Hace dos años el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le hizo una serie de recomendaciones al Estado uruguayo, preocupado por la situación de tortura y los tratos inhumanos a los que son sometidos los adolescentes privados de libertad. La semana pasada Carolina Bárbara, coordinadora de Derechos del Niño de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), visitó Uruguay para evaluar el cumplimiento de esas recomendaciones. La desilusión fue grande: si bien constató que la administración actual no avala los malos tratos, estos continúan existiendo; además, no hay funcionarios suficientes, la privación de libertad sigue siendo la regla en lugar de la excepción, y el Parlamento no habilita a anular la Ley 19.055, de recrudecimiento de penas, tal como recomienda la legislación internacional.

Bárbara es abogada y especialista en derechos de la niñez; es oriunda de Paraná (Brasil) y trabaja en la sede de Ginebra de la OMCT. Desde 2009 la OMCT y su organización miembro en Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), monitorean los centros de detención juvenil para elaborar un informe con recomendaciones. Desde el 26 al 30 de junio Bárbara e integrantes de Ielsur recorrieron tres centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) en Montevideo –el Centro de Estudio Diagnóstico y Derivación (CIEDD), el Centro de Medidas de Contención, el Centro de Internación de Adolescentes Femenino– y dos en la Colonia Berro –el MD1 (ex SER) y el hogar Piedras– y se entrevistaron con autoridades del INISA y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con integrantes del Poder Judicial y de organizaciones sociales. En la charla con Bárbara participaron, por momentos, Mauricio Vázquez, de Ielsur, y Luis Pedernera, quien, además de integrar Ielsur, forma parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

“Te sentís como un animal”

“Lo primero que me dijo un chico en el CIEDD fue: ‘Te sentís como un animal, no te sentís como una persona’”, lamentó Bárbara, y señaló que allí están 23 horas encerrados “con las mínimas condiciones de higiene y sin nada para hacer”. Esa cantidad de horas de encierro era una de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU; sin embargo, la realidad no ha cambiado. La experta recordó que en sus dos visitas anteriores se estaba construyendo el CIEDD. “Me lo mostraron como lo máximo, [poniendo el énfasis en] que iban a tener calefacción por tierra. ¿Cómo se puede aprobar un proyecto de un centro así, que es un encierro total, en el que el niño no sale, no tiene un acompañamiento?”, preguntó. Hasta hace poco menos de un mes, los internos del CIEDD se bañaban con agua fría; hay módulos clausurados por malas condiciones porque, pese a que se inauguró en 2014, “se está cayendo”. Tampoco funcionan las cámaras de seguridad, que darían ciertas garantías para que no se repitan situaciones como la del Ceprili (ver nota vinculada). En el CIEDD hay 86 adolescentes, de los que sólo cinco tienen sentencia, y el período de permanencia es de 60 a 90 días.

“Todos los centros de detención en los que estuvimos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, aunque no se haga nada, aunque no se produzca un hecho de violencia, sólo por las condiciones en las que están viviendo [los jóvenes que están allí], por las condiciones edilicias, por las horas de encierro, por la situación en la que están, sin un plan, sin nada, por las condiciones en que duermen, por cómo son tratados; hay centros en los que nos dijeron que hay celdas de aislamiento”, enumeró.

Bárbara y Vázquez mencionaron los suicidios ocurridos en centros de INISA: “Que en un año se hayan suicidado dos niños en el centro donde están los más chiquitos es escandaloso. Están bajo la tutela del Estado, es un caso de negligencia muy claro”. La experta agregó que durante su visita al CIEDD supo de un chiquilín que había intentado suicidarse el día anterior; es uno de los que pasan 23 horas encerrados.

Describieron la estructura del MD1, donde están alojados adolescentes mayores de 18 años: son varias alas, unas separadas de otras y con patios y varias puertas en el medio. Dadas las dificultades de acceso, el mal estado de las instalaciones eléctricas y la falta de funcionarios, preguntaron acerca del plan que debería activarse en situación de incendio. “Me dijeron: ‘Ah, no tenemos protocolo de incendios, ningún centro de INISA tiene protocolo de incendios’”. Ni siquiera tienen habilitación de bomberos. “Hay casi 500 [internos en el INISA]; están pidiendo para que haya un desastre”, evaluó.

Las actividades son escasas en todos los centros. “No hay un plan de inserción, no hay talleres, el liceo son parches, son cursos de una hora o 45 minutos y no se imparten todos los días; los chiquilines van con grilletes y esposas”, lamentaron.

Además, varios adolescentes señalaron la violencia policial. Cuando son detenidos, les hacen el examen físico y luego los funcionarios, en la comisaría, los golpean, por lo que pasan a declarar al juez con un examen físico correcto. Mencionaron, además, que se hacen requisas violentas en algunos centros del INISA.

¿Cambiará?

Los entrevistados contaron que con lo solicitado en el proyecto de Rendición de Cuentas podrán ingresar 100 funcionarios para todos los centros, un número totalmente insuficiente.

Bárbara lamentó, además, que “la situación tampoco puede mejorar con la cuestión legislativa”, y se refirió, específicamente, a la Ley 19.055, aprobada en diciembre de 2012, que agravó las penas para los adolescentes. “Si el país prioriza la privación de libertad, el número de chicos [presos] va a seguir creciendo, y no tienen las estructuras para recibirlos. Y no tienen que tenerlas: tienen que tener programas alternativos”, explicó. Según la Convención de los Derechos del Niño, las medidas de privación de libertad deben ser el último recurso, pero en Uruguay hay 500 presos y poco más de 100 con medidas no privativas. Bárbara dijo que está comprobado internacionalmente que quienes cumplen medidas no privativas reinciden menos en el delito. “Les preguntamos a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos si hay posibilidad de cambiar la Ley 19.055 y nos dijeron que la ley obedece a un cambio de opinión pública en el momento en que fue votada. Pero lo que yo les dije es que los derechos humanos no son una cuestión de opinión pública, sino que los legisladores tienen la obligación de hacer leyes que cumplan con las obligaciones internacionales del país. No es excusa. Es un absurdo que siga existiendo una ley que el Comité de Derechos del Niño pidió expresamente que se revocara”.

Bárbara apuntó que, si bien hay “un cambio de mentalidad de las autoridades” para que no haya castigo físico, “si la situación se sigue manteniendo, esto es un caldo de cultivo”, porque la falta de recursos y la lógica de encierro hacen que el ambiente sea “muy frágil, [apto] para que se vuelva a ver escenas como la de Ceprili; hay una fragilidad latente, es el ambiente perfecto para prácticas de tortura”.