En el marco de la semana de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), este organismo internacional anunció el miércoles que 76 países y jurisdicciones –entre los que está Uruguay– firmaron o declararon su interés en suscribir el Convenio Multilateral para evitar la erosión de la base tributaria y ganancias de cambio (BEPS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es impedir la evasión de impuestos por parte de las compañías multinacionales. La intención del acuerdo es minimizar las lagunas y reducir los perjuicios que se generan por las diferencias e inconsistencias entre las múltiples normas fiscales, tanto nacionales como las registradas en los tratados fiscales bilaterales.

Para ello, el plan pone sobre la mesa 15 acciones para luchar contra la planificación impositiva de las empresas multinacionales. El acuerdo tiene normas vinculadas con mecanismos híbridos (acción 2 del proyecto BEPS), abuso de tratados (acción 6), elusión artificiosa de la existencia de establecimientos permanentes (acción 7) y resolución de controversias, incluyendo diversas opciones de procedimiento amistoso y arbitraje (acción 14).

Uruguay, uno de los 76 países que se plegaron al pacto antievasión, había manifestado su adhesión al proyecto BEPS en julio de 2016, y el 2 de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó una resolución oficial autorizando al ministro y al subsecretario de Economía y Finanzas, Danilo Astori y Pablo Ferreri, para firmar el acuerdo en nombre del Estado uruguayo.

Este amplio acuerdo es catalogado por la OCDE como “innovador” y aspira a poner en práctica medidas para actualizar el conglomerado de tratados fiscales bilaterales existentes, con la finalidad de restringir la evasión de impuestos de parte de las empresas transnacionales.

El acuerdo apunta a robustecer disposiciones relacionadas con la solución de controversias, en la que se incluirá el arbitraje obligatorio y vinculante como alternativa opcional, que fue aprobado por 25 firmantes.

La entidad con sede en París, Francia, resaltó en un comunicado que, además de las 76 que se sumaron el miércoles, hay otras jurisdicciones que estudian la iniciativa y que seguramente respaldarán el convenio a fines de 2017.

Unión y eficacia

De acuerdo con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, este Convenio Multilateral “es un acuerdo sin precedentes” y “marca un hito en la historia de los acuerdos de impuestos”. Posibilita que los tribunales puedan transferir resultados del proyecto BEPS OCDE y del G20 a su red de tratados fiscales bilaterales, que actualmente son más de 1.100 en el mundo.

Este convenio “será garantía de una mayor seguridad y previsibilidad jurídica para las empresas y de un mejor funcionamiento del sistema fiscal internacional en beneficio de los ciudadanos”, agregó Gurría. Se estima que debido al gran número de acuerdos fiscales bilaterales, la adecuación a ellos del proyecto BEPS podría ser un “proceso tedioso y engorroso”. No obstante, Gurría subrayó que cuando la comunidad internacional está unida, “no hay reto o problema que no se pueda enfrentar con eficacia”.

La iniciativa BEPS OCDE permite el diseño de soluciones de gobierno para revertir las limitaciones y carencias de algunas normas fiscales, carencias y lagunas que permiten a las empresas multinacionales volatilizar sus rentabilidades mediante transferencias artificiales a destinos de baja o inexistente imposición y con escasa o ninguna actividad económica, lugares conocidos comúnmente como paraísos fiscales.

Según la entidad global, las pérdidas en la recaudación por la evasión registrada en la modalidad de sociedades oscila, de acuerdo con estimaciones conservadoras, entre 100.000 millones y 240.000 millones de dólares anuales, lo que equivale a entre 4% y 10% de la recaudación mundial por ese impuesto.

Actualmente, más de un centenar de estados trabajan en la adecuación lo más rápido posible del proyecto BEPS OCDE y sus pautas tributarias a las legislaciones nacionales y los tratados fiscales bilaterales. Se establece que la primera modificación de los tratados fiscales bilaterales, adecuándolos a las directivas del proyecto BEPS OCDE, tiene que entrar en vigor a partir de 2018.