La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de “plan integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo”, que incluye acuerdos que surgieron en el marco de la Comisión Interpartidaria que se reunió el año pasado en la Torre Ejecutiva con el presidente Tabaré Vázquez. La vedette del proyecto es el aumento de penas para los delitos vinculados al narcotráfico. A saber, modifica el Decreto-ley 14.294, de 1974, y pena con dos a diez años de prisión la producción de materias primas o sustancias “capaces de producir dependencia física o psíquica”, según las listas a las que se refiere esa ley (queda exento de pena quien cultive marihuana en los términos de la Ley 19.172, de regulación del cannabis). Además, se castiga con pena de dos a 18 años de penitenciaría el tráfico de estupefacientes realizado por un grupo organizado, y de 20 meses de prisión a diez años de penitenciaria el cometido por una persona.

“Soy un convencido de que hablar de los presos y del sistema carcelario no da votos”, dijo el diputado colorado Germán Cardoso en pleno debate en la cámara. No obstante, señaló que abordar el tema es “responsabilidad de todos” y que, “por más grave que sea el delito que haya cometido una persona”, en algún momento va a recuperar la libertad, por lo tanto, queda por delante debatir sobre lo que se está haciendo para invertir en la “rehabilitación y recuperación de la mayor cantidad de personas posibles”. Además, Cardoso dijo que el proyecto aprobado “no va a ser la solución definitiva, pero va a contribuir a seguir trabajando y perfeccionando una realidad que hoy golpea al país”. Por último, celebró “que la bancada del Frente Amplio [FA] haya cambiado el concepto que tuvo durante diez años de que aumentar las penas no solucionaba nada”.

Por otro lado, el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, dijo que apoyaba el proyecto en general, pero no el título cuatro –referente a las penas al tráfico–, ya que “no diferencia la venta al menudeo del gran narcotráfico”. Agregó que hay que eliminar el origen del narcotráfico: “los financistas”.

Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional, dijo que el debate sobre el aumento de penas hace perder de vista otros aspectos igual de importantes, y señaló que el artículo 31 de la Ley 14.294, modificado por el proyecto, “es sumamente peligroso”. Agregó: “No quisiera estar en la piel de la gente que por cualquier motivo esté rozando esto que no está bien tipificado”. El mencionado artículo dice: “El que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos y otros productos químicos mencionados en el artículo 30 de la presente ley y de acuerdo con lo dispuesto en este, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría”.

Bianchi subrayó que el aumento de penas “puede molestar a muchas personas”, pero la redacción del artículo 31 “debería preocupar mucho más” a quienes se interesan en los derechos humanos, “porque está en juego nada menos que la tipificación de un delito, y, en consecuencia, la libertad de la gente”. Por último, la diputada nacionalista indicó que “nos estamos perdiendo una excelente oportunidad de hacer las cosas bien”, ya que se va a postergar la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, “y estamos aprobando normas salpicadas, que no pasan a formar parte de un cuerpo normativo”.

“Va a ser la primera vez que concuerdo con la diputada preopinante”, dijo Cecilia Bottino, del FA, y subrayó que hay que hacer un “gran esfuerzo” por “sistematizar la normativa penal”. Expresó su preocupación “por cómo seguimos legislando en materia penal, con leyes particulares que traen aumentos de penas, sin tener en cuenta el bien jurídico que estamos tutelando”. Además, la diputada del Movimiento de Participación Popular señaló que el año pasado se aumentó la pena por el delito de abigeato, porque “en nuestro derecho penal la propiedad sigue valiendo más que las personas”. Por último, dijo, tendría que sensibilizar a todos “el alto número de mujeres privadas de libertad por delitos asociados a tráficos de drogas”, ya que “es un claro indicador de la victimización de las más pobres y vulnerables en la aplicación de las políticas actuales de drogas”.