Ayer una delegación de la Universidad de la República (Udelar) presentó su pedido presupuestal ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas. Tanto la delegación universitaria como los diputados reconocieron que hay una “distancia enorme” entre el incremento que otorga el proyecto del Poder Ejecutivo a la Udelar y el pedido de la institución: mientras que el gobierno dispuso aumentar el presupuesto universitario en 348 millones de pesos, destinados exclusivamente a retribuciones personales, la Udelar solicita un incremento de 4.477 millones de pesos. En particular, lo pedido por la universidad para cumplir con los acuerdos salariales en 2018 son 1.962 millones de pesos. Según opinó el diputado nacionalista Jorge Gandini, a la Udelar “le va a resultar imposible cumplir no sólo con lo que pretende, sino con lo que acordó”.

El rector de la Udelar, Roberto Markarian, dijo que si se otorga únicamente el incremento previsto por el Poder Ejecutivo “nos va a dificultar muy fuertemente mantener la calidad de la educación, porque el número de estudiantes va a seguir creciendo”. Recordó que los estudiantes de la Udelar crecen a un ritmo de 3% anual, y destacó que el egreso crece “más de 10% por año”.

José Querejeta, diputado del Frente Amplio, dijo que se “conversará si hay posibilidades de otorgarle más presupuesto a la Udelar”, pero valoró que esta Rendición de Cuentas “viene muy cerrada. Esta vuelta la veo bastante complicada”. Aseguró que los diputados deberán “priorizar” qué áreas quieren que reciban más inversión, y en su caso aseguró que impulsará que se destine lo recaudado por los impuestos previstos en los artículos 242 y 243 –a plataformas y aplicaciones como Netflix o Airbnb– a los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). “Se estima que se recaudarán entre siete y diez millones de dólares por ese impuesto, justamente lo que necesita el INAU para los CAPI”, explicó.

Una rifa

En tanto, Gandini advirtió que el artículo 75 de la Rendición de Cuentas modifica lo que deben pagar los organizadores de rifas: se pasa de un ficto de unos 50.900 pesos a 3% del total de cada rifa; se pagaría por adelantado por el total de los boletos emitidos, a los cinco días de autorizada la rifa, y luego se reliquida en función de los boletos efectivamente vendidos. Gandini calculó que rifas como las que organizan los estudiantes de Ciencias Económicas o Arquitectura deberán pagar unos 200.000 dólares los primeros días. “De repente, a esas les pegás un saque pero sobreviven, pero la del Hospital Maciel o las de las escuelas de campaña marchan”, dijo.