La semana pasada, con la firma de los legisladores del Frente Amplio, ingresó al Parlamento un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos y publicidad electoral que modifica la normativa vigente en varios puntos.

La comisión especial sobre financiamiento de los partidos y publicidad electoral de la Cámara de Senadores trabaja desde el año pasado en una iniciativa multipartidaria, pero subsisten algunas discrepancias entre los partidos. El senador frenteamplista Marcos Otheguy explicó a la diaria que la bancada del FA ingresó un proyecto para que se discuta sobre esa base. Estimó que en líneas generales habrá acuerdo entre todos los partidos, aunque algunos puntos no serán acompañados por la oposición.

El senador del Partido Nacional (PN) Luis Alberto Heber dijo a este medio que hay temas sobre los que existen discrepancias. “Hay realidades que son distintas en el manejo de las finanzas de algunos de los partidos, hay que ir adecuándose a las prácticas de cada uno”, consideró. Por ejemplo, la iniciativa presentada por el FA establece que los partidos políticos, sectores internos y listas de candidatos sólo podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones de personas físicas “debidamente identificadas”. Allí hay una discrepancia con el PN, que entiende que esto es válido para las contribuciones permanentes, pero no para las donaciones en campaña electoral. “Nosotros creemos que no puede haber contribuciones permanentes de una empresa, estamos de acuerdo, porque si no, una empresa está aportando a un partido político y eso no es de recibo. Pero en las campañas electorales, ¿qué diferencia hay entre que te dé una empresa y que te dé un empresario? Es el dueño de la empresa o es la empresa, no vemos diferencia ahí”, declaró Heber.

El proyecto contempla la posibilidad de que los partidos políticos fijen contribuciones especiales para las personas que ocupan cargos electivos, políticos y de particular confianza y que estén afiliadas al partido “o que hayan sido propuestas por el partido” para ocupar ese cargo. La contribución no podrá superar el 15% de la retribución líquida que perciba la persona en el cargo en el que fue designada y se retendrá en forma obligatoria de su sueldo, siempre que exista consentimiento expreso y por escrito de la persona involucrada.

Al mismo tiempo, el proyecto dispone topes para las donaciones: una persona no podrá donar más de 300.000 unidades indexadas (UI) (cerca de un millón de pesos) a un mismo candidato, lista o sector por campaña electoral. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de cada partido no podrán donar más de 400.000 UI (casi un millón y medio de pesos); los candidatos a senadores, diputados o intendentes, no más de 300.000 UI, los candidatos a cargos legislativos departamentales, no más de 200.000 UI (cerca de 700.000 pesos), y los candidatos a alcaldías, no más de 100.000 UI (360.000 pesos, aproximadamente).

El financiamiento permanente de los partidos también estará topeado; una misma persona no podrá donar más de 100.000 UI por año a un partido o sector. Además, las donaciones deberán depositarse a nombre del partido político en el Banco República. Todas las donaciones deberán hacerse mediante pago electrónico, lo que también genera algunas reticencias en el PN. “Si nos donan una vaquillona, ¿también la vamos a bancarizar?”, preguntó Heber.

La iniciativa establece, por otra parte, que los partidos deberán elaborar estados contables que incluyan una auditoría externa para presentar ante el Tribunal de Cuentas.

Sin favoritismos

En la última campaña electoral, los canales de televisión establecieron tarifas diferenciales a los partidos políticos que perjudicaron principalmente al Frente Amplio. Teniendo en cuenta este antecedente, el proyecto del FA regula la contratación de mensajes publicitarios, que dejarán de ser un mero contrato entre un canal privado y un partido político y se harán con intervención de la Corte Electoral. De prosperar la iniciativa, los medios estarán obligados a “no hacer distinción alguna en el precio de contratación, el cual deberá ser acordado previamente entre los medios de comunicación y la Corte Electoral”.

Sin publicidad del Estado | La iniciativa presentada por el FA prohíbe la publicidad del Estado en el período electoral, con la única excepción de campañas de información sobre situaciones puntuales y de interés general.

El proyecto dispone también que “la remisión de deuda actual o futura, total o parcial, por la prestación de servicios de comunicación en forma desigual por los partidos políticos configurará una donación encubierta, prohibida por la ley, y operará la caducidad de la autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual”. Heber consideró que la revocación de una frecuencia a un medio por condonar la totalidad o parte de una deuda a un partido es como “contestar con una bomba atómica” a una falta; valoró que sería más adecuado establecer una multa. “Una multa muy grande, sí, porque hay una situación de favoritismo hacia determinado partido político, pero revocarle la frecuencia... ¿y cómo hacés con las radios? ¿Vas a empezar a quedarte con las radios?”, inquirió el senador nacionalista. Acotó que “es muy común” que los partidos políticos queden endeudados con los canales de televisión, y que los canales financien las deudas. “Tener una financiación igual para todo el mundo me parece correcto. Pero la pena me parece una exageración”, señaló.

El proyecto establece que la publicidad de los partidos políticos, tanto en los medios tradicionales como en “la prensa en internet y cualquier medio de comunicación”, podrá iniciarse diez días antes de las elecciones internas, 30 días antes de las nacionales, 15 días antes de la segunda vuelta y 30 días antes de las elecciones departamentales. Fuera de ese período, sólo se permitirá publicidad que convoque a actividades puntuales, como conferencias u homenajes.

Oposición y oficialismo llegaron a un acuerdo en torno a la distribución del porcentaje de publicidad electoral gratuita en radio y televisión: 45% se repartirá en forma igualitaria entre todos los lemas con representación parlamentaria; 50% según la proporción de votos obtenidos en las elecciones nacionales inmediatas anteriores; y 5% para los nuevos partidos, con un tope máximo para cada uno de ellos equivalente a los minutos del partido con menor representación parlamentaria. El mismo criterio rige para las elecciones departamentales y municipales. En la segunda vuelta, el tiempo se distribuirá en partes iguales entre las dos fórmulas presidenciales.

La Corte Electoral impondrá multas para quienes infrinjan estas normas, que irán desde 300.000 pesos a un millón de pesos. Los medios también podrán ser sancionados con los mismos valores previstos para los partidos. Con el dinero de estas multas se prevé la creación de un “Fondo para el Fortalecimiento Democrático de los Partidos Políticos”, administrado por la Corte Electoral.

Por la plata baila el mono | El proyecto de ley establece incentivos para la participación política de las mujeres. Por ejemplo, el dinero que paga el Estado a los partidos políticos por cada voto emitido se incrementará 15% cuando las listas sean encabezadas por mujeres, y el financiamiento permanente se incrementará 20% en los sectores y listas encabezadas por mujeres que ocupen efectivamente su cargo, y 10% por cada mujer titular electa que ocupe su cargo.