La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto de ley de salud mental; la discusión había sido postergada hace un mes, cuando la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) propuso abrir un espacio de reflexión para evaluar si modificaba el proyecto de ley, que tiene media sanción. Según supo la diaria, ayer los diputados del FA acordaron hacerle algunos de los cambios que demandan las 54 organizaciones que integran la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, pero también la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El proyecto dice 34 veces “trastorno mental”; los diputados acordaron sustituirlo en cinco o seis oportunidades por “personas usuarias de servicios de salud mental”; la denominación de trastorno mental es cuestionada por los organismos de derecho por no incorporar cabalmente los estándares internacionales, que prohíben la utilización de terminología peyorativa en salud mental. De introducirse los cambios, el órgano de revisión de contralor de la ley continuará bajo la órbita del Ministerio de Salud (MS), pero los diputados se comprometieron a trabajar más adelante en un proyecto de ley que amplíe las potestades de la INDDHH: la institución tendría una relatoría especial en derechos humanos y salud mental, que sería independiente del poder político. De esa forma, sin invalidar la función de contralor que le compete al MS, se crearía un ámbito independiente.

El proyecto votado por los senadores habilita la internación involuntaria ante “riesgo grave de daño inmediato o inminente para la persona o para terceros”; los diputados acordaron modificar ese concepto por el de “riesgo de vida inminente para la persona o terceros”, porque deja menos margen a la arbitrariedad.

Los diputados accedieron a proponer una fecha de cierre para las instituciones asilares y monovalentes, algo que ya había sido pactado en la Organización Mundial de la Salud. Estaba fijado para 2020, pero los legisladores propusieron incluir una fecha con más plazo: 2025.

Otros cambios, como los de explicitar las disciplinas que conformarán los equipos interdisciplinarios –sin detalle por ahora– y resolver las internaciones involuntarias con otro profesional y no sólo con los del área de psiquiatría, no fueron aceptados por los diputados, pero se propondrá que se introduzcan en la reglamentación de la ley.

Diputados de la mayoría de los sectores del FA acordaron llevar los cambios, y tampoco opondrá resistencia la bancada de senadores del FA. Hoy a las 14.00 lo tratará la Comisión de Salud, pero los oficialistas tendrán que ver si la oposición acompaña los cambios, puesto que de los cinco miembros, sólo dos son del FA (Luis Gallo y Walter de León), dos son del Partido Nacional (Martín Lema y Edgardo Mier) y una del Partido Colorado (Nibia Reisch).

Expectativas

La aprobación de una ley de salud mental que sustituya la que rige desde hace 80 años es algo largamente demandado por buena parte de la sociedad. La Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental se manifestará hoy en las puertas del edificio anexo del Palacio Legislativo para pedir que se concreten los cambios que demandan.

Otros colectivos han pedido que se apruebe de manera rápida. Es el caso del Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que, en la sesión del 31 de mayo, manifestó su interés en que el proyecto “se apruebe a la brevedad”. Votó, además, constituir “una comisión ad hoc integrada por los profesionales de Clínica Psiquiátrica, Clínica Psiquiátrica Pediátrica, el Departamento de Salud Mental y la Cátedra de Salud Mental en la Comunidad, los directores de las carreras de Psicomotricistas, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la EUTM [Escuela Universitaria de Tecnología Médica] y la directora de la Escuela de Parteras, a los efectos de seguir trabajando en la reglamentación de la futura ley”. Sandra Romano, recientemente designada titular de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, informó a la diaria que ya se reunieron dos veces, que están trabajando en los aspectos de reglamentación, y dijo que cada vez se suman más temas, como la formación de recursos humanos. Romano integra la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, que, en términos generales, apoya la aprobación de la ley tal cual está, porque entiende que mejoraría “la calidad de la atención a la población y el ejercicio profesional”, y porque más adelante podrá modificarse.