El Parlamento uruguayo está abordando en sus comisiones los casos de personas desaparecidas en Uruguay, en ocasiones vinculados a delitos de trata de personas. Además del trabajo de la comisión especial sobre trata y explotación de personas de la Cámara de Senadores, que estudia una nueva normativa en la materia, el martes las autoridades del Ministerio del Interior aportaron datos a la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado, y la semana pasada, el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal Luis Charles también abordó el asunto en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.

El jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, informó el martes en la Comisión de Hacienda del Senado que la Justicia del Crimen Organizado tiene tres investigaciones en curso sobre trata de personas en Uruguay. Desde 2010 hasta la fecha hubo cinco operaciones policiales destinadas a desbaratar redes de trata de personas, por las que resultaron procesadas ocho personas. Layera consideró que no existen obstáculos para investigar estos delitos, aunque acotó que habría que preguntarles a los jueces si tienen dificultades para procesar.

Si bien en 2016 no hubo procesados por trata de personas, se procesó a 98 individuos por delitos vinculados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. “Este es un tema que preocupa al Ministerio del Interior, y en ese sentido estamos trabajando en la profesionalización de la Policía por medio de cursos sobre trata y tráfico de personas y sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”, aseguró Layera, según consta en la versión taquigráfica. Agregó que se están creando brigadas de policía especializada en trata, tráfico y explotación de personas en cada una de las jefaturas.

Consultado por los legisladores sobre la cantidad de personas desaparecidas en Uruguay, el jefe de Policía informó que en lo que va del año se realizaron 1.439 denuncias por desaparición, de las cuales 1.154 se resolvieron exitosamente. En cambio, hay 285 personas desaparecidas que aún no fueron halladas.

El 17 de agosto, en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de Diputados, Charles informó sobre las desapariciones a pedido del diputado nacionalista Jaime Trobo. Según consta en la versión taquigráfica, dijo que estas pueden clasificarse en tres grandes grupos: las personas que deciden irse voluntariamente; las personas que tienen algún problema de salud, en especial mental; y las personas que “deciden irse por factores externos, no teniendo nada que ver la voluntad”. “A veces media el engaño, a veces la violencia, y a veces el engaño y la violencia combinadas: el engaño en la base y la violencia después. Se trata de personas a las que se les presenta un ideal de vida maravilloso, que harán un potosí de dinero, y les ofrecen todo. Luego esto no es real, no guarda ninguna relación ni tiene punto de contacto con la realidad, y aparece el segundo aspecto para retenerlos: la fuerza, la coacción”, explicó Charles.

Acotó que existe un cuarto grupo, “en especial en los últimos tiempos”, que incluye a personas, generalmente extranjeras –asiáticos y africanos, mayormente– que “llegan al país, tienen su registro aquí y desaparecen”. “No se los puede volver a ubicar. Lo vi concretamente en un expediente; de 40 u 80 ciudadanos –no recuerdo bien– de nacionalidad china sólo se encontró a tres; de los demás no se supo qué fue de sus vidas. Ingresaron al país legalmente pero desaparecieron”, contó.

El ministro apuntó que podría especularse con que estas personas estaban en tránsito en el país, pero como nadie hace la denuncia, nadie las busca. Además, el Poder Judicial no tiene un registro de cuántas son ni de cuáles son sus características sociodemográficas ni su nacionalidad.