La semana pasada el Ministerio del Interior (MI) interpuso un recurso de apelación contra la sentencia del juez Alejandro Martínez de Las Heras, del 26 de junio, que ordenaba que se “diseñe y efectivice un programa de tratamiento individual” para los siete presos del Módulo 8 del ex Comcar que sufrían desnutrición, y de los que se habían divulgado imágenes. A su vez, aquella sentencia fue impulsada por el recurso de amparo que había presentado Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario.

Así las cosas, el recurso del MI señala que “no existe ningún derecho vulnerado”, en virtud de que el ministerio “ha venido desarrollando una inmejorable política carcelaria”. E indica que, al contrario de lo que se afirma en la sentencia, la regla 94 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (conocidas como Reglas Nelson Mandela) “se está cumpliendo, debiendo entenderse ella en el contexto carcelario y socioeconómico de nuestro país”.

En el texto presentado por el MI se indica que acreditaron que existe un “plan para estos reclusos” que “se viene desarrollando”. No obstante, se aduce que “resultaría injusto y contrario al principio de igualdad pedir para siete personas un trato absolutamente diferente del que se proporciona al resto de los privados de libertad”. “El sistema carcelario los está atendiendo y les proporciona los recursos con los que cuenta, lo que les asegura la vida, la salud, el acceso a planes de educación dentro de las posibilidades de cada uno y la misma recreación a la que acceden otros reclusos en igual situación”, agrega.

A su vez, sostiene que la “forma en que se valora la prueba” –y su “naturaleza”– agregada por Petit “agravia” al MI, ya que son “informes del propio accionante” y “fotografías que no dan certeza de lugar, momento y autoría”. Además, señala que “tampoco se conoce quiénes son las personas involucradas” en las imágenes y que no arrojan “veracidad ni indicio alguno de lo afirmado” en la sentencia, y que son de “dudable veracidad”.

El MI asegura que las historias clínicas de los siete reclusos “no verifican los presupuestos” de las fotografías, de las que desconocen las condiciones en que fueron tomadas, y que se “pudieron realizar con el diafragma contraído”. Más adelante, en el texto de apelación se indica el peso de cada uno de los siete reclusos en tres controles de junio y se analiza el Índice de Masa Corporal. En base a esos datos concluye que “el período de privación o baja ingesta de alimentos fue muy escaso, porque todos tuvieron controles médicos en períodos anteriores de muy poca significación”, además de que “no hay prueba determinante de por qué se produjo la baja de peso (salvo en el caso de la persona sometida a apremios físicos)”.

Por último, el MI señala que el recurso de amparo de Petit fue “más mediático que jurídico”. “Toda vez que lo que había que hacer ya se estaba haciendo y el funcionario público cuenta con los mecanismos legales para su contralor”, agrega el texto, y señala que están recorriendo “un camino innecesario”.

Por otro lado, ayer, por iniciativa del senador Luis Alberto Heber, integrantes del Partido Nacional (PN) visitaron a Petit “en señal de apoyo, porque está trabajando bien”, según dijo a la diaria el diputado Pablo Abdala, quien opinó que “el ninguneo del MI [a Petit] es inaceptable”. Abdala expresó su preocupación por la situación carcelaria, ya que “las muertes en el Comcar son recurrentes”. Además, criticó que la apelación del MI señale que no se vulneraron derechos: “No puede tratar de disimular las cosas”.

La visita a Petit estuvo acompañada por una declaración del directorio del PN en la que indica que el comisionado, “lejos de procurar protagonismo, interpuso un recurso previsto en la legislación para denunciar una situación corroborada por los funcionarios que administran los servicios de salud del Estado, por el Juez de la causa y por el Instituto Nacional de Rehabilitación”. Y por último, “que el MI en lugar de negar las irregularidades, debería asegurar plena vigencia del derecho y evitar que la violencia del sistema carcelario provoque mayor inseguridad en la sociedad”.