Hay bebés en hogares del INAU a los que “nadie puede atender” porque los funcionarios “no dan abasto”, según la INDDHH

“Con respecto al adulto que comete delitos, estamos actualmente en pleno auge de las políticas de mano dura y con un énfasis en la alarma pública. Pero hay que pensar que el Estado no ha tenido como política invertir en medidas que sean sustitutivas de eso. Tal vez lo que se gasta en tener 11.000 personas presas se podría gastar en un sistema de justicia restaurativa. ¿Cómo insertamos a una persona en la sociedad si lo que hacemos es encerrarla en un lugar y tenerla en condiciones infames?”, señaló ayer Mirtha Guianze, una de las directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), al cierre de la presentación del Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en Uruguay.

El artículo 83 de la ley de creación del INDDHH (18.446), de 2008, le asigna las funciones del MNP, que habilitan a realizar visitas no anunciadas de monitoreo en lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, con el fin de hacer entrevistas y tener acceso a toda la información relacionada, para luego publicar informes y hacer propuestas relativas a la legislación competente. Guianze señaló que empezaron con el MNP en noviembre de 2013, ya que en ese momento era “urgente”, porque “había graves violaciones a los derechos humanos en los establecimientos de adolescentes”, observadas tanto por organizaciones civiles como por organismos internacionales. La jerarca del INDDHH subrayó que pudieron empezar gracias a un convenio con UNICEF, que les proporcionó profesionales y técnicos que los acompañaron en las visitas; si no, “hubiera sido difícil” con los “escasos recursos” que tenían al principio.

Guianze dijo que en el sistema de responsabilidad penal juvenil fue donde constataron avances en relación a lo que encontraron en 2013 y 2014. No obstante, subrayó que la situación aún no es aceptable. En aquel momento fijaron como prioridad al centro Desafío (donde hay adolescentes de 13 a 15 años), el Centro de Internación de Adolescentes Femenino y el Hogar Ser de la Colonia Berro, donde había “situaciones más graves”. “Logramos revertir por lo menos la impunidad del castigo. No sabemos hasta qué punto sigue habiendo castigos, pero antes, de parte de las autoridades, estaba casi naturalizado que la cero fuga se basaba en las palizas y en determinadas situaciones que eran verdaderas torturas”, aseguró Guianze.

Entre los “nudos críticos” del sistema penal juvenil más destacados que se revelaron luego del monitoreo, está la falta de un centro especializado para alojar a las adolescentes de forma transitoria antes de su traslado ante el juez. Guianze señaló que, de acuerdo a la ley, los niños y adolescentes no pueden quedar en comisarías antes de su instancia con el juez, pero para los varones sí existe un centro de ingreso para ese fin. Además, el informe señala que “tampoco se advierte una priorización de medidas no privativas de libertad para las adolescentes embarazadas o que tienen niños pequeños a su cuidado”. La jerarca indicó que eso se debe en parte al sistema judicial, ya que a veces los jueces “no sienten que se les brinden garantías para dejar a una persona en reclusión domiciliaria”. No obstante, Guianze señaló que por lo menos en la actualidad se diferencian los lugares donde están las jóvenes embarazadas o con niños, ya que antes estaban todas juntas.

También comprobaron que muchos jóvenes de 18 años o más permanecen en centros para menores de 18 años, con la justificación de que ya habían ingresado al centro y habían tenido un “proceso positivo”. “También se justifica [por parte de las autoridades y equipos técnicos] la preferencia por la permanencia de estos jóvenes en esos centros, en aras de evitar una mayor vulneración de derechos, que sufrirían si fueran trasladados”. Los equipos de monitoreo han podido constatar que “los centros especialmente diseñados para jóvenes mayores de 18 años presentan mayores niveles de encierro y condiciones generales de cumplimiento de la medida más desfavorables”, indica el informe. Para Guianze, esto produce una “distorsión en el sistema”, ya que cuando un joven es detenido, primero lo mandan a cumplir la causa pendiente de mayores y después vuelve a la de menores.

Se precisan niños para amanecer

Un cuarto grande, con una ventana y diez camas rosadas. Es lo que muestra la foto del dormitorio de niñas de un hogar en convenio con el INAU, a la que Guianze se refirió para hablar del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. “A pesar de que está ordenadito, limpio y con las camas pintadas, tiene una estructura asilar. Esto no es lo que debería tener un niño”, subrayó la jerarca. De todos modos, reconoció que el INAU “está haciendo grandes esfuerzos para cambiar” esa situación y para que el sistema de Acogimiento Familiar “avance”. No obstante, señaló que la situación es difícil, y agregó: “Cualquier psiquiatra infantil puede explicar la necesidad de un niño de tener a alguien que le sostenga la mirada y que sea un referente. Hemos encontrado hogares donde hay bebés en cunas a los que nadie puede atender porque los funcionarios no dan abasto”, aseguró.

Además, Guianze dijo que a veces los niños que viven en hogares están “absolutamente aislados” y, además, son estigmatizados como “niños del INAU”, incluso en la atención médica y en la enseñanza. A su juicio, eso se debe a un prejuicio de la comunidad, que debería aceptar a los niños “diferentes, que no tienen un padre y una madre”.

“Con respecto a los niños, hay una idea de protegerlos metiéndolos en el Consejo de Niño, el INAU o lo que fuera, y tal vez no hay una valorización de la familia o no se buscan alternativas. A veces hay un prejuicio porque la madre consume sustancias, tiene VIH positivo o problemas psiquiátricos, pero apoyando a esas familias se podrían conseguir mejores condiciones que poniendo al niño en un asilo”, concluyó Guianze.