Desde mayo y hasta fin de año, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) trabajará en la elaboración de una Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano. Ayer la cartera hizo el lanzamiento, pero los encuentros –que terminarán con un documento elaborado de manera participativa– arrancaron en mayo con los gobiernos departamentales; habrá talleres regionales, intercambios y encuentros con organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil, de la academia, de las cámaras empresariales, del cooperativismo e instituciones vinculadas a la construcción.

El fin es atender un problema que ya tiene larga data en la capital del país y que se comprobó que se repite en ciudades “intermedias o medianas” del interior: el desarrollo urbano expansivo, el lento crecimiento poblacional en zonas céntricas y un mayor ritmo de poblamiento en las áreas periféricas. “Se repite el fenómeno que antes observábamos en el área metropolitana en estas ciudades intermedias y medianas, y ahí está el centro de la preocupación de esta estrategia de acceso al suelo urbano”, explicó José Freitas, responsable de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Freitas mostró planos de ciudades que graficaban lo que decía: Las Piedras, Fray Marcos, San José de Mayo, Salto. Detalló por qué ese fenómeno constituye un problema; lo principal es que inmuebles ubicados en zonas con todos los servicios dejan de tener uso social, se convierten en edificaciones abandonadas o en baldíos; por otra parte, es necesario invertir en infraestructura en áreas periféricas, que no cuentan con los servicios. Pero, además, está la segregación socioterritorial, y el costo y el tiempo de traslado hacia los trabajos o centros educativos. Entre las causas, señaló que “seguramente la especulación inmobiliaria y los altos costos del suelo servido son las dificultades que están atrás de esto”, así como el mayor desarrollo de proyectos de vivienda social en la periferia. Citó, no obstante, que no sólo se expanden quienes no tienen recursos, sino que también han crecido “barrios periféricos exclusivos”.

“Hay que profundizar la política de gestión urbana convocando a una estrategia nacional de ordenamiento que sea ese nexo entre las políticas de ordenamiento a nivel nacional y las políticas de vivienda”, dijo Freitas. Al tiempo que tratará de revitalizar las áreas centrales de las ciudades, el MVOTMA se propone “consolidar y calificar los barrios y las periferias que ya están desarrolladas”, enumeró.

A modo de titular, Freitas dijo que hay que “profundizar en la gestión, con incentivos y desincentivos, con fortaleza jurídica para poder actuar, con acciones directas, con cooperación y coordinación de políticas”, tanto a nivel nacional como departamental.

Salvador Schelotto, titular de la Dirección Nacional de Vivienda, comentó que ya se está trabajando en ese sentido, y mostró sobre el plano de Montevideo los inmuebles públicos en zonas céntricas que serán destinados a vivienda, así como se hizo con el corredor municipal en el Barrio Sur, en donde se construyeron varias cooperativas de vivienda. También citó el caso de la reconstrucción de Dolores, que abarcó a un tercio de la ciudad destruida por el tornado. Anunció, además, que se está trabajando en un plan de impacto para crear viviendas permanentes fuera del área de inundación más vulnerable en el litoral del país. En ese sentido, mencionó que en la ex fábrica Paylana, en Paysandú, habrá viviendas y centros educativos, productivos y recreativos.

Interés social

Esta expansión hacia la periferia se dio pese a que hace cinco años se aprobó la Ley 18.795, llamada De Vivienda de Interés Social, que consiste en la exoneración impositiva de proyectos inmobiliarios y que, si bien dinamizó el mercado, no logró bajar los altos precios de las viviendas. La Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) rechaza los cambios que el MVOTMA le introdujo a la ley en marzo; en una entrevista publicada ayer por el diario El País, Julio Villamide, asesor de APPCU, señaló que los nuevos topes de precio generaron “un desastre” y que se frenaron las inversiones. Consultada al respecto, la ministra Eneida de León negó que se hayan frenado las inversiones, y sostuvo que “los inversores privados quieren más exoneraciones, menos topes, etcétera”. Además, explicó que su cartera eliminó topes anteriores y estableció otros temporales para 10% de las unidades de proyectos inmobiliarios que tengan más de siete viviendas (y 20% para las del interior). “Eso es lo que nosotros pedimos, es lo que está topeado, pero en realidad es por un período corto. Creo que en realidad están haciendo una campaña, especialmente APPCU, para que les den todos los beneficios y les quiten todas las obligaciones”, agregó.