Martín Vallcorba, integrante de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, lamentó la “desinformación” y la falta de “fundamentos” de quienes buscan “frenar” el proceso de inclusión financiera.

–¿Qué te parece el apoyo de dirigentes de la oposición al plebiscito contra la inclusión financiera?

–Cuesta identificar cuáles son los reales motivos que fundamentan una iniciativa de este tipo, tanto a nivel de los sectores políticos como de los propios sectores sociales y empresariales. Se podría identificar tres grandes argumentos que se han planteado a favor de esta iniciativa de reforma constitucional. Uno tiene que ver con los costos que les significa a los comercios la operativa del pago electrónico. Otro se vincula al tema de los trabajadores rurales, las pequeñas localidades y todos los problemas que les genera. Por último, el tema de la obligatoriedad y la falta de libertad. En general, los actores políticos que se han sumado a la iniciativa han estado repitiendo alguno de estos tres argumentos, y ninguno de los tres tiene una base real en la que fundarse. En el caso de los comerciantes y el perjuicio que tiene para ellos, en realidad, el plebiscito que se promueve –más allá de que no es materia de la Constitución– lo único que prevé es que no se pueda restringir el uso del efectivo. ¿Qué cosas de las que están previstas en la Ley de Inclusión Financiera se verían afectadas por esta modificación? El pago de remuneraciones, que no se puede hacer en efectivo; la compraventa de inmuebles y de automóviles, y los pagos de montos elevados. En las transacciones cotidianas, hoy no es obligatorio [el uso de medios electrónicos]. Por lo tanto, el plebiscito no les cambia en nada, y la preocupación que tienen, que es el costo por el uso de medios electrónicos, no tendría ningún beneficio por la aprobación del plebiscito.

–¿Quiénes se beneficiarían, entonces?

–Esto lo vinculo con el argumento que tiene que ver con la supuesta obligatoriedad y violación de la libertad que implica para el trabajador, porque en definitiva se parte de la base de que el trabajador antes tenía la libertad de elegir cómo cobrar y dónde cobrar y la ley le sacó esa libertad, cuando la realidad muestra que quien decidía cómo pagaba y con qué instrumento era el empleador. Lo que la ley hizo fue darle al trabajador el derecho de elegir en qué institución cobrar, con la restricción de que no puede cobrar en efectivo, más allá de algunas excepciones previstas. ¿Por qué es importante la obligatoriedad? Primero, para asegurarnos de que ese derecho se pueda ejercer, sobre todo en las empresas chicas, donde no hay organización sindical y la relación entre el empleador y los trabajadores es muy asimétrica. Y porque además esta es una herramienta muy potente en términos de la formalización del mercado de trabajo. Por ahí es donde puede haber preocupación por parte de algunos actores, que ven que se les van restringiendo las posibilidades de tener trabajadores en negro. Y mejorar en formalización no es otra cosa que seguir avanzando en derechos de los trabajadores. Porque además, para el empleador instrumentar estos medios de pago no tiene ni complicaciones operativas ni costos. En el caso del otro argumento, vinculado a la afectación a los trabajadores rurales o de pequeñas localidades, se dice que los trabajadores tienen que desplazarse 50 kilómetros para hacerse del efectivo. En realidad, eso no tiene nada que ver con la Ley de Inclusión Financiera, que expresamente prevé que en el caso de los trabajadores rurales y de localidades pequeñas, cuando no hay un punto de extracción en un radio de tres kilómetros, no es obligatorio el pago por medios electrónicos. Por lo tanto, sostener eso es desinformar y alentar una sensación de temor ante el cambio, que es natural, porque esto implica para muchos salir de la zona de confort, porque va en la dirección de modernizar la economía. Y genera cierta incertidumbre. Si a esa incertidumbre le agregamos desinformación, en definitiva se impide dar una discusión de calidad sobre las políticas públicas.

–En el caso de las compraventas, ¿la inclusión financiera reduce la evasión fiscal?

–No tanto la evasión impositiva, sí el lavado de activos. Es muy difícil pensar que uno va a comprar una estancia llevando los dólares en un maletín. Cuando las transacciones se hacen de esa manera, en general por detrás se está ocultando algo. El efectivo en el mundo es el vehículo que se utiliza para la evasión de impuestos, para el lavado de activos, para la corrupción. Entonces, todo lo que vaya en la dirección de la transparencia afecta a aquellos sectores que se mueven en ese mundo, que tienen como principal aliado el efectivo. Hoy la enorme mayoría de las transacciones ya se hacen como prevé la ley, por ejemplo, mediante letras de cambio. Esto afecta a una pequeña cantidad de transacciones que se hacen en efectivo, y las razones por las cuales se hacen así habría que buscarlas por otro lado.

–Luis Lacalle Pou fue el primer dirigente de peso de la oposición que se sumó a la campaña del plebiscito. ¿Va a contrapelo de la imagen de modernidad que quiso plasmar en la campaña anterior?

–Sin duda, creo que esto es una iniciativa que apunta a frenar un proceso de modernización que ha tenido resultados muy importantes en el sentido de transformar el sistema de pagos, poniendo a tono a la economía uruguaya con la tendencia a nivel internacional. Y también es un planteo que no va por la positiva. De todos modos, yo creo que este proceso, aunque muchos actores políticos quieran frenarlo, no se frena, porque es adonde va el mundo. Si no hubiéramos hecho políticas públicas, el resultado hubiera sido dejar por el camino al pequeño comerciante, que era el que tenía mayores obstáculos para acceder. La idea es apostar a la modernización sin que quede nadie por el camino.