Ni bien empezó a discutirse el proyecto de ley de combate al lavado de activos el año pasado, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) manifestó su rechazo a una iniciativa que calificó de inconstitucional. El proyecto, a estudio de una comisión especial de la Cámara de Senadores, es innovador en varios planos. Uno de ellos es la obligación de reportar operaciones sospechosas que impone a sujetos no financieros, como los casinos, los explotadores de zonas francas, las inmobiliarias, los contadores y los abogados, aunque a estos últimos no los menciona con nombre propio. Sí establece que estará obligada a reportar operaciones sospechosas cualquier persona física o jurídica que participe en el asesoramiento o la realización de compraventas; en la administración de dinero, valores y otros activos; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades; y actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. De todos modos, el articulado aclara que los abogados no tendrán obligación de reportar “la información que reciban de uno de sus clientes o a través de uno de sus clientes, para verificar el estatus legal de su cliente o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación”. Otras actividades de los abogados, como la asesoría en la administración de sociedades anónimas, caen dentro de la obligación de brindar información a las autoridades. El incumplimiento de esta exigencia acarreará la imposición de multas o incluso la suspensión del ejercicio profesional por un máximo de tres meses.

El Colegio de Abogados concurrió a la comisión especial del Senado el 24 de mayo, y allí alegó que la obligación de reportar operaciones sospechosas es una violación del secreto profesional de los profesionales porque supone que los profesionales denuncien a sus propios clientes. El catedrático de Derecho Penal Germán Aller incluso llegó a afirmar: “Si una persona se presenta ante un abogado o curial y le dice que piensa matar a determinada persona, que lo va a hacer tal día, en tales condiciones y en tales situaciones, ¿qué puede hacer el abogado? ¿Puede presentarse, comparecer ante la Justicia o la Policía a denunciar a este individuo? No. Es la única persona en el mundo que no puede hacerlo”. “Tenemos que ver si queremos un Estado invasor que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo controla, una suerte de leviatán –como el libro de Thomas Hobbes o Job en la Biblia–, o en cambio queremos tener un Estado que nos apuntale para que las personas honestas hagan y trabajen tranquilas. Va de suyo que, en lo personal, la opción es la última, es decir, un Estado que me invada poco y que me deje vivir en paz”, concluyó el catedrático.

La semana pasada, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, que encabeza Daniel Espinosa (tras el fallecimiento de Carlos Díaz), invitó al Colegio de Abogados a conversar sobre sus cuestionamientos al proyecto. Según informó a la diaria el presidente del CAU, César Pérez Novaro, se llegó a un acuerdo con el gobierno para modificar los artículos de la iniciativa que refieren al reporte de operaciones sospechosas, para “amparar el secreto profesional” de los abogados. Pérez Novaro afirmó que se harán cambios al artículo 12, que enumera los sujetos obligados, y al artículo 32, que dispone que el que “asista” a otros en las actividades de lavado de activos o precedentes a este delito, “ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría”.

“Han sido positivos los contactos. Se va a plantear una modificación que tiende a evitar la distinción artificial entre el asesoramiento y el ejercicio del derecho de defensa”, aseguró el presidente del CAU. Pérez Novaro aseguró que la participación de los abogados, no en el rol de asesores sino de participantes en operaciones delictivas por orden de sus clientes, ya está penada desde 2004. “No es que los abogados, por el hecho de serlo, estemos inmunizados de toda responsabilidad penal. Lo que no podía ser era que el abogado tuviera que reportar operaciones inusuales o sospechosas cuando actúa como abogado, porque eso está amparado por el secreto profesional”, sostuvo.

Pérez Novaro aclaró que mantienen discrepancias con el Ejecutivo sobre todas las normas penales contenidas en el proyecto, que, por ejemplo, establece como delitos precedentes del lavado de activos al contrabando, al tráfico ilícito de armas y al secuestro, entre otros. “No tenemos ninguna coincidencia [con estas disposiciones], estamos dispuestos a seguir colaborando y aportando. Hay muchas disposiciones que van contra una tradición garantista en materia penal”, opinó.

El secretario antilavado, Espinosa, confirmó a la diaria que se pretende excluir de la obligación de reportar operaciones sospechosas a los profesionales cuando ejerzan funciones de asesoramiento, no sólo en el caso de los abogados, sino también de los contadores y escribanos, y consideró que las disposiciones al respecto contenidas en el proyecto generan “indefinición”. En cambio, la obligación corre en los casos en que el abogado realiza operaciones, como transacciones comerciales u otros servicios societarios, excluyendo la asesoría. “En la medida en que yo [como abogado] sea consultado por un cliente y no participe en la maniobra, no estaría incluido [en la obligación]. Nunca tuvimos el interés de cuestionar el rol del abogado”, aclaró.

El senador frenteamplista Ruben Martínez Huelmo, presidente de la comisión especial, dijo a la diaria que todavía no está al tanto de los resultados de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Colegio de Abogados. Señaló que, independientemente de los resultados, el oficialismo va a respaldar lo que resuelva la secretaría. De todos modos, rechazó las críticas del Colegio de Abogados a la iniciativa y comentó que hablan “como si fueran las carmelitas descalzas”. Advirtió que “hay gente moviéndose por todos lados contra este proyecto de ley” y recordó que también se decía que el proyecto sobre transparencia fiscal era inconstitucional, pero a seis meses de aprobado no se presentó ningún recurso en su contra.