“La Justicia actúa independientemente, me supongo, y esperemos que todo el mundo acate el fallo final cuando se dé, que no va a ser ahora, sino dentro de algunos meses”, se limitó a decir el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, respecto de la condena contra el ex presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, cuya aplicación está en suspenso hasta que sea ratificada en segunda instancia por un tribunal. Nin Novoa no quiso hacer más referencias, porque “un canciller no debe comentar las decisiones de la Justicia, y menos si son de otros países”, pero dijo que la condena a Lula “es una decisión de primera instancia, es recurrible, y no hay sentencia definitiva”.
La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, también opinó sobre la situación del ex presidente brasileño, pero lo hizo a título personal. Aseguró que la situación le “preocupa”, porque Lula “es una persona que ha llevado adelante políticas progresistas en Brasil y porque es una maniobra para impedirle ser candidato en las próximas elecciones, porque era la persona que reunía mayor consideración ciudadana entre los brasileños”.
El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió ayer una declaración sobre la situación que vive el país vecino, en la que afirma que “sospechosamente, el día posterior de la aprobación del mayor retroceso en las conquistas laborales de los últimos 50 años en Brasil, un juez con claros antecedentes de fallos no ratificados en segunda instancia, condena sin ‘prueba’ alguna y ‘por convicción’, según declaraciones del propio fiscal de la causa”. El MPP asegura que “una elección presidencial en 2018 sin Lula como candidato constituiría un fraude”, y reafirma su “convicción de que esto se enmarca en una ofensiva de la derecha continental para detener los avances y conquistas que el pueblo ha logrado con los procesos de los Gobiernos Progresistas en nuestra Patria Grande”.
El PIT-CNT también emitió un comunicado sobre la situación de Lula, a quien le expresó su solidaridad, además de repudiar “este nuevo ataque, que implica su arbitrario e ilegal procesamiento”. El comunicado del Secretariado Ejecutivo de la central sindical asegura que el procesamiento es “un paso más de la oligarquía corrupta y golpista, que derrocó a Dilma y puso en marcha un brutal ajuste contra el pueblo brasileño, congelando por 20 años la inversión pública, cerrando los programas sociales que habían permitido llevar a su mínimo histórico la pobreza, aprobando hace dos días una contra reforma laboral que deroga las 8 horas y permite jornadas laborales de 12 horas, el pago en especie del trabajo rural, recorta la negociación colectiva y autoriza el despido injustificado, en un retroceso histórico”. Además, el PIT-CNT asegura que Lula “es el primer presidente obrero de Brasil y de América Latina. Es un símbolo del peso de la clase obrera y de su proyección política. Por eso lo odian y lo persiguen”.
El Partido Comunista del Uruguay (PCU) también expresó su repudio al procesamiento que, considera, “constituye un nuevo golpe contra la democracia y la libertad y profundiza la grave situación política y social en Brasil, con un gobierno golpista usurpador que no se sostiene”. La declaración, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del PCU, asegura que el juez Sérgio Moro, quien pidió la condena de Lula, “es uno de los instrumentos de la oligarquía brasileña para atacar a la izquierda y al movimiento popular, participó públicamente en las manifestaciones que promovían el derrocamiento de Dilma y fue parte del golpe de Estado en su contra”.
En tanto, la lista 711 también manifestó su “preocupación por la dudosa resolución judicial”.
En la oposición, en cambio, generalizaron la situación de Lula a la de otros gobiernos progresistas de la región. “Una década de gobiernos de amigos progresistas en A. Latina”, escribió en Twitter el diputado nacionalista Jorge Gandini, mientras que el senador colorado José Amorín tuiteó que “la corrupción está enterrando al populismo socialista latinoamericano”. El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, insistió con José Mujica en un video que difundió el miércoles: “El partido de Dilma y Lula pagó por obras para enriquecer a las familias más ricas de Brasil a cambio de dinero para la campaña, esto está comprobado y hay gente presa. Mujica ve esto y los defiende igual, así como defendió a Cristina Kirchner”.