Las posibles modificaciones al proyecto de Rendición de Cuentas que viene tratando la bancada del Frente Amplio (FA) aterrizaron ayer en el Secretariado de la fuerza política. Varios legisladores comentaron su discrepancia con algunos artículos, principalmente los referidos a los funcionarios públicos. Entre los polémicos están el artículo 15, que condiciona el pago de sentencias judiciales por el Estado a que no exista afectación de los servicios a su cargo, y el 9, que levanta la prohibición de reingresar a trabajar en el Estado para los funcionarios públicos destituidos por omisión o ineptitud. El propio Secretariado, sin embargo, resolvió que ese ámbito no es el indicado para tomar definiciones relativas al proyecto de ley.
Sobre el artículo 15, fuentes del Ejecutivo aseguraron que su inclusión en el proyecto no responde al diferendo con los funcionarios del Poder Judicial. Según explicaron, se trata de un artículo similar a los usados por otros gobiernos de la región para prevenir la eventualidad de perder algún juicio millonario en litigios con empresas multinacionales.
Desde el Ejecutivo también señalaron que no habrá mensaje complementario al proyecto de Rendición de Cuentas (constitucionalmente, no es posible) ni tampoco hay grandes posibilidades de redistribución, ya que antes de enviar el proyecto “se midieron todos los gastos” y hay muy poco margen para redistribuir sin comprometer los programas en cada una de las carteras. En esto coincidió el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay): “Fue tan exigida la administración central que ahora hubo 700 millones de pesos adicionales que se sacaron del rubro 0 [recursos humanos]. Quedan muy pocas posibilidades”.