Los siete productores de La Armonía (Canelones) que se vieron afectados luego de que en el campo vecino se fumigara con una dosis de herbicida ocho veces superior a la permitida concurrieron ayer a la audiencia fijada en el Juzgado de Conciliación de 4º Turno. Fueron acompañados por su abogado, Juan Raúl Williman, mientras que otro abogado representaba a Esencia del Bosque SA, empresa argentina dedicada al agronegocio, propietaria de las hectáreas en las que se produjo el problema que terminó contaminando el agua de la cañada Valenzuela, con la que ellos regaban sus cultivos. A esa empresa le demandan una indemnización por el daño sufrido, que incluye la pérdida de tres cultivos consecutivos: los que estaban madurando en enero, los que hubieran podido plantar en febrero, y ahora, cuando la tierra sigue improductiva.

Por el intercambio mantenido entre los abogados antes de que los llamara el juez Raúl Márquez, los productores ya sabían que no podrían alcanzar una conciliación con el productor argentino que les permitiera recuperar rápidamente el capital perdido, que es mucho para estas familias de pequeños productores que viven de lo que plantan. La audiencia fue breve. El abogado del demandado “desconoció el reclamo”, declaró Williman a la diaria, y aclaró que lo hizo “en forma genérica”, lo que quiere decir que “desconoce la responsabilidad que se le puede atribuir, los montos y los rubros”.

Ahora, con el “acta de inútil tentativa de conciliación”, deberán iniciar el juicio, que, según el abogado, va a demorar al menos dos años en primera instancia, luego es probable que el demandado apele y se vaya al Tribunal de Apelaciones, y después es posible que se interponga un recurso de casación por el monto, con lo cual podría llevar cerca de cuatro años. Los siete productores y su abogado señalan que Esencia del Bosque es “civilmente responsable de los daños” y para eso se apoyan, además, en los informes elaborados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) –que resolvió aplicar una multa de 1.000 unidades reajustables a Esencia del Bosque y otra del mismo monto a la empresa aplicadora, cuya titular es Andrea Fernández Montes de Oca–, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y por la Intendencia de Canelones. “Los expedientes administrativos dejan claro quién es el responsable desde el punto de vista civil; es más, los expedientes deciden sancionar administrativamente a esta empresa por la aplicación que está mal hecha, tanto la dosis como las circunstancias agroclimáticas en las que se aplicó, y que queda claro el daño que les provocó a los productores, que está tasado y cuantificado por ingenieros que han hecho un trabajo serio en cuantificar esos daños”, explicó Williman. Agregó que hay, además, un informe de la Facultad de Química de la Universidad de la República que coincide con los informes mencionados, y que “siempre estamos hablando del mismo producto, de la misma empresa, del error en la dosis, lo que nos hace confirmar la legitimación pasiva”. La demanda civil será contra los dueños del campo, que son “los que en definitiva utilizaron el producto en su beneficio. El problema que haya entre la empresa aplicadora y quien solicitó el servicio es un problema de ellos; para nosotros son todos legitimados pasivamente a la hora del reclamo”, añadió el abogado.

Mientras tanto, los productores siguen viendo de dónde obtener recursos. Algunos no han podido cosechar los cultivos de invierno, y las importantes lluvias de estos días poco ayudan. “Seguimos en el mismo lugar que a mediados de enero, cuando surgió el problema, y estamos peor porque han pasado los meses y no se ha podido producir”, lamentó Rodolfo Rodríguez, uno de los siete productores perjudicados. Rodríguez le pidió al MGAP “que se ponga firme, que nos ayude, porque esto no es un cuento que estamos haciendo, es una realidad que estamos viviendo todos, una cruel realidad. Le pido que se ponga de nuestro lado y nos ayude a echar para adelante: ya que se ayuda tanto a las multinacionales, que se acuerde de nosotros, que somos siete pequeños productores de Uruguay”. Eduardo Casanova, otro de los productores, entiende que el MGAP debió haberlos declarado “en situación de catástrofe”, aunque comenta que está a tiempo todavía de hacerlo. Necesitan un ingreso económico para producir. El caso seguirá dando que hablar. En breve, recibirán los resultados de una segunda tanda de análisis de calidad del agua hechos por la Facultad de Química a pedido de la Intendencia de Canelones. Según supieron, los pozos siguen teniendo residuos altos de picloram, aunque el MGAP lo haya negado desde un primer momento. “¿Qué más esperan? ¿Qué hay que hacer?”, preguntaron los productores.