“Iniciativa Ciudadana en defensa de la Ley 19.172 (Regulación del cannabis) y de derechos y libertades de nuestra institucionalidad democrática” es el nombre de un grupo conformado para reivindicar y promover la aplicación de dicha ley. El grupo se activó rápidamente y convocó una conferencia de prensa a cuatro días de que se conociera que el Banco República (BROU) no mantendrá las cuentas de farmacias que venden marihuana; el problema, no previsto por el Ejecutivo, se evidenció luego de que el Bank of America, corresponsal del BROU para transferencias internacionales, emitiera una advertencia de que dejaría de venderle dólares al BROU si mantenía cuentas vinculadas con el comercio de marihuana.

La conferencia tuvo lugar en la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU). Los voceros fueron Fernando Gambera, de AEBU; Julia Galzerano, representante del Sindicato Médico del Uruguay, y Emilia Pérez, integrante de Proderechos y abogada. Los acompañaban, sentados a la mesa, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT; Miguel Taberne, de la Asociación de Farmacias del Interior; Julio Calzada y Milton Romani, ex secretarios de la Junta Nacional de Drogas, y el ex diputado Rafael Sanseviero, entre otros. Asistieron, también, los diputados de la Lista 609 Julio Battistoni, Alejandro Sánchez, Sebastián Sabini y Daniel Caggiani.

Razones para el optimismo

Galzerano comenzó leyendo la argumentación, que recuerda que en los 33 meses transcurridos desde la aprobación de la ley “ninguna de sus disposiciones se implementó sin tensiones, y queda todavía sin implementar todo lo referido al Cannabis Medicinal”. Mencionó el conflicto con el BROU, y Pérez remarcó que “se trata de un problema real, pero no insalvable”.

El texto que leyeron enumeró “seis razones para el optimismo”. Detallaron que la operativa –de empresas productoras, farmacias dispensadoras, clubes– “está regulada” y es analizada por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Aseguraron que “para el Estado uruguayo no existen dudas acerca de la legitimidad de los fondos que operan en esas cuentas” y que los organismos estadounidenses “deben respetar la legitimidad que garantiza el Estado uruguayo”.

La segunda razón es que en Estados Unidos la Justicia acepta operativa bancaria para empresas vinculadas al cannabis y que hay “soluciones legales referidas a empresas vinculadas al cannabis y sus derivados que operan en más de 29 estados de Estados Unidos”. El tercer dato refiere al grupo de trabajo creado por el fiscal general Jeff Sessions, que “está aconsejando no tocar las jurisdicciones estatales” y alienta a la operación de industrias del cannabis dentro del sistema bancario. En cuarto lugar, citaron información de la Financial Crimes Enforcment Network (FinCEN, “que busca salvaguardar el sistema financiero del uso ilícito y combatir el lavado de dinero”) que muestra que más de 250 bancos –pequeños y que operan a nivel nacional en Estados Unidos– trabajan con empresas del rubro del cannabis. La quinta razón está ligada a la cuarta, puesto que, según una guía de la FinCEN, las empresas uruguayas vinculadas al cannabis reúnen las condiciones para clasificarse como habilitadas para mantener una relación financiera. El último de los datos es que desde el 27 de abril el Congreso estadounidense discute un proyecto de ley “para crear protecciones para las instituciones depositarias que proporcionan servicios financieros a las empresas legítimas relacionadas con el cannabis y para otros fines”, aunque, de aprobarse, sólo tendría validez dentro del territorio estadounidense.

Por todo eso, Galzerano insistió en que “existen condiciones para una rápida superación del problema que afrontan las instituciones financieras con sede en Uruguay (incluido el BROU)”.

Soluciones

Como “alternativa posible” el grupo propone “analizar con corresponsales que trabajen en euros si el camino les resulta viable, asegurándose de que los corresponsales en dólares no encuentren obstáculos en aislar las transacciones que pasen por Europa”. La abogada reconoció desconocer si de esa forma se terminaría el problema, porque los corresponsales pueden considerar que se mantiene “si hay otras cuentas de esa misma empresa en el mismo banco”, pero alegó que en Uruguay “hay un registro tal que permite demostrar todo el origen del dinero”. Puntualizó que el sistema está diagramado de tal manera que “se puede aislar la actividad económica referida al cannabis, se puede registrar en forma separada y se puede demostrar toda la trazabilidad del sistema”, desde el origen del dinero, que “viene desde el propio Estado, hasta que se termina la cadena”. Pero además, recalcó que es una actividad legal en Uruguay y que el país ha ganado un prestigio internacional, tanto en asuntos vinculados al derecho humanitario como a la actividad financiera, porque ha superado observaciones internacionales que le permitieron, por ejemplo, salir del nivel de zona gris de paraíso fiscal. “Sería cuestión de un acuerdo entre estados”, comentó. Agregó que Uruguay “tiene un proceso de acumulación de nuevos controles en el sistema financiero”, que se ha defendido la inclusión financiera porque “es mejor que todo esté registrado”, y deslizó que no sería conveniente que esta actividad quedara “actuando en efectivo”.

La petición que anoche iba a ser entregada a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) solicita al organismo que intervenga y “emita una recomendación a las autoridades del Poder Ejecutivo, del Banco Central del Uruguay y del Banco República Oriental del Uruguay para que encuentren las medidas bancarias necesarias para que se pueda ejercer los derechos establecidos en la Ley 19.172, así como asegurar la inclusión financiera”. Le solicita, además, que se pronuncie sobre si la decisión de bancos de plaza y del Directorio del BROU de cerrar cuentas bancarias de empresas y clubes canábicos y de distribución “resulta ser una medida que atenta contra los derechos y libertades” consagrados en la Constitución de la República. La petición menciona, además, que se “viola la seguridad y los derechos de más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas que, acatando la ley, se han registrado” en el Instituto de Control y Regulación del Cannabis. La petición podrá firmarse escribiendo al correo electrónico 19172soberanaley@gmail.com.

Se mencionó la expresión “voluntad política” y asomaron las diferencias entre los bancos estatales, puesto que el BROU dijo que no había manera de solucionar el problema y el BCU dijo que había que buscar soluciones. Hoy se reunirán integrantes de la lista 609 para ver cómo seguir, informó Sabini a la diaria. Acotó que ven el tema con mucha preocupación, pero esperan “que se pueda encontrar una rápida solución”.

Es entendible | El presidente Tabaré Vázquez dijo ayer que comprende “perfectamente la posición y el sentimiento” del senador y ex presidente José Mujica con relación a la venta de marihuana en farmacias. A la salida de la planta de Nordex, Vázquez se refirió a la situación creada en torno a la negativa de los bancos de operar con las farmacias que venden marihuana, y dijo que cuando una ley se vota y está vigente, se tiene que aplicar y no archivar. En ese sentido, dijo que se seguirá dando “todos los pasos necesarios”, y agregó que en Estados Unidos se está estudiando una ley que permitiría a los comercios que venden cannabis tener cuentas en los bancos. Sobre la posibilidad de que los bancos no cierren las cuentas de las farmacias, dijo: “No es fácil. No podemos abrigar falsas expectativas, pero estamos y seguiremos trabajando muy fuerte para encontrar alguna solución”. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo a la salida del Consejo de Ministros que el gobierno “va a seguir buscando la defensa del equilibrio entre dos aspectos fundamentales en el tema de venta legal de cannabis [...]. Por un lado, está el derecho que tienen los uruguayos sobre consumo y circulación del producto y, por otro, normas bancarias internacionales que el país debe respetar”. “Ese respeto no puede conducir a la neutralización de ese derecho, que se ganó el pueblo con medidas que tomó el gobierno anterior [de José Mujica]. Por lo tanto, seguiremos trabajando para buscar equilibrarlos”, aseguró.