La Corte Electoral (CE) debió suspender los servicios de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado, fotocopiadoras y equipos informáticos por falta de recursos, aseguró el presidente del organismo, José Arocena, al comparecer el miércoles ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, que estudia el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
Arocena aseguró que hace 18 años que los gastos de funcionamiento de la Corte no se ajustan por el Índice de Precios al Consumo (IPC). “Es muy fácil comprender que un organismo en el que aumentan de manera importante los gastos sin que se actualice el rubro destinado a financiarlos está destinado a caer en un creciente déficit presupuestal. Es lo que está sucediendo en la Corte Electoral”, aseguró el jerarca. Además de cortar servicios de mantenimiento, el organismo debió limitar servicios de vigilancia y “no tiene recursos para los uniformes de los funcionarios”, aseguró Arocena.
El presidente de la CE expresó sus “temores” de que la “crisis de financiamiento” del organismo tenga “alguna repercusión indeseada en los procesos electorales que tendrán lugar dentro de dos años”. Esto motivó la reacción inmediata del diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, quien se manifestó “preocupado” y dijo que la afirmación de Arocena no se puede “pasar por alto”. Le preguntó concretamente al jerarca si esto significa que se afectará la realización de las próximas elecciones.
Arocena respondió que el proceso electoral no dura “estrictamente un año y medio”, sino que comienza uno o dos años antes de las primeras elecciones, que son las internas de los partidos. “Si el problema de funcionamiento y las limitaciones que tenemos en materia de mantenimiento, de seguridad y financiación del propio registro cívico se mantienen –y con las actuales cifras se mantendrían, porque está congelada la cifra de aportes para el rubro correspondiente y aumentan incesantemente los costos por IPC–, esto va a tener influencia [en las elecciones]”, afirmó.
Nueva Junta
La comisión recibió también el miércoles a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). Se generó una discusión por uno de los artículos del proyecto de Rendición de Cuentas, que dispone la creación de una Junta Nacional Reguladora de Medicamentos y Afines. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, se refirió a directivas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que establecen la necesidad de fortalecer a las autoridades nacionales reguladoras de medicamentos mediante la creación de organismos regulatorios nacionales, potenciando las áreas de fiscalización y evaluación sanitaria. De esta manera, la OPS acredita a las autoridades regulatorias nacionales que dan garantías suficientes respecto del control de los medicamentos.
Basso aclaró que el ministerio ya controla la calidad de los medicamentos que se producen en el país, pero que la acreditación es necesaria sobre todo para la exportación de medicamentos. “En ese marco, hemos recibido múltiples planteos de la industria farmacéutica nacional en referencia a las dificultades que actualmente existen para la exportación de productos de fabricación nacional. La industria nos expresó que desde el país de destino se solicita que el producto sea elaborado en un país cuya autoridad reguladora de medicamentos esté reconocida por la OPS como de referencia regional”, explicó el ministro.
La Junta estará integrada por un representante del MSP, otro del Ministerio de Economía y Finanzas y otro del Ministerio de Industria, Energía y Minería, todos con carácter honorario. “La idea es que esta Junta sea algo así como una ventanilla única que se vincule con las distintas competencias y, entre ellas, las del ministerio, que son propias e indelegables, con las competencias de otros organismos del Estado”, explicó.
El diputado del PN Jorge Gandini y el independiente Iván Posada dijeron no entender la motivación del MSP para crear un nuevo organismo. “Se trata de una Junta Nacional que regula los medicamentos, pero el MSP tiene minoría; esto es muy llamativo. O sea que la mayoría está en la visión económica y no en la de la salud. Eso a mí me llama mucho la atención. Parece tener una función de control, y si es así, ¿dónde están los usuarios a los que se les ha dado participación, precisamente, en la gestión de los servicios de salud? No hay un lugar desde el que aquellos que son los que reciben los servicios públicos puedan estar controlando u opinando”, cuestionó Gandini.
Basso contestó que la Junta tendrá funciones de “rectoría de la temática vinculada a medicamentos”. “La idea es cumplir con los requisitos de las autoridades regulatorias, que son, precisamente, la separación del área de productos y servicios, y que se tenga una institucionalidad con determinada jerarquía. Estos son parte de los requisitos que plantea la OPS para calificar como autoridad regulatoria”, insistió el ministro. Posada pidió que en el articulado se aclare cuáles serían las competencias del nuevo organismo, y Basso prometió que atendería esta solicitud y enviaría agregados al articulado.