El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) decidió ayer, tras una larga sesión, convocar a una Convención Nacional para el 12 de agosto, para definir si esta colectividad política se adherirá o no a dos campañas de recolección de firmas que están llevándose adelante en los últimos días. Una es la que impulsa la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este para dejar sin efecto lo que consideran la “obligatoriedad” de la inclusión financiera. La otra campaña nació de la alianza entre la Unión de Jubilados y Pensionistas y la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (coalición que se presentó a las elecciones del Banco de Previsión Social el año pasado) y busca modificar la Constitución para exonerar expresamente de cualquier gravamen a las jubilaciones y pensiones. La primera de las campañas cuenta con el apoyo del ex presidenciable nacionalista Luis Lacalle Pou, y la segunda con el de su antiguo compañero de fórmula, el senador Jorge Larrañaga, y el de la senadora Verónica Alonso.
En la sesión del CEN, sin embargo, hubo posturas encontradas entre los propios integrantes del Ejecutivo respecto de las modificaciones constitucionales a la Ley de Inclusión Financiera; muchos dirigentes discrepan con que el mejor mecanismo para solucionar los problemas de esta norma sea una reforma constitucional.
Ayer, el coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, volvió a destacar la importancia de esta ley y recordó, en declaraciones a la radio El Espectador, que antes de la norma los trabajadores no tenían la opción de elegir dónde cobraban, sino que eran los empleadores los que tomaban la decisión. “Uno podía no estar satisfecho con los servicios que le brindaban, tener problemas porque le quedaba lejos e incómodo o porque había otras opciones que le resultaban más interesantes, pero no tenía la posibilidad de cambiarse”, recordó.