El cambio tecnológico expresado en la automatización, las diversas soluciones que brinda la inteligencia artificial y las tecnologías digitales puede favorecer el crecimiento, así como mejorar el bienestar agregado. En su versión más idealista, los humanos del futuro tendrían mucho tiempo para el ocio y el desarrollo de su creatividad y serían capaces de disfrutar del crecimiento productivo que provee la tecnología. En la versión más pesimista, estos cambios pueden profundizar la desigualdad hasta niveles grotescos. Este punto fue estudiado en un reciente informe del Banco Mundial, (1) que indica que el principal problema que enfrentan países como Uruguay es la caída en la demanda por tareas manuales rutinarias frente a otras que priorizan el desarrollo de habilidades cognitivas y no rutinarias. Estos cambios son inevitables y tendrán, además, una expresión política concreta. Uno de ellos tiene que ver con el debate sobre la política social.

Protección social y desarrollo

Durante un buen tiempo se pensó que los avances de las políticas de protección social resultan del balance de poder entre los trabajadores y los dueños del capital. Según este relato, el camino por el cual resulta viable acercarse a los ideales de igualdad y justicia social surge exclusivamente de la capacidad de los trabajadores para organizarse, desarrollar partidos de izquierda y crear un masivo comportamiento electoral consciente del significado del “voto de clase”. Así, por ejemplo, se ha explicado el desarrollo de los estados socialdemócratas europeos y muchas de las “conquistas” sociales en el resto del mundo.

Razonamientos alternativos a esta idea proponen que, en ciertos contextos, los empleadores o dueños de capital tienen un interés directo en las “características productivas” de la protección social. Abundan ejemplos en los que determinados regímenes de producción capitalista necesitan cierto nivel de capital humano para funcionar (podemos pensar en industrias especializadas o de nicho, típicas en países escandinavos). Con el avance tecnológico, los empleadores muchas veces necesitan que los trabajadores estén dispuestos a hacer inversiones en especialización o capacitación que pueden ser muy riesgosas por la alta probabilidad de volverse obsoletas de un día para el otro. Pero como toda inversión riesgosa, esto puede solucionarse mediante la implementación de un seguro. En este caso, la protección social es la que asegura a las inversiones en calificaciones que realizan los trabajadores, por lo que cumple un rol central en el proceso productivo. La coalición política que emerge de este fenómeno termina instaurando sistemas institucionalizados de coordinación de la economía en los que trabajadores y empresarios negocian en el seno del gobierno. Al contrario de la lucha de clases, cuenta esta historia alternativa, la protección social emerge de relaciones de cooperación y coordinación entre capital y trabajo para competir en los mercados internacionales.

Pero no siempre los intereses del capital en la política social son así de “virtuosos”. Hay situaciones en las que existen oportunidades de crecimiento económico que benefician a todos, pero sólo en el largo plazo. Un ejemplo es el comercio internacional. Para muchos la historia enseña que en la Europa de la posguerra la única forma de fomentar el desarrollo y, a la vez, evitar los autoritarismos habría sido asegurar el libre comercio internacional “compensando”, mediante transferencias sociales, a los perdedores de la apertura comercial: los trabajadores. La idea central de la política de la compensación es que los gobiernos democráticos necesitan expandir programas como el seguro de desempleo y las pensiones, para poder aumentar el apoyo popular a la apertura comercial. Desde esta perspectiva, los empleadores tienen un interés que también apunta a la expansión de la protección social, pero el mecanismo es distinto al anterior: se trata de compensar a quienes están excluidos del proyecto productivo o de crecimiento, y no necesariamente de integrarlos en forma plena.

El problema central de la lógica de la compensación es que, como su principal objetivo lo determina, no va más allá de la búsqueda de la paz social. Resulta radicalmente distinto que la política de protección social se implemente como forma de evitar una posible insurrección política de parte de los trabajadores, que cuando es una parte constitutiva del proyecto de desarrollo económico.

Renta básica, coaliciones políticas y compensación

En varios países del mundo, así como en Uruguay, se ha revitalizado el debate sobre la incorporación de mecanismos de transferencias universales y no condicionadas a ningún tipo de comportamiento. La idea es que todo el mundo tiene el derecho a un mínimo de ingreso que permita resolver las necesidades básicas de la vida.

Es común ver que este resurgimiento del debate esté atado a recientes diagnósticos de la velocidad a la que se destruye el trabajo a causa del avance de la industria tecnológica, las implementaciones de soluciones mediante inteligencia artificial, y la robotización en general.

La industria tecnológica es, a su vez, cada vez más consciente de las consecuencias políticas de llevar adelante este proyecto hasta sus últimas consecuencias: una grotesca desigualdad y un posible contragolpe político en su contra.

El principal obstáculo a la destrucción de empleo son justamente las leyes de protección laboral (y su enforcement), así como el poder de los trabajadores organizados y de gobiernos democráticos que dependen del apoyo (o consentimiento) de los sindicatos. La regulación laboral cumple un papel muy importante porque, de algún modo, “compra tiempo” para prepararnos frente a los efectos del cambio tecnológico. Aun así, el aumento del número de “perdedores” parece ser inevitable en el tiempo.

En un contexto en el que el sistema educativo parece estar divorciado de los cambios de las demandas del mercado de trabajo, y en el que las políticas activas de empleo son lastimosamente marginales, como sucede en Uruguay, la tentación de resolver compensando es muy grande.

La todavía tímida promoción de la renta básica universal en Uruguay está más centrada en transmitir y difundir las ideas de justicia que sustentan este diseño de política, así como sus alternativas prácticas de implementación. Por ejemplo: cómo hacer para convertir la estructura actual del gasto en pensiones, seguro de desempleo y programas de transferencias en una nueva política de transferencias universales.

Pero más allá de los principios de justicia, y de la solución a los problemas no menores de transición, debe también tenerse en cuenta que la renta básica universal constituye un poderoso instrumento de compensación capaz de hacer políticamente viable una gran aceleración del cambio tecnológico y la automatización, y, por ende, aumentar la velocidad a la que observamos estos fenómenos de destrucción del trabajo.

La renta básica no parece ser vista por la industria tecnológica como aquella que permite producir el capital humano necesario para fomentar el desarrollo. Todo lo contrario. Es una política que vendría a jugar el papel de asegurar la paz social y hacer políticamente viable un proyecto que, tecnológicamente hablando, ya está en marcha.

También hay motivos para pensar que una coalición detrás de un proyecto compensatorio de renta básica puede llegar a ser muy amplia, incluyendo a la industria tecnológica, a los sectores productivos que más se benefician con su avance y, sobre todo, a un gran número de trabajadores informales (o outsiders sin beneficios de la actual protección social), a los que se sumarán aquellos que se volverán obsoletos en el corto o mediano plazo. Esto es mucha gente.

No se trata de oponerse al cambio. Mucho menos a innovaciones de protección social como las que proponen las distintas propuestas de renta básica universal. Se trata, sobre todo, de involucrar la política social a los proyectos productivos. Será una cuestión política si este y los futuros gobiernos sólo se limitan a compensar perdedores.

(1). Ignacio Apella y Gonzalo Zunino (2017). “Cambio tecnológico y el mercado de trabajo en Argentina y Uruguay. Un análisis desde el enfoque de tareas”, Banco Mundial.

Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y personas.