A las 10.00 de ayer, el presidente Tabaré Vázquez recibió en la Residencia de Suárez a representantes de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), que concurrieron para transmitirle que “desde hace seis años el sector presenta rentabilidades negativas”, y pedirle una baja “individualizada” de los costos energéticos y un “aliviamiento” de su deuda.

Luego de la reunión con Vázquez, el vicepresidente de la asociación, Guillermo O’Brien, dijo a la prensa que la intención fue explicarle al presidente que, más allá de que se trata de “la segunda mejor cosecha” en la historia del sector y una venta en niveles de precios “con promedios históricos”, la ecuación “no cierra” por el lado de costos. Según explicó luego a la diaria el presidente de la ACA, Alfredo Lago, el sector arrocero presenta desde hace “seis años (con excepción de uno)” una ecuación económica negativa –es decir, los costos de los productores superan a sus ingresos– en “200 dólares por hectárea”. Lago agregó que si bien en ese mismo período “los productores han aumentado su productividad”, esto “no fue suficiente” para contrarrestar la caída de precios de exportación, que, sostuvo, “se ha revertido en el último tiempo”.

El empresario atribuyó los problemas del sector “básicamente” a dos causas: el aumento del peso de la energía y los combustibles en sus costos, y la realidad cambiaria. La política cambiaria de Uruguay es mayoritariamente flexible y, en consecuencia, el gobierno no es proclive a efectuar mayores correcciones al dólar para que se ajuste al óptimo interno. Sostuvo que el valor actual de la divisa estadounidense (en el entorno de los 29 pesos) no es “para nada favorable al sector exportador” y “menos a los arroceros”, que exportan 95% de su producción. Si bien es poco probable que esto suceda, el presidente de la ACA estimó: “Si tuviéramos un dólar de 35 pesos, los problemas estarían licuados”. Por otro lado, planteó que los costos de la energía eléctrica y el combustible suman 40% de cada tonelada que se exporta, una parte “totalmente desproporcionada respecto de la realidad económica del sector”. Este desbalance, consideró, es lo que ha generado un “alto” endeudamiento entre los productores de arroz. “Uruguay tiene que bajar sus costos internos”, dijo Lago, y estimó que estos se encuentran entre “los más altos de la región y del mundo”.

Los productores de arroz afirman que pierden 200 dólares por hectárea, cifra que descendió 16 dólares a raíz de la decisión de bajar 8% el precio del gasoil, que ANCAP tomó este mes. La medida fue “valorada” por los empresarios, pero dicen que “no tuvo suficiente impacto”. Hoy, con 184 dólares en rojo por hectárea, el sector tendría una pérdida de poco más de 30 millones de dólares por las 164.500 hectáreas cultivadas en la zafra pasada. Ante esta situación, Lago sostuvo que si no hay “elementos” que cambien esta realidad, se calcula que podría haber una disminución de la siembra de 10%. “Estamos previendo que haya productores que puedan abandonar la actividad y otros que reduzcan el área cultivada, pero el efecto más negativo recaería sobre las personas involucradas en el sector”, dijo, y advirtió que “a menor área plantada, menos puestos de trabajo”.

Los arroceros calculan que el sector emplea de manera directa a 7.000 personas e indirectamente a 30.000. “Si el área de cultivo cae, lo hará en la misma proporción el número de trabajadores contratados”, pronosticó, y alertó: “En el medio en que nosotros estamos no hay muchas otras opciones de trabajo”. Esta situación, sostuvo, pondría en riesgo a aproximadamente unos 3.700 trabajadores.

Los cultivadores de arroz aseguran que sus problemas “obedecen a los altos costos de energía”, por lo que le presentaron a Vázquez dos propuestas de política que refieren, por un lado, a “aliviar” el endeudamiento a los productores y, por otro, a una “rebaja” de tarifas. “Hasta ahora, [el gobierno] no ha tenido una actitud individualizada con respecto al sector, como sí ocurrió con algún otro rubro”, reclamó Lago.

O’Brien, por su parte, consideró que la respuesta del presidente fue “muy buena”. “Nos recibió y se comprometió a trabajar, en conjunto con los ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería, para elaborar una respuesta a la brevedad”, destacó. “Buscamos achicar el monto de 200 dólares [de pérdidas] lo más posible, y cualquier actitud en ese sentido va a tener un impacto inmediato”, concluyó.