La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) emitió el 17 de julio el “Informe sobre la situación de las personas internadas en Aldeas de la Bondad de Salto al 21 de marzo de 2017”. El centro tiene un convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para la residencia y atención de personas discapacitadas que siendo menores estuvieron bajo la tutela de la institución y continuaron bajo su protección luego de cumplir la mayoría de edad. El centro llamó la atención mediática y política entre diciembre de 2016 y enero de 2017 a raíz del fallecimiento de cuatro personas luego de que fueran trasladadas a centros de Montevideo, cumpliendo con el fin del convenio entre la fundación Instituto Mixto Colegio Salto Oriental (Imcos).

Una delegación de la INDDHH inspeccionó el 21 de marzo el centro, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Salto. En ese momento residían 58 personas de entre 19 y 61 años de edad –bajo convenio con INAU– y tres pacientes particulares; el informe aclara que ya no residían menores de edad (en diciembre habían sido trasladados a Montevideo). Antes de los traslados vivían 102 personas.

La INDDHH llegó al lugar sin previo aviso, dialogó con autoridades, funcionarios y personas internadas, recorrió las instalaciones y revisó historias clínicas. Concluyó que el centro “sostiene un modelo asilar de intervención” y que eso “no se corresponde con buenas prácticas de abordaje de la discapacidad ni con los criterios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Reprueba la forma en que son nombradas las personas. Las personas que padecen parálisis cerebrales severas son apodadas por el personal como “los siempre niños”, mientras que quienes tienen una discapacidad moderada son llamados “los pillos”. “Tales apodos son en sí mismos calificativos estigmatizantes y dan cuenta de un enfoque de infantilización de la discapacidad naturalizado. El desconocimiento de las personas como sujetos de derechos, desde su autonomía y su potencialidad, hace que se registre su identidad únicamente desde su condición de discapacidad”, reflexiona la INDDHH.

La institución cuestiona que el trabajo se aborde sin relación con la familia ni con la comunidad: “No se promueve el contacto con los familiares y/o redes de pertenencia, lo cual sin dudas va en detrimento de su derecho a tener vínculo con su familia y el de la familia a tener contacto con ellos. Así, no se reconoce a la persona como sujeto de derecho, no se las respeta en su autonomía, ni se les brinda acceso a la información veraz sobre su situación familiar”. Sólo seis personas reciben, muy esporádicamente, la visita de algún familiar, y en ocasiones los funcionarios llaman por teléfono a los pacientes fingiendo ser familiares, les contaron los propios funcionarios al equipo de la INDDHH, dando muestras de la “infantilización de la discapacidad”. No hay propuestas educativas y “se carece de actividades, programas o iniciativas que tiendan a una estimulación cognitiva, motora ni socializante para las personas internadas en este centro”, dice el informe. Menos aun se promueve la inclusión laboral.

El acceso a tratamientos de fisioterapia es restringido, y es escasa la presencia de profesionales de la salud. Se contabilizaron 100 funcionarios –buena parte de ellos del área de enfermería, de servicios, así como cuidadores que carecen de formación–, un número alto que “no se traduce en una atención acorde a las necesidades de las personas allí institucionalizadas”. Se detectaron importantes problemas de infraestructura edilicia y de mobiliario. Se encontraron personas durmiendo en el piso y otras atadas a sillas. Se halló un “cementerio” en el que se les daba sepultura a internos fallecidos, y ante la consulta de la INDDHH, las autoridades respondieron que “se tiene la intención de regularizar este cementerio con la Intendencia Departamental de Salto”.

El informe menciona las situaciones de abuso sexual denunciadas por internos que habían sido trasladados, que terminaron con el procesamiento de funcionarios del centro, y recuerda que “es imprescindible reforzar acciones de vigilancia para la no repetición” de esas situaciones.

La INDDHH recomendó “disponer en forma inmediata de otro proyecto de intervención” para que las personas alojadas en el centro “reciban una atención adecuada a la Convención internacional sobre la discapacidad” y “reparar los daños ocasionados hasta el momento a las personas usuarias por los déficit en atención que actualmente sufren”. Aconseja que al elegir un centro para alojar a estas personas se prioricen aquellos que hagan un trabajo individualizado, que reconozcan a los usuarios como sujetos de derechos y potencien sus capacidades de desarrollo.

Al momento del informe había nueve personas internadas con parálisis cerebrales severas, que “serían trasladadas en el corto plazo de acuerdo al compromiso asumido por INAU, lo que se cumpliría una vez firmado un nuevo convenio con otra ONG”. Había 47 personas con discapacidad moderada, pero el informe especificó que el traslado sería “a mediano plazo” a una residencia a cargo de otra ONG. Como el cierre del centro no será inmediato, la INDDHH recomendó que Aldeas de la Bondad cuente con profesionales de la salud con propuestas educativas e infraestructura adecuada.

Recomendó que las personas adultas con discapacidad pasen de la órbita del INAU a otro organismo, como el Programa Nacional de Discapacidad, elaborar un plan estratégico de supervisión y seguimiento de convenios, y desarrollar medidas que garanticen la dignidad.