Banco República presentó denuncia penal contra dueños de Fripur por violar la Ley de Prenda

El cierre de la empresa pesquera Fripur sigue teniendo derivaciones. A la inactividad de la empresa que adquirió la planta, la multinacional Cooke, se suma ahora la información que surge de la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos, que resolvió hacer foco en cinco empresas: Fripur, CUTCSA, Aire Fresco, La Diez y Cambio Nelson. Comenzó tratando la situación de la pesquera, que cerró su planta en 2015 dejando a casi 1.000 personas sin trabajo. Los legisladores de la oposición quieren investigar si desde el gobierno se favoreció a la empresa, teniendo en cuenta la cercanía de uno de sus dueños, Alberto Fernández, con el ex presidente José Mujica.

En ese marco, el lunes asistió a la comisión el presidente del Banco República (BROU), Jorge Polgar, acompañado por su equipo, para dar detalles sobre el crédito que se otorgó a la empresa y sobre las garantías que se han ejecutado. Una de las novedades que surgieron es que el BROU presentó una denuncia penal contra la empresa por violar la Ley de Prenda, 17.228. Fripur tenía “prendas sin desplazamiento” (pescado) en stock. Sin embargo, declaró tener un stock mayor que el que efectivamente había. “Fue un proceso largo intentar determinar cuál era el stock verdadero que quedaba; a tal punto no fue todo, que se terminó haciendo una denuncia penal por lo que se entiende que es una violación de la Ley de Prenda, en la medida en que no estaba todo el stock que se pensaba que debía estar. Eso está en proceso”, señaló en comisión el secretario general del BROU, Roberto Borrelli, según consta en la versión taquigráfica. La Ley de Prenda dispone un castigo de hasta cuatro años de penitenciaría por ocultar bienes prendados, y de 15 meses de prisión para quien abandone bienes prendados.

En noviembre de 2015 el BROU tenía prendas por valor de 10,3 millones de dólares sobre materia prima de la ex pesquera. Había también, según informó Polgar, fianzas solidarias suscritas por los dueños de la pesquera –Alberto y Máximo Fernández y Magdalena Rodríguez– por un total de casi 60 millones de dólares. El presidente del BROU no pudo precisar si estaban incluidos entre las fianzas solidarias los inmuebles personales de estas tres personas, pero aseguró que el banco intenta, mediante juicios, hacerse de esos bienes para amortizar la deuda de la empresa.

Polgar justificó la actitud que tuvo el BROU con Fripur y sostuvo que la comparte. “Creo que el banco no se apartó de los procedimientos bancarios. Sin duda, tuvo que pensar cosas específicas para una empresa de este porte, con estas características del negocio”, señaló. Explicó que hasta 2008 Fripur fue uno de los principales exportadores de Uruguay y “un gran cliente del banco”, y afirmó que los problemas comenzaron con el cierre de mercados. “Es una firma que en 2010-2011 llegó a un pico de prácticamente 75 millones de dólares de exportación. Los problemas de mercado que enfrentó la empresa, particularmente en Europa, frenaron el dinamismo exportador y contribuyeron a su empeoramiento”, evaluó Polgar. Las exportaciones de Fripur pasaron de 48 millones de dólares en 2012 a 15 millones en 2015.

El presidente del BROU aseguró que Fripur tuvo una buena calificación crediticia hasta 2012. El último crédito otorgado a la empresa fue en 2014, por un valor de más de medio millón de dólares, con sus correspondientes garantías, basadas en la exportación que se estaba financiando. Ese año, la empresa estaba calificada en la categoría 5; según la normativa del Banco Central del Uruguay, en esta se ubican los “deudores irrecuperables”, cuando hay “clara evidencia de incobrabilidad, con atrasos mayores a 180 días en los pagos”. Polgar aseguró que comparte la decisión que se adoptó en ese caso, si bien no estaba en el directorio, porque se trataba de “seguir atendiendo” a un cliente “con graves dificultades”. “Lo que hace el banco es extremar las medidas de seguridad, como en este caso, con la concesión de la propia exportación que se está financiando”, indicó. Polgar aclaró que todas las decisiones de créditos otorgados a Fripur las tomó el directorio en pleno del banco, y que en el caso de este último crédito, se decidió otorgarlo por unanimidad.

El diputado colorado Adrián Peña hizo notar que el incremento de la deuda de Fripur con el BROU se produjo antes de la caída de las exportaciones posterior a 2012: la deuda pasó de cuatro millones de dólares en 2007 a 35 millones en 2011. “Hay un período en el que la deuda de la empresa aumenta 60 veces, con crecimiento en sus exportaciones. ¿A qué obedece ese aumento de la deuda?”, inquirió Peña.

Polgar contestó que en ese período se financió a Fripur la construcción de una planta. “En su momento, fue seleccionado uno de los proyectos de inversión de la empresa para financiamiento de una nueva planta. Ahí ya no miramos los ingresos corrientes de la empresa, sino su capacidad de generar valor. De hecho, esa planta fue hipotecada en favor del banco y es parte de lo que viene recuperando por los procesos judiciales”, explicó.

Suena familiar

El año pasado, UTE presentó una denuncia ante el Juzgado de Concursos para que se declarara a la empresa de energía Kentilux integrante del mismo grupo económico que Fripur, para así poder cobrar la deuda que la pesquera mantenía con el organismo. Kentilux se ha beneficiado de exoneraciones impositivas en el marco de la Ley de Inversiones y, según un informe publicado por el portal Sudestada el año pasado, el Estado le pagaba 4,5 millones de dólares por año por compra de energía. Fuentes de UTE informaron a la diaria que la Justicia rechazó el pedido de la empresa estatal argumentando que había pasado el plazo para reclamarle a Fripur. Las fuentes hicieron notar que UTE ya es acreedora de Fripur en el proceso concursal. El argumento utilizado por el juez dejó “perplejas” a las autoridades, que consideran que el magistrado directamente “no entendió el tema”, apuntaron las fuentes. Entre otras pruebas presentadas por UTE, hay documentos que muestran que ambas empresas eran representadas por las mismas personas –los Fernández–, a lo que se suma que los primeros correos electrónicos que Kentilux le envió a UTE tenían el dominio “fripur.com.uy”. Ahora la empresa estatal evalúa presentar una demanda ante la Justicia civil.

Al mismo tiempo, Kentilux es cliente del BROU, por lo que Polgar fue consultado al respecto. Dijo que Kentilux está “al día” con el BROU y que esta empresa tiene “nexos familiares” con la ex Fripur, pero que los socios no son los mismos en ambas empresas. “Son negocios de familiares que no estaban vinculados a la propiedad de la empresa Fripur”, explicó. Dijo que al banco “no le consta que haya habido desvíos de fondos” de Fripur hacia Kentilux. “Sí es verificable que se aportaba la información de la figura contable de adelantos o retiros de los accionistas, que es el mecanismo por el cual los accionistas hacen retiros de utilidades. Es muy frecuente que en distintas situaciones y en varias empresas el banco condicione algunas operaciones por ciertos períodos; por ejemplo, la empresa no puede adquirir otros pasivos o distribuir utilidades. Eso también lo podemos encontrar en la larga historia de Fripur; hubo momentos en los cuales el banco condicionó la asistencia financiera a que los accionistas no hicieran retiros”, informó.

Sobre el vínculo de Kentilux con la ex Fripur, el presidente del BROU comentó que “si una firma desde el punto de vista de riesgo crediticio aparece como un buen cliente para el banco, a este le sería muy difícil comercial y normativamente descartarlo porque esté emparentado con otra firma con la cual tiene problemas”. “En el caso de Kentilux, se trata de actividades separadas, y el banco tomó las salvaguardas del caso. Es un financiamiento de proyecto; es un proyecto específico que no tiene vinculaciones de riesgo con la empresa Fripur. Incluso, los dueños son distintos”, aseguró Polgar.

La comisión investigadora volverá a reunirse el lunes para recibir al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Según manifestaron los legisladores en la sesión del lunes, la comisión ha hecho intentos de citar a Alberto Fernández, pero no ha podido ubicarlo.