“El discurso de Uruguay en Ginebra es completamente distinto del discurso aquí y de la realidad de los adolescentes”, aseguró Bárbara. De todos modos, notó un cambio respecto de 2015, cuando el INISA tenía la estructura anterior y era el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), presidido por Ruben Villaverde. “Se siente un cambio de mentalidad después de que cambiaron las autoridades del INISA. Con Villaverde había carta blanca para la tortura; con [Gabriela] Fulco [presidenta de INISA] por lo menos no está la carta blanca. Al hablar con los adolescentes se siente que hay una relación un poco mejor con los funcionarios, aunque sean casi los mismos, y los funcionarios sienten que la administración ya no aprueba esos hechos. Sin embargo, la impunidad es la misma”, explicó.

“Yo no sé qué tiene que pasar en Uruguay para que haya una condena por tortura”, comentó la experta. Recordó el video que en julio de 2015 registró a funcionarios del entonces Sirpa golpeando a adolescentes internados en el hogar Ceprili, y que, pese a la existencia de esa prueba, “no pasó nada”. Reprobó que “los funcionarios, aunque se ha probado que cometieron una violencia contra un niño, se quedan en el sistema. Eso es lo que asusta, que haya un nivel de impunidad a este punto; que aunque haya una condena el funcionario siga en el sistema y cuente con la protección del sindicato, que es otro tema”, apuntó.

A fines de 2016 la Justicia absolvió a los 14 funcionarios –entre ellos Joselo López, presidente del sindicato– que habían sido procesados por tortura por participar en el episodio de malos tratos en el Ceprili; consultada al respecto, Bárbara comentó que “cuando se trata de adolescentes, la Justicia siempre utiliza eufemismos en Uruguay; nunca es tortura, son malos tratos, es abuso de autoridad... Yo creo que hay una resistencia a la palabra ‘tortura’, hay un problema de tipificación del crimen de tortura”. “Es muy grave que haya un sindicato que se preocupe más por sus derechos laborales que por los derechos del niño, y que todos lo sepan y nadie pueda hacer nada; es como si fueran una mafia guardiana”. La experta hace visitas a Brasil, Filipinas y Benín. “Yo no tengo conocimiento de que en otros países un sindicato actúe en adolescencia juvenil con este poder que tiene el sindicato de Uruguay”, dijo, y afirmó que el poder del sindicato se vuelve una traba para la Justicia, “para que haya una condena”.