hacer que negocia, no negociar; si no, no se puede pensar que en seis días se puede negociar temas que hacen a un organismo con 60.000 funcionarios”. El dirigente de los docentes aseguró que el Poder Ejecutivo “no cumple con el principio de negociar de buena fe, que implica hacer todas las reuniones que sean necesarias, en su debido tiempo”, y consideró que el hecho de haber enviado el proyecto de Rendición de Cuentas diez días antes de lo que marca el plazo “es una evidencia muy clara de que no tiene intención de negociar”. Además, criticó que los delegados del gobierno “vienen y dicen que la Rendición de Cuentas está cerrada, su actitud en la negociación siempre es la misma: ‘Es esto; lo toman o lo dejan’, entonces no hay margen real de negociación”. Por otra parte, Olivera aseguró que en la negociación el Poder Ejecutivo no se quiso comprometer a cumplir el preacuerdo, “porque eso va a depender de que se apruebe la Rendición de Cuentas”, lo que no puede asegurar por no contar con mayorías parlamentarias.

El dirigente reiteró que con el planteo del Poder Ejecutivo hay “diferencias sustantivas, no solamente con los sindicatos, sino con la ANEP”, que pedirá 270 millones de dólares para 2018, según Olivera. “La propuesta está lejos de cumplir con el compromiso electoral de destinar 6% del Producto [Interno Bruto] a la educación y 1% a investigación y desarrollo, y tiene diferencias también con los propios organismos de la educación, que le están diciendo qué necesitan para el próximo año”, opinó Olivera. En declaraciones a la prensa, Netto lamentó la negativa de la CSEU y consideró que ahora será difícil recuperar los casi diez millones de dólares que se habían logrado en estos días: “Será difícil recuperarlo ahora a nivel parlamentario. Habrá que empezar de nuevo, de cero, pero ya no es lo mismo”, opinó.

Los gremios de la educación se tomarán esta semana para evaluar cómo continuar el conflicto, que ahora pasa a su fase parlamentaria. Mañana, por ejemplo, Fenapes tendrá una asamblea general en la que evaluará qué medidas proponer a la CSEU, entre las que se manejan un paro de la educación de 48 horas o la convocatoria a un paro general del PIT-CNT de 24 horas, en ambos casos para junio. “Ahora es responsabilidad de los parlamentarios si el conflicto se profundiza o no”, afirmó Olivera.