Mañana comienza la votación en comisión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2016 y modificación presupuestal, con el objetivo de terminar el jueves. Ambas jornadas serán “a todo vapor”, graficó el coordinador de la bancada del Frente Amplio (FA) y presidente de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge Pozzi. La bancada de diputados del oficialismo todavía no llegó a un acuerdo sobre cómo redistribuir recursos presupuestales, y además, para muchos artículos el FA no cuenta con mayoría en la cámara baja, por lo que deberá negociar con la oposición.

Pozzi explicó a la diaria que esta noche, después de la sesión de la comisión, en la bancada de diputados del FA empezarán a estudiar los artículos que quieren sustituir y agregar. En una segunda etapa trabajarán en la interna en un acuerdo sobre las redistribuciones. Como prioridades se manejó destinar 200 millones de pesos a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para cumplir con el convenio salarial firmado en 2015; regularizar la situación de 1.013 auxiliares de servicio de primaria (proceso que implicaría un máximo de 333 millones de pesos); 400 millones de pesos para los programas de atención a la dependencia severa del Sistema Nacional de Cuidados, 114 millones a los Centros de Atención a la Primera Infancia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), 92 millones de pesos a los CAIF, 105 millones de pesos para salarios del INAU, 40 millones para salarios del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y 150 millones para la Universidad Tecnológica (Utec). Una de las alternativas de financiamiento que se manejan para cubrir parte de estas demandas es autorizar a la ANEP a utilizar los recursos del Fondo de Inasistencias, que, en promedio, genera entre 500 y 600 millones de pesos anuales por faltas de funcionarios, según explicó el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti. Estos recursos podrían destinarse a complementar la partida para aumento salarial y, por lo menos, para parte de la regularización de los auxiliares de servicio.

A su vez, la bancada oficialista analiza la posibilidad de incluir una cláusula gatillo o programática, para determinar que si las cuentas del Poder Ejecutivo mejoran por encima de lo previsto, se destinen mayores recursos a la educación y a cuidados. Sobre esto hay varias visiones en la interna del FA: el Partido Socialista propuso que la cláusula se aplique en caso de que la economía crezca en 2017 por encima de 2% del Producto Interno Bruto, el guarismo previsto en la Rendición de Cuentas por el gobierno, mientras que Asamblea Uruguay plantea que se aplique si antes de fin de año hay cambios legislativos que determinen un aumento de los ingresos o una disminución de las transferencias a la seguridad social, por ejemplo, la votación del impuesto a las jubilaciones militares o la reforma de la Caja Militar. Pozzi consideró que ambas posturas “son complicadas de aplicar” y mencionó que puede llegar a haber una tercera alternativa, ya que se busca contar con una cláusula de ese tipo.

General y particular

El FA todavía no tiene la certeza de que la Rendición de Cuentas se pueda aprobar en general, ya que no cuenta con 50 votos en la cámara baja. De todas formas, el diputado independiente Gonzalo Mujica ha manifestado su intención de votar el articulado en general, dejando constancia de sus discrepancias. También se maneja la posibilidad de que lo haga el diputado colorado Fernando Amado, diputados del Partido Independiente o incluso alguno del Partido Nacional (PN). Si bien ayer la bancada de diputados del PN resolvió votar en contra del proyecto en general, Jorge Gandini dijo a la diaria que “si fuera necesario nuestro voto para entrar a discutir el contenido, lo discutiríamos”, ya que, además, “no vamos a dejar al Poder Ejecutivo sin discutir y pudiendo decir que los responsables somos nosotros [de que no haya Rendición de Cuentas]”. Por otra parte, si bien Unidad Popular manifestó que no acompañará el proyecto en general, sí adelantó que acompañará la creación de la tasa consular.

Ayer los diputados nacionalistas acordaron promover cambios para destinar 200 millones de pesos para cumplir con el convenio salarial en ANEP, 333 millones para regularizar a los auxiliares de servicio, 106 millones para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 150 millones para la Utec, 104 millones para salarios del INAU, 36 millones para salarios del INISA y 18 millones para la Corte Electoral. Para financiar esta propuesta, que implica en total unos 950 millones de pesos, los nacionalistas todavía no tienen una propuesta definida, pero apuestan a la “disminución de créditos transversales: recortar créditos a todos los organismos del presupuesto nacional”, pero, según explicó, “sin tocar inversiones ni salarios”. Gandini consideró que estos recortes implicarían “porcentajes muy pequeños” para cada inciso.