Con los votos de todos los diputados de la oposición, la Cámara de Representantes votó ayer la creación de una “Comisión especial para legislar, informar y asesorar en la gestión del patrimonio público bajo figuras asociativas de derecho privadas”, que en los hechos buscará legislar, y también indagar, sobre las varias sociedades anónimas (SA) de derecho privado conformadas por las empresas estatales.
La propuesta fue impulsada por el diputado nacionalista Nicolás Olivera, quien destacó que “las SA [con participación estatal] de derecho privado no sólo no tienen el control del Tribunal de Cuentas de la República ni del Parlamento, sino que tampoco hay contralor de sus gastos y sus recursos humanos”. Como ejemplo reciente, aseguró que Alcoholes del Uruguay, sociedad anónima perteneciente a ANCAP, “no supo explicar cómo hizo ingresar al 20% de sus trabajadores”. Según dijo, si bien el cuerpo que se crea tendrá fines legislativos, podrá también investigar si es necesario.
En cambio, el diputado oficialista Alfredo Asti dijo que tanto él como su sector, el Frente Liber Seregni, están de acuerdo en legislar sobre este tema, pero sostuvo que no es necesario crear una nueva comisión especial a esos efectos. “Hay dos comisiones para esto: hacienda y transparencia”, argumentó, y subrayó que en esta última fue donde se impulsó la ley que obliga a los directores de este tipo de empresas a presentar sus declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Diferentes fueron los argumentos que manejó el también oficialista Pablo González, perteneciente a la lista 711: “Crearon este monstruo [refiriéndose a que las SA estatales nacieron antes que los gobiernos del Frente Amplio] y ahora vienen a ponerle un manto de duda a esto que crearon. Yo creo que [las SA] ya tienen control; si no, no se hablaría de cifras como las que hoy se manejaron. Se busca generar una comisión para seguir enlodando al Estado”.